Colau dice que el bono social del Estado no proteger¨¢ al 60% de los pobres energ¨¦ticos

El Gobierno de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, asegur¨® ayer que el bono social del Gobierno espa?ol, un sistema de descuentos de la factura el¨¦ctrica para familias vulnerables "realizado de espaldas a los municipios y entidades, con una gran deslealtad institucional", dejar¨¢ sin protecci¨®n al 60% de las personas que actualmente son atendidas por el consistorio por pobreza energ¨¦tica. Lo explic¨® la teniente de alcalde de Derechos Sociales, Laia Ortiz, que detall¨® el resultado de dos estudios encargados por el Ayuntamiento y asegur¨® que estudian impugnar el decreto "por si puede generar indefensi¨®n para dar respuesta al principio de precauci¨®n". Este principio impide a las empresas cortar el suministro sin antes tener informaci¨®n sobre la situaci¨®n de las familias.

El primer estudio al que se refiri¨® la concejal, de car¨¢cter jur¨ªdico, asegura que la ley catalana sobre la pobreza energ¨¦tica (la 24/2015) "sigue plenamente vigente en Catalu?a aunque se haya aprobado el Real Decreto que regula el bono social". Ortiz dio mucha importancia a esta vigencia, porque la ley catalana es m¨¢s proteccionista con las familias con pocos recursos, porque impide a las empresas cortar los suministros, bajo el riesgo de ser sancionadas si los Ayuntamientos confirman que las familias no pueden pagar.

La concejal afirm¨® que otro estudio encargado al Instituto Municipal de Servicios Sociales ha analiado qu¨¦ impacto tendr¨ªa el bono social en la ciudad si no se aplicara la ley 24/2015. El resultado es que de las 10.000 personas atendidas, en el 60% de los casos no se evitar¨ªan los cortes de suministro, porque quedar¨ªan desprotegidas del principio de precauci¨®n. Y el 43% quedar¨ªan fuera de la protecci¨®n del bono social (que aplica descuentos en la factura de la luz el agua o el gas del 25% o 50%, en funci¨®n de la vulnerabilidad de cada familia). Seg¨²n Ortiz, con la normativa del bono social del Gobierno, solo se evitar¨ªa el 37% de los cortes de luz.

La teniente de alcalde tambi¨¦n afirm¨® que el estudio indica que el coste que la desprotecci¨®n tendr¨ªa para Barcelona ser¨ªa de 500.000 euros, "porque el decreto no prev¨¦ fuentes de financiaci¨®n". "Han hecho un real decreto que deja fuera a la mitad de la poblaci¨®n vulnerable y sin fondos", lament¨®.

Por otra parte, y mientras el decreto estatal est¨¢ en periodo de transitoriedad (hasta el pr¨®ximo mes de abril), el Ayuntamiento de Barcelona ha creado un grupo de trabajo con empresas suministradoras para abordar los meses de invierno. En este sentido, Ortiz celebr¨® que Endesa, que tiene el 90% del mercado, se ha comprometido a no cortar la luz a nadie en Barcelona por motivos econ¨®micos. "Es un primer paso, pero la manera de actuar definitiva es con convenios que tenemos que acordar para convivir con las dos leyes, de forma que todos interpretemos igual y que las suministradoras no deleguen en los ayuntamientos la informaci¨®n a los consumidores sobre las ayudas".