Nuevo juicio a un exconsejero del PP corrupto, esta vez por saquear la cooperaci¨®n
Blasco y su banda se quedaban hasta con el 50% de cada ayuda, seg¨²n la Fiscal¨ªa. Se enfrenta a 16 a?os de c¨¢rcel
Rafael Blasco, el exdirigente del PP convertido en sin¨®nimo de la ola de corrupci¨®n que afect¨® al partido en la Comunidad Valenciana, vuelve al banquillo de los acusados. La magistrada Nieves Molina, del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 21 de Valencia, ha decretado este jueves la apertura de juicio oral contra ¨¦l y otras 23 personas por el presunto y prolongado saqueo de los fondos destinados por la Generalitat valenciana al Tercer Mundo. Seg¨²n la Fiscal¨ªa, el exconsejero Blasco y su banda se quedaban hasta con el 50% de cada ayuda concedida.
Blasco ya cumple seis a?os de prisi¨®n en la c¨¢rcel de Picassent por malversar 1,8 millones de euros de dos proyectos de cooperaci¨®n en Nicaragua del a?o 2008. Ahora se enfrenta a una nueva petici¨®n de 16 a?os de prisi¨®n por quedarse con dinero de decenas de ayudas de la Consejer¨ªa de Solidaridad y Ciudadan¨ªa en los tres a?os siguientes.
Entre las iniciativas supuestamente vampirizadas figuran centros de acogida para ni?os hu¨¦rfanos en Per¨², proyectos para fomentar el empleo de mujeres en la Rep¨²blica Dominicana, planes para frenar la violencia sexual contra ni?os y reducir el contagio de sida en Guinea Ecuatorial, as¨ª como la construcci¨®n urgente de un hospital en Hait¨ª tras el terremoto de 2010.
Mano derecha de Camps
Rafael Blasco fue elegido por Francisco Camps cuando el entonces presidente valenciano viv¨ªa sus momentos m¨¢s bajos, en 2009, tras verse involucrado en el caso G¨¹rtel. A pesar de las sombras de corrupci¨®n que rodeaban a su consejero desde los a?os ochenta, Camps le dio grandes poderes en el Ejecutivo auton¨®mico y lo nombr¨®, adem¨¢s, portavoz del PP en las Cortes Valencianas. El expresidente protegi¨® a Blasco tras el estallido de lo que inicialmente se conoci¨® como caso Cooperaci¨®n, y, aunque lo dej¨® fuera de su Gobierno tras las elecciones de 2011, lo mantuvo como portavoz parlamentario. Un cargo en el que se sigui¨® hasta dos a?os despu¨¦s, cuando fue destituido por el sucesor de Camps, Alberto Fabra.
La juez cree que existen "indicios racionales de criminalidad contra todos los acusados". A Blasco le atribuye, en concreto, los delitos continuados de malversaci¨®n de caudales p¨²blicos, prevaricaci¨®n administrativa, falsedad en documento oficial cometido por funcionario p¨²blico y pertenencia a asociaci¨®n il¨ªcita u organizaci¨®n criminal.
La juez fija una fianza de responsabilidad para Blasco de 8,4 millones de euros. En caso de no prestarla, ordena que le sean embargados bienes suficientes para cubrirla. Para el conjunto de los acusados, establece fianzas que superan los 70 millones de euros.
Acompa?ar¨¢n en el banquillo a Blasco quienes entonces formaban su equipo directivo en la Consejer¨ªa de Solidaridad. Marc Llinares, jefe de ¨¢rea de Cooperaci¨®n; Agustina Sanju¨¢n, secretaria general administrativa y Josep Maria Felip, director general de Cooperaci¨®n.
El exconsejero intent¨® el a?o pasado alcanzar un acuerdo con Anticorrupci¨®n. Una negociaci¨®n en la que ofreci¨® el lujoso chal¨¦ que posee en Alzira, Valencia, a cambio de ser condenado a una pena m¨ªnima y no volver al banquillo que finalmente no prosper¨®.
El caso Blasco gener¨® un terremoto en el mundo de la cooperaci¨®n, especialmente en la Comunidad Valenciana, donde muchas organizaciones con larga experiencia en el campo se vieron perjudicadas por la gesti¨®n de Blasco y el grupo de falsas ONG supuestamente creada por su socio criminal, el empresario Augusto C¨¦sar Tauroni, que tambi¨¦n ser¨¢ juzgado.
Varias entidades denunciaron entonces la opacidad de la consejer¨ªa de Blasco, y la Coordinadora Valenciana de ONGD ejerce la acusaci¨®n popular en la causa junto al abogado Antonio Penad¨¦s, presidente de la asociaci¨®n Acci¨®n C¨ªvica contra la Corrupci¨®n.
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