Colau lleva el bono social el¨¦ctrico del Gobierno ante el Tribunal Supremo

El gobierno de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ya avis¨® de que ser¨¢ implacable contra las compa?¨ªas de suministros y da nuevos pasos en la cruzada que mantiene contra la pobreza energ¨¦tica. Este viernes ha anunciado que ha presentado ante el Tribunal Supremo un recurso contencioso-administrativo contra el real decreto del Gobierno espa?ol que regula los consumidores vulnerables y el bono social, un sistema de descuentos de la factura el¨¦ctrica para familias sin recursos.

El Ayuntamiento recuerda que el bono social solo reconoce el derecho a descuentos si la administraci¨®n asume la mitad de la factura. El recurso, en fase de admisi¨®n a tr¨¢mite, considera que el decreto es contrario a la Constituci¨®n y a la directiva europea que regula el mercado el¨¦ctrico. Adem¨¢s, entiende que vulnera competencias exclusivas en materia de servicios sociales de la Generalitat y el Ayuntamiento.

Por otro lado, el consistorio ha explicado que est¨¢ tramitando cinco multas a la compa?¨ªa el¨¦ctrica Endesa por cortar la luz a familias sin recursos sin haber consultado a servicios sociales sobre su situaci¨®n. No es la primera vez que Barcelona multa a la el¨¦ctrica.

Hace un mes, la teniente de alcalde de Derechos Sociales del consistorio barcelon¨¦s, Laia Ortiz, ya denunci¨® que el bono social "realizado de espaldas a los municipios y entidades, con una gran deslealtad institucional", dijo, dejar¨¢ sin protecci¨®n al 60% de las personas que actualmente son atendidas por el municipio por pobreza energ¨¦tica. Ortiz ha insistido este viernes en la misma idea y ha recordado que en Catalu?a existe una ley del Parlament, la 24/2015, "que protege los derechos de las personas vulnerables en materia energ¨¦tica".

Ortiz ha se?alado que, seg¨²n el decreto, los descuentos en las facturas a consumidores vulnerables solo se podr¨ªan aplicar a aquellas personas que han sido previamente atendidas por los servicios sociales auton¨®micos o municipales: "Garantizar el acceso a un servicio b¨¢sico como el suministro el¨¦ctrico no puede estar sujeto a la atenci¨®n de los servicios sociales", ha asegurado la concejal, en cuya opini¨®n el bono social "no responde a las necesidades y la urgencia de actuar ante la pobreza energ¨¦tica", sino que "es c¨®mplice de los intereses del oligopolio el¨¦ctrico". La concejal ha cifrado en 1,67 millones de euros el coste anual para las administraciones para cubrir la factura de los hogares vulnerables solo en la ciudad de Barcelona.

La teniente de alcalde ha defendido que las personas vulnerables no deben ir de ventanilla en ventanilla "demostrando su vulnerabilidad y pobreza", y ha dicho que ser¨ªa suficiente con conocer el nivel de renta en estos hogares, y ha insistido en que el bono social no responde a "los intereses

de las clases populares y de las personas que est¨¢n en riesgo de exclusi¨®n social".

Respecto a las multas a Endesa, se trata de cinco casos de cortes de luz a familias vulnerables que se produjeron entre finales de 2016 y principios de 2017. Las multas son de 70.000 euros cada una, 350.000 euros en total. En todos los casos est¨¢n motivadas por cortes de luz realizados sin pedir el informe de exclusi¨®n residencial preceptivo a Servicios Sociales. Ortiz ha afirmado que los cortes se produjeron una vez aprobada la Ley 24/2015, y que, en todas las viviendas estaban ocupadas por personas vulnerables. "Detectamos estos casos a trav¨¦s de los Puntos de Asesoramiento Energ¨¦tico (PAE)", ha relatado y ha detallado que la sanci¨®n se ha fijado en base

a lo que dispone el C¨®digo de Consumo catal¨¢n, aunque se aprecia como atenuante que la compa?¨ªa restableci¨® el servicio tras notificarse los casos.

Fuentes de Endesa responden que solo tienen constancia de cuatro de estos cinco expedientes y que el consistorio "vulnera el derecho de defensa de la compa?¨ªa, porque prejuzga el fallo". Endesa puede recurrir, apuntan y aseguran que "nunca corta la luz si la familia tiene informe de vulnerabilidad".