Un ¡®president¡¯ para mantener el ¨®rdago
Junts per Catalunya propone utilizar la investidura para forzar al Gobierno a act¨²ar y as¨ª acusarlo de no respetar el resultado de las elecciones del 21-D
La decisi¨®n de Junts per Catalunya de presentar como candidato a presidente de la Generalitat a Jordi S¨¤nchez, que se encuentra en prisi¨®n preventiva por un supuesto delito de rebeli¨®n, sedici¨®n y malversaci¨®n, abre un nuevo enfrentamiento con el Estado. El Gobierno ve inviable que una persona con cargas judiciales sea el president. El Ejecutivo, sin embargo, tiene poco margen de maniobra para impedir el plan de los de Carles Puigdemont y deja en manos de la justicia la soluci¨®n del problema.
?Por qu¨¦ Puigdemont propone a S¨¤nchez como president? El plan del expresident fugado de la justicia espa?ola pasa por renunciar a liderar la Generalitat pero continuar su pulso con el Gobierno. Para ello propone como reemplazo al exl¨ªder de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y diputado de Junts per Catalunya, en prisi¨®n desde hace 135 d¨ªas. Con esta candidatura, Puigdemont busca forzar movimientos del Ejecutivo y de la justicia para impedir su investidura y as¨ª reforzar su relato de que el Estado no respeta el resultado del 21-D. Seg¨²n la ley de Presidencia, el nombramiento del president corresponde al Rey, tras ser investido.
?Puede S¨¢nchez ser investido? El informe de los letrados del Parlament sobre la investidura a distancia de Puigdemont concluy¨® que el candidato debe estar presente en la C¨¢mara para poder ser investido y que no es viable ni la elecci¨®n telem¨¢tica ni delegada. Por ello, si S¨¤nchez quiere ser elegido tendr¨¢ que pedir permiso al juez Pablo Llarena para que le deje acudir al pleno de investidura.
El instructor del Tribunal Supremo ha rechazado hasta ahora las peticiones de excarcelaci¨®n temporal formuladas por S¨¤nchez y Oriol Junqueras, los dos diputados electos que est¨¢n en prisi¨®n. El argumento principal es que la excarcelaci¨®n temporal podr¨ªa dar lugar a ¡°movilizaciones ciudadanas colectivas violentas¡± que pongan en peligro la convivencia ciudadana. Pero esos rechazos no pueden extrapolarse sin m¨¢s a la nueva situaci¨®n ya que Llarena considera que los presos preventivos no se pueden ver privados de sus ¡°derechos de representaci¨®n¡± y la prohibici¨®n de acudir a la investidura privar¨ªa en principio a S¨¤nchez del derecho a ser elegido. La situaci¨®n deber¨¢ resolverla el juez en un nuevo auto. El precedente de Juan Carlos Yoldi, preso de ETA al que se permiti¨® en 1987 acudir a un pleno del Parlamento vasco en el que HB le present¨® como candidato a lehendakari, juega a favor de S¨¤nchez. Pero la Fiscal¨ªa considera que ambas situaciones no son equiparables porque la excarcelaci¨®n puntual de Yoldi no implicaba riesgo de reincidencia delictiva y la de los l¨ªderes del proc¨¦s, s¨ª.
?Qu¨¦ ha dicho el juez Llarena sobre los derechos pol¨ªticos de los presos preventivos? El instructor del Supremo admiti¨® en un auto el 12 de enero que la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el Reglamento del Parlament solo contemplan como causas de suspensi¨®n de los ¡°derechos de representaci¨®n¡± de un diputado que haya una sentencia firme que imponga pena de prisi¨®n o un auto firme de procesamiento con orden de encarcelamiento. S¨¢nchez, que ahora es un preso preso preventivo no procesado, no puede ser privado de el derecho a ser diputado. Para garantizar ese derecho sin asumir los riesgos que, seg¨²n el juez, implica el traslado desde la c¨¢rcel al Parlament, el juez declar¨® la ¡°incapacidad prolongada¡± de los diputados presos para cumplir sus funciones parlamentarias, aunque les permite delegar el voto. Esta situaci¨®n impedir¨ªa tambi¨¦n a S¨¢nchez hacer tareas tan habituales para un jefe de Gobierno como ir a las reuniones del Ejecutivo, conceder entrevistas sin pedir permiso o conectarse sin restricciones a internet y usar el tel¨¦fono m¨®vil.
?Es efectiva una presidencia con estas limitaciones? Las dudas sobre la eficacia y viabilidad de una presidencia telem¨¢tica de Puigdemont desde Bruselas se repiten con el jefe del Ejecutivo catal¨¢n recluido en la prisi¨®n de Soto del Real. La ley de Presidencia establece que en ¡°caso de ausencia, enfermedad o impedimento¡± del l¨ªder del Ejecutivo ejerce su suplencia el vicepresidente o el consejero primero. Aceptar la prisi¨®n como ¡°impedimento¡± es una interpretaci¨®n laxa de la ley, si bien Llarena ya lo hizo as¨ª cuando se refiri¨® a la delegaci¨®n del voto. El presidente puede delegar casi todas las funciones menos, por ejemplo, convocar nuevas elecciones.
?Qui¨¦n podr¨ªa ser el candidato si no lo puede ser S¨¤nchez? Si es inviable la investidura de S¨¤nchez, Junts per Catalunya propondr¨ªa como candidato a Jordi Turull, que tambi¨¦n est¨¢ investigado por rebeli¨®n pero, tras pasar dos meses en prisi¨®n, se encuentra en libertad condicional. Jur¨ªdicamente no hay ninguna restricci¨®n para que Turull sea investido presidente mientras no haya una condena que le inhabilite para ejercer cargo p¨²blico. Las previsiones m¨¢s optimistas apuntan a que el juicio contra los l¨ªderes del proc¨¦s se celebrar¨¢ en oto?o y la sentencia estar¨¢ dictada antes de que acabe 2018. En ese momento, si el Supremo condena a Turull a una pena de inhabilitaci¨®n, tendr¨ªa que dejar el cargo. Ah¨ª se abrir¨ªa de nuevo el abanico de posibilidades y se ponen sobre la mesa nombres como el de la diputada y persona de confianza de Puigdemont, Elsa Artadi.
?Cu¨¢les son las condiciones para que se levante el 155 en Catalu?a? El Gobierno siempre ha defendido que solo acabar¨¢ con la intervenci¨®n de la Generalitat cuando haya un nuevo Ejecutivo auton¨®mico. El ministro de Justicia, Rafael Catal¨¢, dijo ayer que el mantenimiento del 155 depende tanto de qui¨¦n sea el futuro president como que el nuevo Govern cumpla la ley. La Moncloa dice que S¨¤nchez no est¨¢ en condiciones de ser presidente.
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