El TSJC asume la investigaci¨®n del refer¨¦ndum y ordena impedir la votaci¨®n

El Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC) ha asumido la investigaci¨®n del refer¨¦ndum del 1 de octubre y ha ordenado a la Fiscal¨ªa que paralice sus actuaciones. El ministerio p¨²blico hab¨ªa ordenado a los Mossos el precinto de los colegios electorales antes del s¨¢bado. La magistrada Mercedes Armas sigue esa senda, aunque con matices: dirige la orden tambi¨¦n a la Guardia Civil y a la Polic¨ªa Nacional, y les ordena que impidan la apertura de los centros de votaci¨®n ¡ªo los cierren, si se da el caso¡ª el mismo domingo.

En un auto dado a conocer este mi¨¦rcoles, la magistrada ordena a la Fiscal¨ªa ¡°cesar en las diligencias, actuaciones e instrucciones que hasta el momento viniera sustanciando en relaci¨®n con estos hechos¡±. Eso significa que pierden vigencia las ¨®rdenes dictadas por el ministerio p¨²blico en los ¨²ltimos d¨ªas y dirigidas a evitar la celebraci¨®n del refer¨¦ndum, suspendido por el Tribunal Constitucional. La ¨²ltima de ellas fue el martes, cuando el fiscal superior de Catalu?a, Jos¨¦ Mar¨ªa Romero de Tejada, orden¨® a los Mossos d¡¯Esquadra que precintasen las escuelas, centros c¨ªvicos y ambulatorios habilitados por el Gobierno catal¨¢n como centros de votaci¨®n para el 1-O. Esa orden contemplaba tambi¨¦n que, el domingo, se prohibiera cualquier tipo de votaci¨®n en un radio inferior a 100 metros de distancia de los colegios.

La magistrada no contempla esa circunstancia, aunque va en la misma direcci¨®n. Armas indica que el domingo ¡ªpero no antes¡ª ¡°se impedir¨¢ la apertura¡± de los locales y, en su caso, ¡°el cierre de todos aquellos que hubiesen llegado a abrirse¡±. La polic¨ªa deber¨¢ tambi¨¦n ¡°impedir¡±, antes de ese d¨ªa, ¡°la utilizaci¨®n de locales o edificios p¨²blicos¡± para preparar la votaci¨®n.

El segundo matiz tiene que ver con la ejecuci¨®n del plan. La Fiscal¨ªa hab¨ªa encomendado la misi¨®n a los Mossos. La magistrada, en cambio, dirige la orden tambi¨¦n a la Polic¨ªa Nacional y a la Guardia Civil. Los tres cuerpos deber¨¢n ¡°prestarse en todo momento el auxilio y apoyo necesario que haga posible el estricto cumplimiento de lo que aqu¨ª se dispone¡±. ¡°La situaci¨®n que se presenta en la jornada del d¨ªa 1 de octubre en todo el territorio de Catalu?a¡±, agrega el auto, ¡°aconseja aunar las fuerzas de los diferentes cuerpos policiales, que deber¨¢n actuar conjuntamente¡±.

El auto avala que un cargo de la Secretar¨ªa de Estado de Seguridad ¡ªel coronel de la Guardia Civil Diego P¨¦rez de los Cobos¡ª asuma, como hab¨ªa ordenado la Fiscal¨ªa, la coordinaci¨®n del dispositivo sobre el refer¨¦ndum. La juez recuerda que la ley de fuerzas y cuerpos de seguridad establece que, en determinados casos, la Secretar¨ªa de Estado debe ejercer ¡°una funci¨®n de coordinaci¨®n y supervisi¨®n¡± de los cuerpos policiales.

La causa abierta por el TSJC parti¨® de una querella de la Fiscal¨ªa contra el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont; el vicepresidente, Oriol Junqueras, y todos los consejeros del Gobierno catal¨¢n por firmar el decreto de convocatoria del refer¨¦ndum del 1 de octubre. El tribunal admiti¨® a tr¨¢mite la querella por los delitos de desobediencia, prevaricaci¨®n y malversaci¨®n.

Burlar las cautelares

Armas carga con dureza contra los miembros del Govern. El ¡°desarrollo de los acontecimientos¡± de las ¨²ltimas semanas ¡°ha evidenciado una clara inobservancia¡± no solo de la suspensi¨®n dictada por el Tribunal Constitucional, sino ¡°de las resoluciones dictadas por esta instructora¡±. Por ejemplo, a prop¨®sito del bloqueo de p¨¢ginas web del refer¨¦ndum. Esas decisiones, agrega, ¡°han sido burladas mediante la creaci¨®n por el Govern de otros dominios en la Red¡±. Los querellados, adem¨¢s, han informado a los ciudadanos, a trav¨¦s de las redes sociales, sobre ¡°c¨®mo votar o d¨®nde hacerlo¡±. Y han ¡°subrayado, en todo momento, que la consulta va a celebrarse¡±.

La ¡°actitud renuente¡± a cumplir las ¨®rdenes hace prever que el Gobierno catal¨¢n ¡°facilite todos los medios a su alcance¡± para que se celebre el refer¨¦ndum. De ah¨ª que adopte una serie de medidas para impedirlo, aunque ¡°sin afectar la normal convivencia ciudadana¡±. En ese sentido, se?ala que, en el caso de los colegios electorales ubicados en ¡°edificios con instalaciones compartidas de servicios p¨²blicos¡±, los polic¨ªas deber¨¢n cerrar ¡°¨²nicamente¡± las dependencias destinadas a la votaci¨®n. El auto agrega que los polic¨ªas deber¨¢n incautarse de material electoral (incluidos ordenadores) e impedir ¡°la apertura y actividad¡± de locales que se usen como ¡°infraestructura log¨ªstica¡± el 1-O: ¡°centros de procesamiento, de recepci¨®n, de recuento o de gesti¨®n de votos¡±.

La orden dada por el TSJC a la Fiscal¨ªa para detener sus actuaciones se fundamenta en el art¨ªculo 773.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El fiscal ¡°cesar¨¢ en sus diligencias tan pronto como tenga conocimiento de la existencia de un procedimiento judicial sobre los mismos hechos¡±, como ocurre en este caso. Adem¨¢s, debe remitir al juzgado todo lo que haya investigando. La Fiscal¨ªa, por tanto, deja de pilotar desde ya las actuaciones para impedir el refer¨¦ndum. Estar¨¢, sin embargo, presente en el procedimiento y podr¨¢ solicitar ¡ªcomo ocurre en cualquier instrucci¨®n judicial ordinaria¡ª las diligencias de investigaci¨®n que desee, que ser¨¢n o no acordadas por la magistrada.