Los auditores se?alan que la compra de Emissao por el Canal fue una ¡°operaci¨®n fraudulenta¡±

El bufete Herbert Smith FreeHills, que elabor¨® un an¨¢lisis jur¨ªdico sobre la compra de la empresa de aguas brasile?a en 2013 por parte del Canal de Isabel II, y al que ha tenido acceso EL PA?S, concluye que en la compra se pudieron cometer ¡°operaciones fraudulentas¡± y se pag¨® ¡°un precio superior al valor¡± de la compa?¨ªa. Indican que la operaci¨®n se realiz¨® usando bancos suizos y de Miami. Entre los probables il¨ªcitos penales que menciona, se se?alan un delito societario, de administraci¨®n desleal, de aprobaci¨®n indebida, de blanqueo de capitales y de malversaci¨®n de caudales p¨²blicos.?

El llamado caso Lezo gira en torno a la adquisici¨®n por parte de Canal Extensia ¨Cuna sociedad del Canal de Isabel II- de la empresa Emissao durante el mandato del expresidente regional Ignacio Gonz¨¢lez. En teor¨ªa, en la compra se desviaron fondos p¨²blicos que terminaron en comisiones para los participantes en la operaci¨®n financiera.

La actual presidenta regional, Cristina Cifuentes encarg¨®, presionada por el inicio judicial del caso, auditor¨ªas para determinar la implicaci¨®n del Canal en la supuesta operaci¨®n fraudulenta. El resultado de los an¨¢lisis, el primero de ellos es realizado por Ernst & Young (E&Y), es entregado el 13 de julio de 2016 a la Fiscal¨ªa, dadas sus conclusiones. Durante meses la oposici¨®n parlamentaria reclama en vano conocerlos. Cifuentes rechaza su petici¨®n con el argumento de que los documentos forman parte del sumario, que est¨¢ declarado secreto. El juez, finalmente, le indica en agosto pasado que debe entregar los archivos a la oposici¨®n. Pero la documentaci¨®n se traspapela durante meses. Cuando salta el esc¨¢ndalo, Cifuentes admite su error, destituye al subdirector general de R¨¦gimen Jur¨ªdico y entrega los documentos a la Asamblea.

El informe del bufete Herbert Smith FreeHills, fechado el 12 de mayo de 2017 y efectuado a partir del de E&Y,? es demoledor. Recuerda que en 2012 Edmundo Rodr¨ªguez Sobrino, hombre de confianza de Gonz¨¢lez y directivo del Canal, pidi¨® que Canal Extensia o Inassa (ambas empresas del Canal) ¡°invirtiesen en una sociedad de nacionalidad brasile?a (Emissao)¡±. Entre enero y marzo de 2013, Inassa analiz¨® la sociedad sudamericana y determin¨® que hab¨ªa ¡°graves riesgos operativos, que pod¨ªan causar p¨¦rdidas potenciales debido a la falta de control¡±. El 3 de abril de 2013, el consejo de administraci¨®n de Canal Extensia aprob¨® la adquisici¨®n del 40% de Emissao a trav¨¦s de una sociedad llamada Soluciones Andinas de Agua. Se acord¨® desembolsar 15 millones de d¨®lares

En junio de 2013, Canal Extensia e Inassa adquirieron el 100% de las acciones de Soluciones Andinas (al 50%) por 5.500 euros. La cesi¨®n de las acciones se hizo por parte de dos sociedades denominadas Yavagango Investments Inc y Tana Investment Company. Pero ¡°a pesar de que se transmitieron todas la cuotas sociales¡± desde estas sociedades a las dos empresas del Canal, Yavango permaneci¨® como administrador de Soluciones Andinas, siendo necesaria su participaci¨®n en la toma de decisiones¡±.

En septiembre de 2013, Inassa aprob¨® comprar el 75% de Emissao por 31 millones de d¨®lares. En octubre Extensia hizo lo mismo por 29,5 millones. Unos d¨ªas despu¨¦s, la auditora KPMG puso de manifiesto ¡°una serie de deficiencias de control y gesti¨®n en Emissao, as¨ª como posibles contingencias fiscales¡±. El octubre de ese a?o, se firm¨® el contrato que preve¨ªa ¡°que parte de dichos pagos se har¨¢n en cuentas de bancos suizos¡± y desde una cuenta de Inassa en el Helm Bank Miami.

Los auditores indican que tras la operaci¨®n se detectaron en Emissao ¡°ajustes negativos¡± por 15,2 millones de d¨®lares y positivos por 8,4. Y eso que Emissao recibi¨® fondos por parte de Inassa por valor de 10,5 millones y las ¡°cuentas anuales de Inassa en 2015 reflejan un valor de cero euros por su participaci¨®n en Soluciones Andinas, mientras que las de Canal Extensia reflejan un valor de 3.000 euros¡±.

El bufete concluye que la operaci¨®n ¡°podr¨ªa no solo carecer de todas justificaci¨®n econ¨®mica, sino que existir¨ªan indicios de que el prop¨®sito de la misma fuese obtener unas ganancias o plusval¨ªas injustificadas de los vendedores¡±. Por ello, y a ra¨ªz de lo investigado, terminan: El juez debe investigar posibles ¡°delitos de administraci¨®n desleal en su modalidad de apropiaci¨®n indebida, junto con la posible malversaci¨®n de caudales p¨²blicos¡±. ¡°La concurrencia de otros posibles delitos depender¨¢ del resultado de la instrucci¨®n y de las personas que aparezcan como autoras de los hechos descritos, sin que sea posible avanzar cabalmente ninguna otra apreciaci¨®n preliminar¡±.