La revoluci¨®n de apariencias
El Gobierno no puede ignorar ni reprimir la voluntad de decenas de miles de ciudadanos. Los aparatos del Estado est¨¢n para hacer cumplir la legalidad. La pol¨ªtica para cambiarla
Al principio era la revoluci¨®n de las sonrisas. Con el debate parlamentario de la ley de Refer¨¦ndum y de Transitoriedad, la sonrisa se troc¨® en mueca. Siempre ha sido una revoluci¨®n de apariencias, aunque los mordiscos represivos de realidad le den tintes dram¨¢ticos. Ah¨ª est¨¢n las diversas polic¨ªas persiguiendo p¨¢ginas web, papeletas, carteles o tr¨ªpticos. Los jueces est¨¢n prohibiendo actos en favor del ¡°derecho a decidir¡±, o la fiscal¨ªa promoviendo la desmesurada imputaci¨®n de m¨¢s de 700 alcaldes por apoyar expl¨ªcitamente la consulta del 1-O. Por cierto, que no se entiende que el ministerio p¨²blico les cite a declarar como investigados y acompa?ados de letrados, existiendo ya causas judiciales abiertas. El Gobierno central, y es opini¨®n de Jueces por la Democracia, abusa de las instituciones y de la v¨ªa jurisdiccional para solucionar un problema pol¨ªtico.
Y a estas alturas del proc¨¦s todo el mundo sabe que el 1 de octubre no va a haber refer¨¦ndum. Pero este es otro pelda?o de la revoluci¨®n de las apariencias. Se producir¨¢ un simulacro, una gran movilizaci¨®n con presencia irregular de urnas, pero sin garant¨ªas democr¨¢ticas ni resultados homologables. Por ello, los propagadores del proc¨¦s se acogen a la fe de los votantes del s¨ª mientras blanden la imagen de la represi¨®n que patrocina el Gobierno de Mariano Rajoy para proponer que se entierre la Espa?a de la Transici¨®n y se inicie el camino hacia un universo de justicia social y de libertades. Hay dudas razonables de que todo ello vaya a ser as¨ª. Por un lado, la ley de Transitoriedad que aprob¨® la mayor¨ªa independentista en el Parlament no es precisamente tranquilizadora: adolece de lo mismo que el secesionismo critica cuando habla de Espa?a. Consolida una confusa separaci¨®n de poderes, pues al presidente del Tribunal Supremo de la futura Rep¨²blica catalana lo nombra el de la Generalitat, y la selecci¨®n de jueces depende de una comisi¨®n mixta en la que Ejecutivo catal¨¢n tendr¨ªa mayor¨ªa absoluta. Nada recuerda m¨¢s la m¨¢xima de Alfonso Guerra ¡°Montesquieu ha muerto¡± que esta singular y, al parecer, tan extendida concepci¨®n de la separaci¨®n de poderes. No desentonar¨ªa en ese decorado el casticismo del fiscal general del Estado, Jos¨¦ Manuel Maza, que fue objeto de reprobaci¨®n en mayo por entender una mayor¨ªa de diputados que algunas de sus iniciativas estaban encaminadas a proteger pol¨ªticos ¡ªdel PP¡ª implicados en actos de corrupci¨®n. Pero sigue en el cargo. Una reprobaci¨®n es como una consulta no vinculante. Otra muestra de calidad democr¨¢tica.
A ese nuevo estilo que se quiere imprimir a la justicia de la Catalunya independiente, hay que sumar la creencia de que se cuenta con una polic¨ªa que solo debe cumplir las leyes que emanan del Parlament. El sector mayoritario del independentismo sostiene que puede disponer de unos Mossos d¡¯Esquadra que, a su vez, como polic¨ªa judicial ha recibido ¨®rdenes de ir a buscar las urnas que coloquen sus jefes pol¨ªticos. Simplemente cumplen con la legalidad (espa?ola) en la que se fundamenta su existencia y, en este sentido, ha impartido instrucciones el otrora emblem¨¢tico mayor Josep Llu¨ªsTrapero. La Polic¨ªa catalana junto a los denostados jueces son los defensores y garantes por antonomasia del status quo y de la consiguiente legalidad a la que est¨¢n sujetos. Si Jueces por la Democracia es criticada por ponerse al lado de la legalidad, deber¨ªa hacerse otro tanto con los Mossos. Pero, no es as¨ª. Hay presunci¨®n de inocencia para unos y de culpabilidad para otros.
Una de las ¨²ltimas sumarse a esta revoluci¨®n de las apariencias es Ada Colau, quien hace unos d¨ªas asegur¨® que apoya la movilizaci¨®n (ella reh¨²ye llamarle refer¨¦ndum) pero sin poner en peligro a los funcionarios. El presidente Puigdemont ha agradecido el detalle de la alcaldesa de Barcelona. Una aparenta apoyar y el otro simula que est¨¢ de su lado. Pero sin duda el elemento m¨¢s sintom¨¢tico de esta revoluci¨®n de las apariencias lo ha aportado la alcaldesa de Sant Cugat y presidenta de la Diputaci¨®n de Barcelona, Merc¨¨ Conesa, simulando desobediencia con un decreto que en realidad no es tal y, por tanto, no desobedece.
En fin, que esta revoluci¨®n de las apariencias tiene tambi¨¦n alg¨²n momento c¨®mico. Pero las cosas no est¨¢n para re¨ªrse. El Gobierno central no puede seguir ni ignorando ni reprimiendo la voluntad de las decenas de miles de ciudadanos que un a?o tras otro se manifiestan por las calles de Barcelona en favor de la independencia. Los aparatos del Estado est¨¢n para hacer cumplir la legalidad. La pol¨ªtica para cambiarla.
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