La Intervenci¨®n de la Generalitat asegura que bloque¨® los 6,2 millones para el refer¨¦ndum

La Intervenci¨®n General de la Generalitat, el ¨®rgano fiscalizador de las cuentas de la administraci¨®n auton¨®mica, asegura que bloque¨® dos partidas presupuestarias que suman 6,2 millones de euros y que estaban destinadas a organizar el refer¨¦ndum de independencia del pasado 1 de octubre. La m¨¢xima responsable de esa instituci¨®n, Rosa Vidal, explica en un certificado que realiz¨® "las actuaciones necesarias para el bloqueo de cualquier uso y ejecuci¨®n¡± de esas partidas una vez que el Tribunal Constitucional las declar¨® fuera de la ley.

El certificado est¨¢ en manos de las defensas de los exconsejeros del Gobierno catal¨¢n, que pretenden utilizarlo como argumento contra la fianza impuesta por la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela. Tal como le solicitaba la fiscal¨ªa, la magistrada ha impuesto una fianza por importe de 6,2 millones que deben aportar el expresident Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras y los otros 12 miembros destituidos del Gobierno catal¨¢n; de lo contrario, sus bienes van a ser embargados hasta cubrir ese importe.

La cantidad fijada por la fiscal¨ªa y por la juez parte de la premisa de que dos partidas de los Presupuestos de la Generalitat se destinaron, presuntamente, a organizar la consulta ilegal del 1 de octubre. Una, del Departamento de Gobernaci¨®n, de poco m¨¢s de 400.000 euros. La otra (dividida en dos) de fondos interdepartamentales, que suma otros 5,8 millones. Junqueras anunci¨® en su d¨ªa que esas partidas iban a destinarse a ¡°procesos electorales y participativos¡±.

Seg¨²n el documento de la Intervenci¨®n, al que ha accedido EL PA?S y que fue emitido el 31 de octubre, de esas dos partidas ¡°¨²nicamente se han reconocido obligaciones de pago de 19.366 euros¡± que corresponden a gastos de ¡°mantenimiento ordinario¡± del Centro de Telecomunicaciones y Tecnolog¨ªas de la Informaci¨®n (CTTI) de la Generalitat, que seg¨²n las investigaciones judiciales fue un ¨®rgano clave en la puesta en marcha de la consulta.

La cantidad de 6,2 millones tambi¨¦n aparece en las diligencias de investigaci¨®n abiertas por el juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 13 de Barcelona, Juan Antonio Ram¨ªrez Sunyer, sobre el refer¨¦ndum y sobre la creaci¨®n de las estructuras de Estado. Cuando orden¨® los registros en las sedes de los departamentos de la Generalitat, el pasado 20 de septiembre, el juez indic¨® a la Guardia Civil que ¡°localice, intervenga y ponga a disposici¨®n judicial¡± cualquier documentaci¨®n relacionada con esas partidas. A finales de octubre, y en el marco de esa investigaci¨®n, la Guardia Civil pidi¨® a la Generalitat que detalle el coste econ¨®mico de la consulta (publicidad, urnas, webs, inform¨¢tica, observadores internacionales, etc¨¦tera).

Conocer si se han utilizado fondos p¨²blicos para organizar el refer¨¦ndum es clave, no solo para determinar una eventual fianza, sino tambi¨¦n para sustentar un delito de malversaci¨®n de fondos p¨²blicos. La malversaci¨®n, que implica penas de c¨¢rcel, es uno de los delitos por los que ocho exconsejeros del Gobierno catal¨¢n se encuentran en prisi¨®n provisional.

La defensa del exconsejero Santi Vila -el ¨²nico de los que no han huido a Bruselas que permanece en libertad- considera ¡°absolutamente improcedente¡± la fianza de 6,2 millones. ¡°La ¨²nica partida presupuestaria supuestamente malversada que se cita en la querella permanece intacta y bajo el control del Gobierno espa?ol¡±, cita el abogado de Vila, Pau Molins, en el escrito en el que recurre el auto de Lamela que admiti¨® a tr¨¢mite la querella de la fiscal¨ªa. El abogado recuerda que es ¡°p¨²blico y notorio¡± que las finanzas de la Generalitat est¨¢ intervenidas desde el pasado 21 de julio por el Ministerio de Hacienda.

Durante las declaraciones de los consejeros, la semana pasada, las defensas aportaron el certificado de la Intervenci¨®n General que, en su opini¨®n, ¡°acredita haber bloqueado el uso de tal partida tras su suspensi¨®n por el Tribunal Constitucional¡±. ¡°?C¨®mo es posible que se fije una fianza sobre la base de una partida supuestamente malversada, cuando el propio ministro y la interventora de la Generalitat certifican que no se ha tocado?¡±.