La Comunidad deber¨¢ reintegrar 5,4 millones a Rivas
El Gobierno regional se qued¨® con la ayuda que el Ministerio de Vivienda envi¨® al municipio para levantar pisos protegidos
La Comunidad de Madrid tendr¨¢ que devolver cinco millones de euros a Rivas-Vaciamadrid, seg¨²n una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). La cuant¨ªa, a la que hay que sumar otros 400.000 euros en intereses de demora, debe ser ejecutada antes de que termine el a?o y corresponde a una ayuda concedida en marzo de 2010 por el Ministerio de Vivienda (que ahora forma parte de Fomento) a la Empresa Municipal de Vivienda de Rivas para construir vivienda protegida en la localidad. Un portavoz regional se?ala que la Comunidad autorizar¨¢ el pago el viernes, en el ¨²ltimo Consejo de Gobierno de 2017, pero no aclara por qu¨¦ se retuvo la subvenci¨®n ni para qu¨¦ se us¨® el dinero.
La secci¨®n octava de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJM, en una sentencia fechada el 13 de junio, fall¨® a favor del Ayuntamiento de Rivas. En septiembre una nueva resoluci¨®n, esta firme, exig¨ªa al Gobierno regional que devolviera los cinco millones de euros al Consistorio. Este se queja de que el Gobierno regional ha retenido la ayuda durante casi ocho a?os y exige conocer en qu¨¦ usaron el dinero los sucesivos gobiernos del PP: Esperanza Aguirre, Ignacio Gonz¨¢lez y Cristina Cifuentes. El alcalde de Rivas, Pedro del Cura (IU), recuerda que no es la primera vez que su gobierno inicia un litigio en el que la Justicia termina d¨¢ndole la raz¨®n frente a la Comunidad. En octubre el TSJM dict¨® una sentencia que impon¨ªa al Canal de Isabel II la obligaci¨®n de abonar al Ayuntamiento ripense 460.000 euros en concepto de impuestos no satisfechos.
El Ministerio de Vivienda, liderado por la socialista Beatriz Corredor, concedi¨® en marzo de 2010 una subvenci¨®n a Rivas por dedicar m¨¢s del 50% de suelo municipal a una promoci¨®n de vivienda protegida en el barrio de La Luna. En la zona viven m¨¢s de 12.000 personas (Rivas tiene 85.000 habitantes) y existen m¨¢s de 4.000 casas, el 60% p¨²blicas.
El municipio sopesa acudir a la v¨ªa penal
"El posible manejo fraudulento del dinero p¨²blico ejercido por dirigentes del PP con cargos de responsabilidad en el Gobierno regional y que ahora investigan los tribunales nos lleva a sospechar del destino final de este dinero", denuncia Del Cura.
El regidor plantea, incluso, la posibilidad de que el Ayuntamiento de Rivas lleve la demora en el pago de la subvenci¨®n estatal al ¨¢mbito penal. La EMV de Rivas fue constituida en 2004 y desde entonces ha construido m¨¢s de 4.000 viviendas protegidas. En 2018 se concluir¨¢ una nueva promoci¨®n de 224 pisos que completar¨¢n el VI plan municipal de vivienda.
La promoci¨®n para la que el Estado otorg¨® la ayuda consta de 1.500 viviendas, todas ellas p¨²blicas, pertenecientes al cuarto y quinto plan municipal de vivienda. Tuvo un coste total de 234 millones, con los que se urbaniz¨® el barrio y se levantaron las casas, repartidas en nueve edificios. Las viviendas oscilan entre los 70 y los 110 metros cuadrados, tienen dos y tres habitaciones y tuvieron un precio medio de 120.000 euros. Un portavoz municipal se?ala que la actuaci¨®n del Gobierno regional demorando la ayuda estatal, que siempre se ingresa en la cuenta de la Administraci¨®n regional, ha supuesto un perjuicio al Ayuntamiento, que ha tenido que refinanciar las obras a trav¨¦s de cr¨¦ditos bancarios.
¡°Varapalo judicial¡±
Un portavoz de la Consejer¨ªa de Vivienda reconoce la resoluci¨®n judicial y se?ala que el Gobierno regional autorizar¨¢ el pago de los cinco millones de euros y los intereses de demora en el ¨²ltimo Consejo de Gobierno del a?o, que se celebra el viernes. As¨ª se lo prometi¨® tambi¨¦n al alcalde de Rivas el director general de Vivienda de la Comunidad, Jos¨¦ Mar¨ªa Garc¨ªa, en una reuni¨®n que mantuvieron ambos hace varias semanas. Sin embargo, este portavoz regional no explica para qu¨¦ se utiliz¨® el dinero ni por qu¨¦ se retuvo la subvenci¨®n. Del Cura sostiene que ¡°este nuevo varapalo judicial ejemplifica las pr¨¢cticas abusivas que los gobiernos regionales han cometido con dinero p¨²blico¡±.
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