El Gobierno reduce a ¡°peque?a diferencia¡± el rechazo del PSE al informe de la tortura
El portavoz, Josu Erkoreka, explica que no afecta a la pol¨ªtica de reparaci¨®n de v¨ªctimas de abusos policiales
El informe oficial sobre la tortura no es de todo el Gobierno vasco. PNV y PSE han certificado sus diferencias en el Consejo de Gobierno que han celebrado este martes, apenas 18 horas despu¨¦s de que el secretario de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco, Jonan Fern¨¢ndez, y el experto forense y profesor de la Universidad del Pa¨ªs Vasco (UPV/EHU) Francisco Etxeberria, presentaran el informe sobre la tortura entre 1960 y 2014 que concluye que hubo 3.417 v¨ªctimas, pese a la existencia de 20 condenas firmes.
El PSE rechaz¨® el lunes la metodolog¨ªa del informe y el relato que inspira, y ha trasladado esas discrepancias al propio Gobierno donde PNV y PSE son socios. Sin embargo, el portavoz del Ejecutivo, el peneuvista Josu Erkoreka, ha asegurado que se trata de una "peque?a diferencia" que "no afecta a la pol¨ªtica de reparaci¨®n de las v¨ªctimas de abusos policiales que comparten PNV y PSE de manera ¨ªntegra". El informe no provocar¨¢ cambios en la acci¨®n del Gobierno. Ser¨¢ la ponencia parlamentaria de Derechos Humanos, que recibir¨¢ el informe en los pr¨®ximos d¨ªas, la que en todo caso proponga medidas de reparaci¨®n.
El informe concluye que hubo 3.417 v¨ªctimas de este tipo de abusos por parte del Estado, pese a que las condenas ratificadas por el Tribunal Supremo de torturas y malos tratos ascienden a 20 y afectan a 31 v¨ªctimas, de las que derivan 49 condenados, 21 de ellos del Cuerpo Nacional de Polic¨ªa y 28 de la Guardia Civil. Adem¨¢s, hay 7 condenas a Espa?a del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por no haber investigado diligentemente las denuncias de torturas.
El PSE ha lamentado en el seno del Gobierno que no se pueden equiparar casos de supuestos malos tratos no probados y no demostrados, con asesinatos y el terrorismo de persecuci¨®n que han sufrido, no solo los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y la Ertzaintza, sino toda la sociedad vasca. Sus consejeros han criticado que esa manera de enfocar el informe general proporciona un relato equivocado de las ¨²ltimas d¨¦cadas en Euskadi que ahonda en la existencia de un conflicto que nunca existi¨® pese a que lo defienden ¡°ETA y la izquierda abertzale¡±.
El portavoz del Gobierno, Josu Erkoreka, ha constatado la existencia de diferencias, pero se ha limitado a describir que se trata de ¡°un trabajo cient¨ªfico" que se ha desarrollado en la Universidad P¨²blica Vasca y bajo la direcci¨®n de alguien incuestionable como Paco Etxeberria. ¡°El hecho de que pueda haber una peque?a diferencia entre los miembros del gobierno a la hora de evaluar una investigaci¨®n cient¨ªfica para nada cuestiona que ambas formaciones compartimos la voluntad de reparar las violaciones de derechos humanos que ampara la ley de reparaci¨®n de abusos policiales".
Erkoreka ha especificado que se pueden producir y se producen algunas "peque?as diferencias" de interpretaci¨®n. En su opini¨®n se trata de una peque?a diferencia en la medida en que afecta a un informe, no a la pol¨ªtica global de la reparaci¨®n de v¨ªctimas de abusos policiales. Eso si ser¨ªa una quiebra, pero no sucede eso, sino en un informe concreto", ha aclarado.
Etxebarria ha aplicado para otorgar o negar verosimilitud a las declaraciones una metodolog¨ªa aprobada por Naciones Unidas, el protocolo de Estambul. Las declaraciones son an¨®nimas a efectos del Gobierno vasco. "El Gobierno no conoce a los denunciantes" ha explicado Erkoreka tras asegurar que si alguna de las personas que denuncia quiere ir m¨¢s all¨¢ tiene dos opciones: si son hechos prescritos acogerse a la ley 12/2016, la ley vasca de reparaci¨®n de abusos que est¨¢ judicializada, y si no est¨¢n prescritos, acogerse a los procedimientos judiciales.
El PSE afirma que es un error entender que medio siglo de terror de ETA se resume a 840 asesinados y m¨¢s de 3.400 torturados porque "alimenta la teor¨ªa de un conflicto que nunca ha existido" y extiende la imagen de una tortura generalizada que olvida la labor de "una inmensa mayor¨ªa de funcionarios policiales y judiciales en defensa del Estado de Derecho".
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