La falsa radiograf¨ªa de Puigdemont
La comparecencia del expresidente en su extra?o viaje incluy¨® contradicciones, como apuntarse a las elecciones del 21-D y al tiempo recusar la norma que las convoca
El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont dibuj¨® ayer desde Bruselas la imagen de una Espa?a sin garant¨ªas democr¨¢ticas ni legales que le impide regresar para afrontar un juicio ¡°justo¡± por los delitos de sedici¨®n, rebeli¨®n y malversaci¨®n a ra¨ªz del refer¨¦ndum ilegal de independencia del 1 de octubre.
Ignorando u olvidando la separaci¨®n de poderes que existe en este pa¨ªs, el destituido mandatario catal¨¢n brind¨® ¡ªeso s¨ª, en tres idiomas¡ª un discurso, en la t¨®nica habitual, plagado de argumentos contradictorios y medias verdades con las que busc¨® amparo internacional para su proyecto. Estos son los principales ejemplos.
"Desde el 1 de octubre nuestra mano ha sido extendida al di¨¢logo hasta el infinito, llegando al l¨ªmite de proponer la suspensi¨®n de la declaraci¨®n de independencia¡±.
No es tender la mano suspender algo que es ilegal pues, de entrada, no puede ni debe ofrecerse. Y las ofertas de di¨¢logo de Puigdemont fueron siempre en negativo: no acudi¨® a la Conferencia de presidentes auton¨®micos, ni al Senado ni al Congreso cuando fue reiteradamente invitado a ello. Y solo se mostr¨® dispuesto a dialogar con condiciones: siempre y cuando el di¨¢logo versase sobre el formato y calendario del refer¨¦ndum independentista.
¡°La agresividad del Estado de la que tenemos tantos ejemplos: 700 alcaldes querellados, las palizas a miles de personas que iban a ejercer su derecho al voto, la impunidad de la extrema derecha, las multas millonarias contra los organizadores de la consulta del 9 de noviembre, las querellas del fiscal Maza¡¡±.
Las 700 querellas mencionadas est¨¢n en estos momentos paralizadas, aunque no definitivamente archivadas: son una iniciativa de los fiscales, no de los jueces.
El ¡®expresident¡¯ admite que se declar¨® la independencia
"El viernes por la tarde, reunidos en el Palau de la Generalitat, despu¨¦s de la declaraci¨®n de independencia del Parlament y ante una serie de datos de fuentes contrastadas que indicaban que el Gobierno espa?ol planteaba una ofensiva altamente agresiva y sin precedentes contra el pueblo de Catalu?a, contra los funcionarios que se mantuviesen fieles al Gobierno leg¨ªtimo¡±.
La declaraci¨®n de independencia fue ilegal porque violaba la Constituci¨®n y el Estatut. E incluso violentaba la (suspendida) ley del refer¨¦ndum de la Generalitat, ya vulnerada en 26 de sus 34 art¨ªculos por el propio poder auton¨®mico. As¨ª que no hubo tal declaraci¨®n con valor jur¨ªdico de ninguna clase.
Adem¨¢s, el Gobierno espa?ol y el entonces Govern de Carles Puigdemont hab¨ªan convergido hacia una soluci¨®n facilitada por mensajes cruzados directos entre ellos y a trav¨¦s del presidente del Gobierno vasco, I?igo Urkullu. Si no hab¨ªa DUI (Declaraci¨®n Unilateral de Independencia), no se intervendr¨ªa la Generalitat aplicando el art¨ªculo 155 de la Constituci¨®n. Pero a mediod¨ªa del viernes Puigdemont se desdijo del acuerdo ante la insurgencia de sus partidarios m¨¢s radicales, aplaz¨® su conferencia de prensa, se aboc¨® a la DUI. Eso provoc¨® un grave disgusto en el Ejecutivo de Euskadi.
Colocado en la ilegalidad, en la que se reiteraba, y tras haber violado la base jur¨ªdica estatutaria que le daba legitimidad, el Govern de Carles Puigdemont no era ya un Gobierno leg¨ªtimo, sino que solo se apoyaba en un golpe parlamentario, carente de toda mayor¨ªa cualificada imprescindible para reformar el propio Estatut.
