Abren juicio a los dos exalcaldes del PP de Alicante acusados de ama?ar el urbanismo para Enrique Ortiz
El magistrado impone a los nueve procesados una fianza civil de 1,3 millones de euros

El juez Manrique Tejada ha acordado la apertura de juicio oral contra los exalcaldes del PP de Alicante Luis D¨ªaz Alperi y Sonia Castedo por ama?ar supuestamente el urbanismo de la ciudad a favor de Enrique Ortiz, uno de los empresarios que ha confesado la financiaci¨®n ilegal de este partido en el marco de la pieza valenciana del caso G¨¹rtel.
En un auto hecho p¨²blico este viernes, el magistrado exige a los pol¨ªticos, al promotor y a los otros seis acusados que depositen una fianza de 1.339.249 euros para indemnizar al Ayuntamiento en caso de condena. Esa cantidad es la que gast¨® la corporaci¨®n en los trabajos de revisi¨®n del fallido nuevo Plan General de Ordenaci¨®n Urbana (PGOU).
El titular del juzgado de Instrucci¨®n 5 de Alicante excluye expresamente de esta ¨²ltima resoluci¨®n al arquitecto que redact¨® el nuevo planeamiento, Jes¨²s Quesada, pues la Audiencia Provincial le exculp¨® hace unos meses y solo tendr¨¢ que comparecer en la vista como testigo.
Igualmente, el juez excluye de los delitos por los que ser¨¢ juzgado Ortiz el de aprovechamiento de informaci¨®n privilegiada, pues ¨¦ste ya fue eliminado en el auto de procesamiento. Esa limitaci¨®n podr¨ªa constituir uno de los puntos de debate en el futuro juicio. Tanto la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n como el Consistorio, que ejerce la acusaci¨®n particular, y Esquerra Unida (EU), personada como acusaci¨®n popular, s¨ª han incluido en sus respectivas calificaciones jur¨ªdicas dicho delito y piden c¨¢rcel por ¨¦l para el constructor.
La Fiscal¨ªa reclama inicialmente penas de diez a?os de prisi¨®n para los dos exalcaldes del PP y de ocho para Ortiz. El fiscal Felipe Briones acusa a los tambi¨¦n ex diputados auton¨®micos de delitos continuados de revelaci¨®n de informaci¨®n privilegiada, cohecho, prevaricaci¨®n y tr¨¢fico de influencias en esta causa derivada de la ¡®Operaci¨®n Brugal¡¯.
Seg¨²n su informe, ambos se plegaron completamente a los deseos del empresario para beneficiar sus ¡°enormes intereses¡± inmobiliarios. Se corrompieron supuestamente a cambio de regalos y favores personales ¡°que no se materializaban en actos puntuales¡± sino en un ¡°ofrecimiento permanente¡± de todo cuanto pod¨ªa ser de su agrado.
La acusaci¨®n p¨²blica cifra el importe de esas d¨¢divas en 453.157 euros, en el caso de D¨ªaz Alperi, por un viaje en jet privado a la isla de Creta, aportaciones de capital a la empresa de uno de sus hijos o sobornos en efectivo. En el caso de Sonia Castedo, la cifra ronda los 260.000 euros por viajes de ocio a Ibiza y Andorra, un coche o una chaqueta, entre otras cosas.
A cambio, los pol¨ªticos facilitaron, presuntamente, al constructor informaci¨®n reservada del nuevo PGOU, cuando el documento no hab¨ªa salido a exposici¨®n p¨²blica. O directamente ejercieron su influencia pol¨ªtica para que se recalificara suelo de su propiedad.
El juzgado que tramita esta causa concluye con el auto de apertura de juicio oral una compleja instrucci¨®n que inici¨® en 2010, despu¨¦s de que otro juez de Orihuela le remitiera parte de la investigaci¨®n principal contra una trama de supuesta corrupci¨®n pol¨ªtico-empresarial vinculada al negocio de la recogida de basuras.
El nuevo PGOU de Alicante, con el que el constructor podr¨ªa haber obtenido plusval¨ªas cercanas a los 42 millones de euros, seg¨²n un informe municipal, no vio la luz porque otro alcalde, el tambi¨¦n popular Miguel Valor, desisti¨® de su tramitaci¨®n ante la Generalitat Valenciana en febrero de 2015, tres meses despu¨¦s de que su antecesora, Sonia Castedo, dimitiera acorralada por su implicaci¨®n en esta causa.
Junto a Castedo, Ortiz y D¨ªaz Alperi, se sentar¨¢n en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Alicante otros seis acusados, entre ellos un hermano del empresario y otro de la exalcaldesa, para los que el Ministerio P¨²blico reclama penas de entre tres meses y diez a?os de c¨¢rcel.
Tras conocer el auto judicial, el portavoz municipal del grupo Guanyar Alacant, Miguel ?ngel Pav¨®n, ha asegurado que los antiguos pol¨ªticos del PP ¡°ya no tienen escapatoria¡±. Asimismo, ha acordado que su formaci¨®n ejerce la acusaci¨®n popular a trav¨¦s de EU, frente a la ¡°espantada¡± que ha protagonizado el PSPV-PSOE, al renunciar a seguir personado en el procedimiento.
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