La justicia investigar¨¢ a Puigdemont y Forcadell por delitos que acarrean c¨¢rcel
El Tribunal Superior catal¨¢n admite la querella de la fiscal¨ªa por desobediencia, prevaricaci¨®n y malversaci¨®n
El Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a ha admitido a tr¨¢mite este viernes las dos querellas presentadas por la Fiscal¨ªa Superior de Catalu?a a prop¨®sito del refer¨¦ndum de independencia previsto para el pr¨®ximo 1 de octubre: una, contra los miembros de la Mesa del Parlament; la otra, contra el presidente Carles Puigdemont, el vicepresidente Oriol Junqueras y los 12 consejeros de su Gobierno por aprobar el decreto de convocatoria del 1 de octubre. Las querellas les se?alan por un delito continuado de desobediencia, prevaricaci¨®n y malversaci¨®n de caudales p¨²blicos.
El fiscal general del Estado, Jos¨¦ Manuel Maza, anunci¨® el jueves la interposici¨®n de las dos querellas. Este viernes, la Fiscal¨ªa Superior de Catalu?a las ha presentado ya ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC), que les ha dado curso. En la querella contra Puigdemont y el Govern, la fiscal¨ªa solicita a los magistrados, adem¨¢s, que adopten una serie de medidas cautelares: que cese la actividad de las p¨¢ginas web vinculadas al refer¨¦ndum y que se env¨ªe un oficio a todos los medios de comunicaci¨®n, p¨²blicos o privados, con sede en Catalu?a, y se les aperciba de que no deben "insertar publicidad institucional o propaganda sobre el refer¨¦ndum".
La fiscal¨ªa va m¨¢s all¨¢ y solicita tambi¨¦n que se mande un apercibimiento a todos los alcaldes de Catalu?a, que han recibido una carta de Puigdemont y del vicepresidente Oriol Junqueras en la que les piden su apoyo para organizar el refer¨¦ndum. El ministerio p¨²blico, en cambio, pide a los jueces que les den instrucciones para "impedir cualquier recurso personal o material, incluyendo locales", que ayude a sacar adelante la votaci¨®n. Tambi¨¦n solicita que se exija el pago de una fianza (e incluso el embargo) de bienes de los consejeros para "asegurar sus responsabilidades pecuniarias" por la organizaci¨®n del refer¨¦ndum.
La primera de las querellas, por el decreto de convocatoria, se dirige contra Puigdemont, contra el vicepresidente Oriol Junqueras y contra los 12 consejeros del Gobierno. El texto, de 45 p¨¢ginas, se remonta a noviembre de 2015, cuando tras las elecciones, el Parlamento catal¨¢n (con los votos favorables de Junts pel S¨ª y la CUP, que forman la mayor¨ªa independentista de la c¨¢mara) vot¨® una resoluci¨®n sobre el inicio del proceso pol¨ªtico hacia la creaci¨®n de un Estado propio en Catalu?a. Pocos d¨ªas despu¨¦s, el Tribunal Constitucional declar¨® nula esa resoluci¨®n.
La fiscal¨ªa incide en la aprobaci¨®n de la ley del refer¨¦ndum y el posterior decreto de convocatoria, firmado de forma solidaria por todos los miembros del Gobierno. Los miembros del Ejecutivo catal¨¢n actuaron "con absoluto desprecio de las reiteradas decisiones" del Constitucional y "reunidos a ¨²ltima hora de la noche del 6 de septiembre" y aprobaron "de com¨²n acuerdo" el llamado decreto de convocatoria. La "manifiesta inconstitucionalidad" de ese decreto "no pod¨ªa ser en absoluto desconocida por todos y cada uno de los miembros del Govern".
Tambi¨¦n cita el segundo decreto -firmado ¨²nicamente por Puigdemont y Junqueras- sobre las "normas complementarias para la realizaci¨®n del refer¨¦ndum". Ese segundo decreto, que detalla el funcionamiento del proceso, supone la puesta en marcha de la "dotaci¨®n de numerosos recursos p¨²blicos" e implica a "una pluralidad indeterminada de personas en la organizaci¨®n del refer¨¦ndum". Es la base, adem¨¢s, del delito de malversaci¨®n de fondos p¨²blicos que tambi¨¦n les atribuye la fiscal¨ªa.