Y el alcance, modo y espectacularidad de la actuaci¨®n policial del Estado el 1 de octubre, por discutible, ha sido muy discutido. Hubo muchos contusionados, dos heridos leves y dos graves, todos ellos recuperados. Pero si hay alguien que no est¨¢ legitimado para ponerla en entredicho son los gobernantes catalanes que enviaron a los Mossos a reprimir a los indignados del 15-M y que vaciaron un ojo a una mujer, Esther Quintana.
No ha habido ¡°multas millonarias¡± por organizar el 9-N de 2014, sino requerimiento del Tribunal de Cuentas a devolver el dinero p¨²blico usado indebidamente por Artur Mas (5,2 millones de euros) para financiarlo.
¡°Es desde esta perspectiva que las medidas que ha adoptado el Govern desde el viernes siguen esta l¨ªnea y son coherentes con los valores de la paz, el respeto a la pluralidad y a la neutralidad de las Administraciones que siempre hemos perseguido desde el Govern de la Generalitat¡±.
La Generalitat de Artur Mas y de Carles Puigdemont jam¨¢s ha mantenido ¡°la neutralidad¡± de la que este se ufana. Y menos a¨²n en los dos intentos de refer¨¦ndums que emprendi¨®, haciendo campa?a militante, manipulando los medios p¨²blicos y despoderando a los diputados de la oposici¨®n. Los observadores internacionales que vigilaron el desarrollo de la ¨²ltima consulta concluyeron que no se cubrieron los est¨¢ndares m¨ªnimos internacionalmente requeridos.
¡°Este gobierno podr¨ªa haber optado por forzar a los funcionarios fieles al gobierno a iniciar una disputa por la hegemon¨ªa, pero ha preferido garantizar que no habr¨¢ enfrentamientos que no habr¨¢ violencia. No se puede edificar la rep¨²blica de todos desde la violencia. Si el Estado espa?ol quiere edificar su proyecto desde la violencia esta es su decisi¨®n, pero no nos puede arrastrar a un escenario que el movimiento soberanista ha rechazado de manera consistente, como deber¨ªa hacer todo dem¨®crata¡±.
Si Puigdemont considera que habr¨ªa sido leg¨ªtimo forzar a los funcionarios a emprender actividades ilegales, parece todo dicho de sus conceptos sobre la democracia y sobre la ¡°neutralidad¡± de la Administraci¨®n. As¨ª que sobra su coletilla sobre que ¡°no se puede construir la Rep¨²blica de todos sobre la violencia¡±. Seguro que todos los catalanes quedar¨¢n sumamente agradecidos por esta graciosa concesi¨®n. La renuncia a la violencia desregulada no es algo graciable en democracia, sino una precondici¨®n de la misma.
Tambi¨¦n resulta curiosa la siguiente demostraci¨®n de generosidad: que este respeto a los funcionarios se pague ¡°al precio de ralentizar el despliegue de la Rep¨²blica¡±.
¡°Una parte del Gobierno nos hemos ido a Bruselas¡ para denunciar la politizaci¨®n de la justicia espa?ola¡±.
Aunque la Justicia espa?ola es homologable a las de las dem¨¢s democracias avanzadas, tiene defectos y su funcionamiento es mejorable. Pero ning¨²n defecto de f¨¢brica tan grave como el incluido en el dise?o de la Justicia de la rep¨²blica catalana incluido en la ilegal (y suspendida) ¡°ley de transitoriedad y fundacional¡± aprobada por el Parlament en los primeros minutos de la madrugada del 8 de septiembre: ese texto consagra(r¨ªa) un tribunal supremo cuyo presidente ser¨ªa designado a dedo por el presidente de la rep¨²blica (y jefe del Ejecutivo o primer ministro: infrecuente acumulaci¨®n de cargos en un pa¨ªs europeo).
