Aguas en mal estado

El pasado 21 de febrero, mientras representantes del tercer estado y pr¨ªncipes electores buscaban el pacto en tierras de Flandes, el Tribunal Supremo revocaba el contrato de concesi¨®n de la empresa p¨²blica Aig¨¹es Ter-Llobregat (ATLL) a un consorcio liderado por Acciona por mil millones de euros durante 50 a?os. La mayor privatizaci¨®n jam¨¢s realizada por un Gobierno catal¨¢n quedaba as¨ª tocada de muerte ¡°por la existencia de vicios en el procedimiento de licitaci¨®n no imputables a los licitadores¡±, seg¨²n el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (2015) o ¡°por violar la igualdad de condiciones en que ha de producirse la licitaci¨®n¡±, de acuerdo con el reciente fallo del Supremo. El tema no es menor, pues ATLL distribuye el agua en alta y abastece a m¨¢s de cuatro millones de personas que habitan Barcelona y su ¨¢rea metropolitana.

La justicia daba de esta manera al traste con el particular cuento de la lechera del Ejecutivo de Artur Mas sobre c¨®mo construir un pa¨ªs reduciendo en cinco d¨¦cimas el d¨¦ficit de Generalitat. Eran tiempos en que los convergentes ?¨Centonces soberanistas mayoritarios¨C pugnaban con el PP para ser los campeones del recorte. Catalu?a se debat¨ªa, seg¨²n el relato del nacionalismo oficial, entre ser la floreciente Holanda del sur o un emporio de casinos apadrinados por Sheldon Adelson, empe?ado en convertir una (autoproclamada) milenaria naci¨®n en la Mahagonny europea. Pero sigamos el curso del agua. El acuerdo entre la Generalitat y Acciona no tuvo efectos hasta las 23.59 horas del 31 de diciembre de 2012, un minuto antes de que sonaran esas doce campanadas que transformaron a la pecadora y malgastadora Generalitat en hermana mayor de la cofrad¨ªa del sagrado objetivo de d¨¦ficit.

Ahora, tras la sentencia del Supremo del 21 de febrero pasado, la perla de la corona de la privatizaci¨®n del extinto Govern dels millors va a costar un ojo de la cara al siempre culpabilizado erario p¨²blico. Recuperar la concesi¨®n supondr¨¢, al menos, 380 millones de euros, seg¨²n la provisi¨®n que realiz¨® el Gobierno catal¨¢n en 2014 pese a negar que hubiera reservado cantidad alguna. Este viaje a ninguna parte ilustra la chapuza que es capaz de cometer el poder democr¨¢tico cuando act¨²a m¨¢s por devoci¨®n privatizadora que por inter¨¦s p¨²blico. Claro que el mecanismo no sorprende por estos lares donde el comisionista corrupto suele disfrazarse en buen gestor a fuer de liberal.

El curso del agua no es cristalino, sino m¨¢s bien turbio. As¨ª lo demostraba un reciente informe de la Guardia Civil avanzado por este diario que pon¨ªa de relieve c¨®mo directivos de la empresa p¨²blica Acuamed y de la constructora FCC manipularon presuntamente informes t¨¦cnicos para evitar extraer los lodos t¨®xicos que quedaban en el pantano de Flix. De esta manera, pretend¨ªan dar por finalizada la obra de descontaminaci¨®n y que FCC cobrara los 36,9 millones de euros que reclamaba a Acuamed por los trabajos de limpieza de los residuos dejados por Ercros. Una ingeniera de la empresa p¨²blica que se neg¨® a plegarse al apa?o fue despedida. He aqu¨ª otro ejemplo de colaboraci¨®n p¨²blico-privado.

Un ¨²ltimo pelda?o de ese turbio y lodoso transcurrir del agua lo ha brindado una reciente auditor¨ªa de Barcelona Regional, que ha hallado sobrevaloraci¨®n de los activos aportados por Agbar en 2012 ¨Ccon Xavier Trias de alcalde de Barcelona¨C en la creaci¨®n de la empresa mixta ?p¨²blico-privada que suministra el agua a Barcelona y a 22 ciudades pr¨®ximas. Los activos en cuesti¨®n tienen, de acuerdo con la auditor¨ªa, un valor de 130 millones de euros y no de 476 millones, como declar¨® Agbar y acept¨® devotamente el ?rea Metropolitana de Barcelona. Por a?adidura, la adjudicaci¨®n del servicio, se halla pendiente de sentencia del Tribunal Supremo, pues fue hecha sin pasar por concurso p¨²blico. Entre 2008 y 2013, dos fundaciones de CDC ¨CCatdem y Barcelona F¨°rum- recibieron del grupo Agbar donaciones por m¨¢s de 1,5 millones de euros.

Renato Zangheri, que fue durante 13 a?os alcalde comunista de Bolonia, puso en funcionamiento en la capital de la entonces roja Emilia Romagna un aut¨¦ntico estado del bienestar para combatir las desigualdades. Para ello estableci¨® una fuerte descentralizaci¨®n, recurri¨® al d¨¦ficit para financiar los servicios y estableci¨® puentes de colaboraci¨®n con el sector privado, un aspecto que usan como bandera los detractores de la remunicipalizaci¨®n de servicios b¨¢sicos. Zangheri ten¨ªa claro que lo p¨²blico deb¨ªa embridar el ¨ªmpetu del negocio para que triunfase el inter¨¦s com¨²n. Todo aquello suced¨ªa en la Italia previa al estallido de la corrupci¨®n. Ahora, la supeditaci¨®n de la pol¨ªtica a la econom¨ªa convierte en quimera el modelo Bolonia a?os setenta. Y eso vale para los territorios del imperio espa?ol, incluyendo Flandes.