La Comunidad ser¨¢ acusaci¨®n particular en el ¡®caso Lezo¡¯
El juez acepta que el Gobierno y el Canal se personen en tres de las piezas abiertas
La Audiencia Nacional ha aceptado que la Comunidad de Madrid y la empresa p¨²blica Canal de Isabel II se personen como acusaci¨®n particular en el caso Lezo, que investiga una presunta trama corrupta encabezada por el expresidente regional Ignacio Gonz¨¢lez. El auto, firmado el pasado 18 de agosto por el juez Fernando Andreu (de guardia en el Juzgado Central de Instrucci¨®n n¨²mero 6), acepta que el Gobierno aut¨®nomo y el ente regional est¨¦n presentes como acusaci¨®n en tres de las seis piezas separadas en las que se ha dividido la investigaci¨®n, la 1, la 2 y la 5, es decir, las que les afectan directamente.
En la primera, se trata de aclarar si durante el proceso de expansi¨®n del Canal en Latinoam¨¦rica se produjo desv¨ªo de dinero p¨²blico al comprar empresas por precios que estaban muy por encima de su valor real. La segunda pieza investiga la adjudicaci¨®n en 2006 de la gesti¨®n del campo de golf del Canal en el barrio madrile?o de Chamber¨ª. Esta se entreg¨® a un consorcio en el que participaban indirectamente familiares de Gonz¨¢lez ¡ªsu hermano y su cu?ado¡ª y los investigadores sospechan que el expresidente madrile?o pudo llevarse comisiones.
Lavado de capitales
La ¨²ltima de las piezas en la que el Canal ser¨¢ acusaci¨®n particular es la que se refiere a un presunto blanqueo de capitales e implica a numerosos miembros de la familia Gonz¨¢lez. Este habr¨ªa consistido en aflorar dinero de procedencia il¨ªcita (las supuestas comisiones por comprar desde el Canal empresas a un precio muy superior al del mercado) y repatriarlo luego a trav¨¦s de trabajos ficticios de las sociedades que regenta el hermano de Ignacio Gonz¨¢lez.
El caso Lezo salt¨® a la luz p¨²blica el pasado 20 de abril con la detenci¨®n del expresidente Ignacio Gonz¨¢lez (que hoy sigue preso en la prisi¨®n de Soto del Real) y otras 11 personas. Desde entonces, se han ido conociendo numerosos documentos y grabaciones (varios acusados tuvieron intervenidos los tel¨¦fonos) que apuntan a una gran trama de corrupci¨®n que salpica a m¨¢s de medio centenar de personas, entre pol¨ªticos, empresarios y trabajadores p¨²blicos. Las piezas de la causa que no afectan al Canal investigan presuntas irregularidades en la adjudicaci¨®n a OHL del tren de Cercan¨ªas a Navalcarnero y en la gesti¨®n de la empresa p¨²blica Mercasa, as¨ª como una posible financiaci¨®n ilegal del Partido Popular.
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