Y adem¨¢s, todos los cargos judiciales ser¨ªan nombrados por una comisi¨®n mixta en la que el Govern ostentar¨ªa mayor¨ªa de miembros. Ese ser¨ªa el ejemplo perfecto de ¡°politizaci¨®n de la justicia¡± y de la esclavitud del tercer poder ante el gubernativo: el fin del Estado de derecho.
¡°No abandonaremos en ning¨²n caso el gobierno catal¨¢n, continuaremos trabajando pese a las limitaciones que impone la estrategia de no confrontaci¨®n y asumiremos la defensa de la querella del Estado. Es una querella pol¨ªtica y, por tanto, nos enfrentaremos desde una posici¨®n pol¨ªtica, no jur¨ªdica¡±.
Pero ?es que acaso Puigdemont hab¨ªa renunciado al cargo del que fue descabalgado? Es cierto que su viaje a Bruselas, el secretismo empleado, la ausencia de confirmaciones y las manifestaciones de un peculiar abogado belga connotaron su viaje con los tintes de una escapada o fuga en busca de protecci¨®n individual, en forma de asilo.
El propio viceprimer ministro y titular de Econom¨ªa belga, el flamenco Kris Peeters, subray¨® p¨²blicamente esa extra?a conducta al aseverar que cuando un l¨ªder llama a la independencia ¡°m¨¢s vale quedarse cerca de su pueblo¡±.
Por lo dem¨¢s, la querella del fiscal ser¨¢ acertada, muy mejorable o pluscuamperfecta, pero solo ser¨ªa ¡°pol¨ªtica¡± si denunciase hechos pol¨ªticos, y lo que hace es calificar conductas (aunque de origen pol¨ªtico) presuntamente aquejadas de ilegalidad y susceptibles de incurrir en tipos delictivos del C¨®digo Penal. Considerar que los comportamientos de un dirigente pol¨ªtico, por ser ¨¦l quien es, quedan autom¨¢ticamente excluidos de la aplicaci¨®n de las leyes, es otorgarle un privilegio de inmunidad y una patente de impunidad que no vienen recogidas ni en la Constituci¨®n ni en el Estatut.
La frase del exmandatario asegurando que volver¨ªa a Catalu?a ¡°si se le garantizase un juicio justo¡± es del mismo tenor. ?De qu¨¦ garant¨ªas se trata? ?Garant¨ªas procesales, que son por definici¨®n universales para todos los ciudadanos espa?oles? ?O de privilegios personalizados por raz¨®n del rango perdido?
Adem¨¢s, la atribuci¨®n de que las acciones judiciales suponen una ¡°grave injusticia que plantea el Gobierno espa?ol¡± ignora la separaci¨®n de poderes y la independencia judicial. Otra cosa es la actuaci¨®n del ministerio fiscal, que aunque formalmente independiente, puede serlo de facto, en mayor o menor medida, seg¨²n las caracter¨ªsticas de quien lo encarne.
Pero incluso as¨ª, la judicatura ejerce su independencia respecto del ministerio p¨²blico. En un mismo procedimiento puede imponer cautelares muy fuertes a unos (los dos Jordis, en prisi¨®n provisional decidida por la Audiencia Nacional) y m¨¢s suaves a otros (el exjefe y la intendente de los Mossos, que deben presentarse peri¨®dicamente al juzgado y no pueden viajar al extranjero), pese a que el fiscal haya pedido la misma medida cautelar para todos ellos.
¡°Daremos apoyo a las diferentes iniciativas que se est¨¢n poniendo y se pondr¨¢n en marcha para evitar que el 155 se lleve a la pr¨¢ctica y acabe desmontando el sistema institucional catal¨¢n (...) Asumimos las elecciones que ha planteado el Estado espa?ol como un reto democr¨¢tico¡±.
Es contradictorio asumir que las elecciones del 21-D son ¡°un reto democr¨¢tico¡± y manifestar apoyo a las ¡°iniciativas¡± dedicadas a ¡°evitar¡± la aplicaci¨®n del 155. Porque estas elecciones las ha convocado Mariano Rajoy (podr¨ªa haberlo hecho perfectamente Puigdemont) bas¨¢ndose justamente en el 155. ?Son un reto o un mal a evitar?
