Objetivo: que el 1-O sea solo una sombra del 9-N
Gobierno y fiscal¨ªa se conjuran para impedir que la Generalitat cuente con medios suficientes para la votaci¨®n
La convocatoria oficial del refer¨¦ndum del 1 de octubre ha acelerado la respuesta del Gobierno y de las instituciones del Estado ¡ªespecialmente, de la fiscal¨ªa¡ª para impedir que se haga realidad. El Gobierno quiere evitar a toda costa el escenario vivido en Catalu?a el 9 de noviembre de 2014, cuando 2,3 millones de ciudadanos votaron en una ¡°jornada de participaci¨®n¡± que fue tolerada y que permiti¨® al expresidente de la Generalitat Artur Mas publicitar ante el mundo los resultados de la consulta, pese a que no ten¨ªa car¨¢cter vinculante.
La estrategia pasa, esta vez, por dificultar la ejecuci¨®n material del refer¨¦ndum antes de que se produzca. Y por hacerlo hasta el punto de que el Gobierno catal¨¢n no pueda exhibir, al final de la jornada, resultados m¨ªnimamente v¨¢lidos y aceptables. Sin esas garant¨ªas, explican fuentes judiciales, la Generalitat no podr¨¢ dar un paso adelante para proclamar la independencia o reclamarla ante la comunidad internacional.
El Estado asume que habr¨¢ movilizaci¨®n, pero quiere evitar actuar en caliente
Que habr¨¢ movilizaci¨®n ciudadana el 1 de octubre est¨¢ asumido. Cientos de miles saldr¨¢n a la calle para depositar su voto en las urnas que ¡ªse supone¡ª la Generalitat guarda con celo y que, por ahora, no han podido ser localizadas. El Gobierno pretende ¡°minimizar las actuaciones en caliente, que son m¨¢s delicadas e implican riesgos de orden p¨²blico¡±. Las fuentes consultadas ponen como ejemplo lo ocurrido el pasado jueves, cuando el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, particip¨® en un acto en el Tarraco Arena ¡ªla antigua plaza de toros de Tarragona¡ª para dar comienzo a la ¡°campa?a electoral¡±. Pese a las instrucciones de la fiscal¨ªa, la polic¨ªa no impidi¨® el acto. Se actu¨® en fr¨ªo, con una investigaci¨®n posterior de la Fiscal¨ªa de Tarragona.
El escenario ideal para el Gobierno es que se aborte el refer¨¦ndum antes del d¨ªa de autos. Cuando llegue esa jornada, el trabajo policial y judicial ha de estar hecho. La Generalitat no debe disponer entonces de medios suficientes para organizar una consulta ¡°con cara y ojos¡±, sintetiza un fiscal. El 1-O no ser¨¢, seg¨²n ese objetivo, m¨¢s que una sombra de lo que supuso el 9-N. ¡°Si resulta un desastre desde el punto de vista organizativo y log¨ªstico, el refer¨¦ndum, por mucho que pongan urnas en la calle, queda desacreditado ante la opini¨®n p¨²blica¡±.
El 9 de noviembre de 2014 el Gobierno de Mas dispuso de amplios medios para organizar una ¡°jornada de participaci¨®n¡± que nadie impidi¨®. Cost¨®, seg¨²n estima el Tribunal de Cuentas, m¨¢s de cinco millones. Hubo urnas, colegios electorales e incluso ordenadores con programas espec¨ªficos para el tratamiento de datos. Con esos mimbres, la vicepresidenta Joana Ortega pudo anunciar p¨²blicamente, por la noche, los datos: 2.305.290 catalanes fueron a votar; m¨¢s del 80% lo hicieron a favor del s¨ª a la independencia.
La estrategia es que no se puedan ofrecer resultados al final de la jornada
El escenario es muy distinto porque, esta vez, el Gobierno catal¨¢n pretende que los resultados tengan consecuencias jur¨ªdicas (y no solo pol¨ªticas). De ah¨ª los esfuerzos del Gobierno y de la fiscal¨ªa por frenarlo. El fiscal general del Estado, Jos¨¦ Manuel Maza, ha ordenado querellas contra Puigdemont y sus consejeros e investigaciones a los alcaldes que apoyan la consulta. Adem¨¢s, orden¨® a todas las polic¨ªas ¡ªGuardia Civil, Polic¨ªa Nacional, Mossos d¡¯Esquadra y, m¨¢s tarde, polic¨ªas locales¡ª que actuaran para impedir la votaci¨®n. La instrucci¨®n subraya que los agentes deben requisar ¡°urnas, sobres electorales, manuales de instrucciones para los miembros de las mesas electorales, impresos, propaganda o elementos inform¨¢ticos¡±.
Hasta ahora, la Guardia Civil es la que ha actuado con mayor ¨¦xito en ese terreno. Se ha incautado de 1,5 millones de carteles, folletos y tr¨ªpticos de propaganda electoral para fomentar la participaci¨®n y el voto afirmativo. Tambi¨¦n la Guardia Urbana de Barcelona ha requisado material y ha identificado a ciudadanos que repart¨ªan propaganda en la calle.
A las actuaciones de la fiscal¨ªa se suma la investigaci¨®n abierta, hace meses, por un juez de Barcelona que el 13 de septiembre orden¨® el cierre de la web oficial del refer¨¦ndum. La causa est¨¢ bajo secreto. Aunque hay aspectos por resolver, el Gobierno cree que la consulta camina hacia el fracaso. ¡°La gente no sabe d¨®nde tendr¨¢ que ir a votar. Y si se publicara una lista, la polic¨ªa podr¨ªa acordonar el lugar¡±. Las urnas son un elemento clave, tambi¨¦n, por su simbolismo. En una entrevista concedida a finales de agosto al Financial Times, Puigdemont afirm¨® que el Govern dispon¨ªa ya de ¡°m¨¢s de 6.000 urnas¡±. En el marco del despliegue especial de efectivos en Catalu?a, la polic¨ªa ha enviado a 140 agentes a buscarlas.
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