Puigdemont, Junqueras y los 12 consejeros "violaron frontalmente los pronunciamientos del Constitucional" sobre la inconstitucionalidad del refer¨¦ndum. Todos ellos pretenden "la abierta y deliberada derogaci¨®n del orden constitucional", seg¨²n la fiscal¨ªa, que les acusa de la "intr¨ªnseca arbitrariedad" de su conducta. Los responsables pol¨ªticos del Govern han otorgado "al pueblo de Catalu?a una supuesta cualidad de objeto pol¨ªtico soberano" de la que, recuerdan, carece seg¨²n la ley vigente. Para aprobar los decretos, se apoyaron en la Ley del Refer¨¦ndum, una "mera argucia" para dar "una tosca apariencia de legalidad" a una "flagrante violaci¨®n de la Constituci¨®n y del Estatuto de Autonom¨ªa". ¡°La convocatoria del refer¨¦ndum", concluye, "no solamente es ilegal sino delictiva¡±.
La querella hace un recorrido extenso y detallado sobre las diferentes resoluciones aprobadas por la c¨¢mara aut¨®noma y las sucesivas y reiteradas advertencias realizadas por el Tribunal Constitucional sobre la necesidad de paralizar cualquier iniciativa que ahondase en el llamado "proceso de desconexi¨®n" de Catalu?a con el resto de Espa?a. Los pronunciamientos del Constitucional, recoge la querella, son "abundantes" y se han "reiterado de forma clara y sin fisuras". A pesar de ello, ninguno de esos mandatos "ha impedido que desde el Gobierno y los grupos parlamentarios independentistas se siga insistiendo p¨²blicamente en mantener esta convocatoria del refer¨¦ndum como primer paso del proceso de desconexi¨®n".
Contra Forcadell y la Mesa
La fiscal¨ªa catalana se ha querellado tambi¨¦n contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los miembros de la Mesa de la C¨¢mara Llu¨ªs Guin¨®, Anna Sim¨® y Ramona Barrufet, de Junts pel S¨ª, y Joan Josep Nuet, de Catalunya S¨ª que es Pot, por admitir a tr¨¢mite con sus votos el debate expr¨¦s y la votaci¨®n de la Ley del Refer¨¦ndum el pasado mi¨¦rcoles pese a la prohibici¨®n del Constitucional. El ministerio p¨²blico solicita al Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a que los cinco declaren como investigados ¨Cimputados- y que tambi¨¦n sean citados como testigos el secretario general del Parlament, Xavier Muro, y el letrado mayor, Antoni Bayona, que advirtieron a Forcadell y a la Mesa de que la admisi¨®n de la Ley del Refer¨¦ndum contraven¨ªa las resoluciones del alto tribunal. Tambi¨¦n solicita que testifiquen los dos miembros de la Mesa que votaron en contra, Jos¨¦ Mar¨ªa Espejo-Saavedra, de Ciudadanos y David P¨¦rez, del PSC.
La fiscal¨ªa recuerda que ¡°en ning¨²n caso¡± los diputados querellados pueden escudarse en el privilegio de la inviolabilidad parlamentaria. Esta figura, se?ala, ¡°no alcanza a cualquier actividad delictiva que cometan (¡) sino solo a aquellos delitos cuya estructura t¨ªpica descanse exclusivamente en la exteriorizaci¨®n de una opini¨®n¡±, es decir en la libertad de expresi¨®n.
Con su actuaci¨®n, los querellados, con Forcadell al frente, ¡°colaboraron con actos necesarios e imprescindibles para que el Govern (¡) disponga il¨ªcitamente de fondos para llevar a cabo su plan secesionista¡±.
Sobre el delito de malversaci¨®n, castigado con penas de prisi¨®n, el fiscal lo considera evidente: ¡°la convocatoria y celebraci¨®n de un refer¨¦ndum implica un gasto de dinero p¨²blico¡±, y como la consulta va contra la Carta Magna, ¡°cualquier partida presupuestaria que se destine a su financiaci¨®n es por consiguiente ilegal¡±. Por tanto, ¡°impulsar la aprobaci¨®n¡± de la proposici¨®n de Ley del Refer¨¦ndum ¡°es permitir que pueda consumarse el despojo de fondos p¨²blicos¡±.
Respecto al delito de prevaricaci¨®n ¨Cadopci¨®n de resoluciones injustas a sabiendas- el fiscal asegura que no pueden estar amparados como actos pol¨ªticos, sino como resoluciones administrativas. ¡°Se trata de decisiones que afectan al funcionamiento del Parlament y que potencialmente pueden generar una grave quiebra del ordenamiento constitucional¡±.
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