¡°La gente que salv¨® las escuelas el 1 de octubre salvar¨¢, estoy seguro, nuestras instituciones¡±.
La tendencia del pol¨ªtico gerundense a deslocalizar, centrifugar y trasladar sus responsabilidades a los dem¨¢s contin¨²a muy viva. El problema de esta autoexoneraci¨®n de responsabilidades es que acaba convirtiendo a los ciudadanos en escudos humanos de cualquier desacierto o dislate.
¡°Nosotros respetaremos el resultado de las elecciones, como hemos hecho siempre¡±.
Falso. El bloque secesionista obtuvo menos del 50% del voto popular en las ¨²ltimas elecciones auton¨®micas, y consider¨® que con ello obten¨ªa un presunto ¡°mandato democr¨¢tico¡± para emprender el camino a la independencia unilateral. No respet¨® sino que manipul¨® pol¨ªticamente el resultado, erigi¨¦ndose as¨ª en el gobierno de una fracci¨®n, amplia pero minoritaria, de la ciudadan¨ªa catalana.
¡°La causa de los catalanes es la causa de los valores en que se fundamenta Europa¡±.
Las instituciones y los Gobiernos de la Uni¨®n Europea (UE) ya han dictaminado en m¨²ltiples ocasiones que la causa del separatismo catal¨¢n atenta contra los principios europeos en cuanto que ha optado por vulnerar el ordenamiento constitucional espa?ol, protegido en el art¨ªculo 4 del Tratado de Lisboa.
La apelaci¨®n et¨¦rea a los valores democr¨¢ticos, especialmente si se han conculcado, tiene escasa relevancia en t¨¦rminos europeos. Al menos si no va acompa?ada de otros valores fundacionales, como la oposici¨®n a los ego¨ªsmos nacionalistas.
Adicionalmente, la UE, ejemplo mundial en la destrucci¨®n de fronteras interiores, no debe arriesgarse a crear otras nuevas, so pena de reinstaurar los riesgos para la estabilidad continental que desembocaron en las dos guerras mundiales.
¡°Trabajamos para que sea imposible que el PP, el PSOE y Ciudadanos desmonten las instituciones catalanas¡±.
Fue el bloque secesionista el que desmont¨® y desarticul¨® las instituciones auton¨®micas catalanas al abrogar el Estatut mediante las leyes de ruptura aprobadas el 6 y 8 de septiembre pasados. De lo que se trata ahora es justamente de hacer lo con
No hay ¡°derecho al voto¡± en un refer¨¦ndum ilegal
"La agresividad del Estado, de la que tenemos tantos ejemplos: m¨¢s de 700 alcaldes querellados, las palizas a miles de personas ¡ªgente mayor incluso¡ª que fueron a ejercer su derecho al voto el 1 de octubre¡±.
Los catalanes que fueron a votar el 1 de octubre no ten¨ªan ¡°derecho al voto¡± puesto que se trataba de un refer¨¦ndum convocado sin amparo legal y que el Tribunal Constitucional hab¨ªa suspendido. M¨¢s all¨¢ de si fue o no una decisi¨®n acertada tratar de frenar la votaci¨®n con agentes de polic¨ªa, el Estado ostenta el monopolio de la fuerza para imponer la legalidad. Seg¨²n datos de la propia Sanidad catalana, el 1 de octubre fueron atendidas 844 personas, la mayor¨ªa con contusiones leves, otras con mareos y crisis de ansiedad. Hospitalizadas hubo cuatro, dos leves y dos graves, una con un infarto y otra con heridas en un ojo tras ser alcanzado por una pelota de goma. Las querellas del fiscal Maza y aquellas otras contra los alcaldes y las multas contra los organizadores del 9 de noviembre son decisiones de jueces y fiscales, recurribles ante instancias superiores como en todo Estado de derecho. / B. MAR?N
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