Girona asume de forma cautelar la gesti¨®n directa del servicio de aguas
El Consistorio administrar¨¢ la concesi¨®n a propuesta de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n
![Agentes de la Guardia Civil, en la empresa municipal de aguas de Girona.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/5ZC5KWVNKJUT2HG3Q5NTNW4ZJE.jpg?auth=851224719ff3e783d8de301f4d243daa4269a1b562125d3f876ae8e32791b006&width=414)
Los Ayuntamientos de Girona, Salt y Sarri¨¤ de Ter asumir¨¢n de forma cautelar la gesti¨®n directa del servicio municipal de aguas, actualmente en manos de una empresa mixta en la que el socio privado (Girona SA) tiene el 80% del capital, seg¨²n ha podido saber EL PA?S. La medida ha sido adoptada esta ma?ana por el Juzgado de Instrucci¨®n 2 de Girona a propuesta de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n tras una vista con todas las partes implicadas.
La decisi¨®n llega tras la operaci¨®n llevada a cabo la semana pasada por la Guardia Civil, que hizo una quincena de registros en las sedes de las empresas implicadas y sus directivos. Anticorrupci¨®n considera que Girona SA y sus administradores se han apropiado en los ¨²ltimos a?os de 15 millones de euros de la empresa mixta mediante el cobro de servicios inexistentes, facturas hinchadas y dividendos indebidos, entre otras irregularidades, lo que ha repercutido en un aumento de la factura pagada por los ciudadanos.
Girona SA ha declinado hoy ofrecer su versi¨®n sobre la decisi¨®n adoptada por el juez y se ha remitido al comunicado hecho p¨²blico la semana pasada por varios administradores, directivos y excargos de la empresa, en el que negaban cualquier irregularidad y reiteraban su inocencia.
La propuesta de Anticorrupci¨®n supone suspender los derechos de Girona SA, lo que hace necesaria la designaci¨®n de un administrador judicial. Ser¨¢n los ayuntamientos los que asumir¨ªan ahora esta funci¨®n. "En lugar de nombrar a una tercera persona, y teniendo en cuenta que los ayuntamientos cuentan con los medios necesarios, lo m¨¢s pr¨¢ctico y deseable es que sean ellos los que asuman la gesti¨®n directa del servicio", explican fuentes del caso.
La gesti¨®n municipal del servicio estar¨¢ en vigor de forma cautelar mientras dure la instrucci¨®n penal del caso contra los administradores de Girona SA.? Fuentes del Ayuntamiento de Girona ¡ªque tiene el 14% del capital de Agissa; Salt tiene el 4% y Sarri¨¤ de Ter el 2%¡ª han confirmado esta ma?ana que apoyan la medida.?
Los principales acusados del caso son Narc¨ªs Piferrer, consejero delegado de Agissa hasta junio de 2016; Xavier Ballell, sucesor en el cargo de Piferrer y director t¨¦cnico de la empresa mixta cuando sucedieron los hechos; y Joan de Llobet, consejero de Agissa y unos de los cerebros de la trama. Anticorrupci¨®n les acusa de administraci¨®n desleal, malversaci¨®n y falsedad. Los otros investigados son el empresario ?ngel Dutr¨¤s, los ex concejales en el Ayuntamiento de Girona y ex consejeros de Girona SA Manel Serra y Tom¨¤s Sobrequ¨¦s (ambos por el PSC), y el abogado Lluis Sibils.
El juez y la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n han puesto el foco en la gesti¨®n de Agissa entre 2008 y 2015. Aunque las irregularidades investigadas arrancan desde hace una veintena de a?os, los delitos ya estar¨ªan prescritos. Un informe de la Agencia Tributaria incluido en el sumario revela como Girona SA aprovechaba su mayor¨ªa en el capital de la empresa mixta para apropiarse de buena parte de los recursos de la empresa mixta, hasta el punto de dejarla descapitalizada.
Sin estas irregularidades, sostiene el informe, "Agissa no tendr¨ªa una deuda de tres millones de euros, sino un patrimonio neto muy superior a los 10 millones de euros". Los hechos ocurrieron primero bajo el gobierno municipal del PSC y, desde 2011, de CiU (posteriormente PDeCAT). El actual presidente catal¨¢n, Carles Puigdemont, era el alcalde cuando Girona renov¨® en 2013 la concesi¨®n. Fuentes conocedoras del caso explican que "aunque con la renovaci¨®n se establecieron algunas mejoras de gesti¨®n y control sobre Girona SA, buena parte de las irregularidades se mantuvieron".
Paralelamente al curso de la causa penal, los tres Ayuntamientos deber¨¢n decidir qu¨¦ hacer con la actual concesi¨®n cuando esta expire en 2020. La CUP, que denunci¨® el caso hace dos a?os, exige la remunicipalizaci¨®n del servicio, una opci¨®n que la actual alcaldesa de Girona, Marta Madrenas, ve con buenos ojos, seg¨²n fuentes municipales.
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