El soberanismo rearma un relato jur¨ªdico propio

La justicia ha sido el principal dique de contenci¨®n del independentismo. Los jueces han prohibido las dos consultas organizadas por el Gobierno catal¨¢n en apenas tres a?os (el 9-N y el 1-O) y han perseguido por la v¨ªa penal a sus promotores. Consciente de que el mundo judicial es su eslab¨®n m¨¢s d¨¦bil, el soberanismo ha tratado de armar su propia estructura jur¨ªdica. Al albur del proc¨¦s, han surgido media docena de entidades de segundo rango que, con diferentes objetivos y perfiles (las hay de abogados, de acad¨¦micos y de magistrados) intentan construir un relato alternativo a favor del derecho a decidir y promueven acciones contra el encarcelamiento de los l¨ªderes pol¨ªticos catalanes.

Catalu?a no es tierra de jueces. En la ¨²ltima promoci¨®n, de los 66 opositores solo cinco (el 7%) son catalanes. Tampoco es tierra de fiscales, procuradores o notarios. Y aunque las causas son dif¨ªciles de desentra?ar, Sergi Bl¨¢zquez tiene claro el diagn¨®stico: ¡°Siempre hemos tenido dificultades porque todo est¨¢ controlado desde Madrid, son familias hist¨®ricas. Y cuando aparecen jueces que abren la boca, como Santi Vidal o los 33 del derecho a decidir, los machacan¡±, opina el portavoz de Drets, una entidad que naci¨® poco antes de la consulta del 9 de noviembre de 2014 para interponer denuncias por ¡°catalanofobia¡± y que ha acabado defendiendo a independentistas por incitaci¨®n al odio, como el c¨®mico Toni Alb¨¤.

En febrero de 2014, 33 jueces y magistrados catalanes sostuvieron en un manifiesto que ¡°Catalu?a es una naci¨®n¡± y que el llamado ¡°derecho a decidir¡± cabe en la Constituci¨®n si ¨¦sta se interpreta ¡°desde una perspectiva din¨¢mica y viva¡±. La Polic¨ªa les investig¨®. Uno de esos jueces era Santiago Vidal, figura clave en los intentos por dise?ar una judicatura propia en una hipot¨¦tica Catalu?a independiente.

Vidal ejerc¨ªa entonces como magistrado de la Audiencia de Barcelona, aunque sus ilusiones estaban puestas en la independencia. En sus ratos libres, redact¨® un borrador de Constituci¨®n catalana, lo que le vali¨® tres a?os de suspensi¨®n. Entonces, los partidos se lo rifaron porque los jueces independentistas escasean. El Gobierno de Artur Mas lo fich¨® como asesor de Justicia, cargo que Vidal aprovech¨® para entrevistar a abogados sensibles a la causa y prometerles un futuro como jueces. El esc¨¢ndalo le oblig¨® a salir: recal¨® en ERC, y fue elegido senador. Pero tambi¨¦n tuvo que dimitir despu¨¦s de que EL PA?S revelara el contenido de unas conversaciones en las que confes¨® supuestas ilegalidades del Gobierno catal¨¢n a cuenta del proc¨¦s. Afirm¨®, por ejemplo, que hab¨ªa estudiado la ideolog¨ªa de la plantilla de jueces en Catalu?a -m¨¢s de 800- y que sab¨ªa qui¨¦nes ser¨ªan fieles (unos 300) a la Rep¨²blica. "Sabemos perfectamente cu¨¢les se quedar¨¢n y cu¨¢les se ir¨¢n".

La entidad ?gora Judicial, formada por jueces, rechaza que la prisi¨®n preventiva se base en que los investigados puedan tener o no una determinada ideolog¨ªa

El caladero de jueces afines lo busc¨® Vidal entre los magistrados interinos y sustitutos, aquellos que no disponen de plaza propia y est¨¢n en una situaci¨®n m¨¢s precaria. Los re¨²ne la Asociaci¨®n de la Judicatura Eventual Catalana (Ajudicat), una entidad ¡°de ¨¢mbito estrictamente catal¨¢n¡± auspiciada por Vidal. En el acto de presentaci¨®n, ¨¦ste les anim¨® a ¡°poner su granito de arena para que esto acabe de la mejor manera¡± -era una alusi¨®n a la consulta del 9-N- y les conmin¨® a "luchar no solo por los derechos profesionales, sino por que este pa¨ªs salga adelante". "Apoyamos abiertamente la constituci¨®n de un poder judicial catal¨¢n y una judicatura catalana", agreg¨® el presidente de Ajudicat, Fruit¨®s Richarte.

Parte de los jueces que firmaron el manifiesto de los 33 est¨¢n ahora integrados en ?gora Judicial, una asociaci¨®n nacida el pasado mes de enero. Una veintena de magistrados hab¨ªan abandonado Jueces por la Democracia al entender que hab¨ªa mantenido un posicionamiento tibio sobre la represi¨®n policial del refer¨¦ndum del 1 de octubre; la escisi¨®n fue un s¨ªntoma de la creciente tensi¨®n provocada por el proc¨¦s. Su portavoz, Francesc Xavier Gonz¨¢lez de Rivera, subraya que la entidad "no puede pronunciarse sobre el derecho a decidir", pero s¨ª sobre "decisiones judiciales". Como el encarcelamiento de los pol¨ªticos catalanes. ?gora Judicial - a la que pertenecen, entre otros, Maria Josep Feliu, que fue secretaria de relaciones con la administraci¨®n de la Generalitat tambi¨¦n bajo el gobierno Mas- sostiene que la prisi¨®n preventiva "no se puede basar en el simple hecho de tener o no tener los investigados una determinada ideolog¨ªa o la intenci¨®n de desarrollar una actividad pol¨ªtica", en alusi¨®n a los autos del juez Pablo Llarena que mantienen en prisi¨®n a Oriol Junqueras, Joaquim Forn y los Jordis.

En la misma onda que ?gora se sit¨²a el Colectivo Praga, que no est¨¢ formado por jueces sino por juristas: profesores y catedr¨¢ticos, algunos de Derecho Constitucional. El objetivo declarado de la plataforma es dar "argumentos jur¨ªdicos fundamentados" sobre el "derecho a decidir de la naci¨®n catalana". Para ejercerlo, sostienen, no hace falta ninguna reforma legal. La entidad anim¨® a los ciudadanos, pocos d¨ªas antes del 1-O, a mantenerse "firmes", y asegur¨® que el resultado de la consulta ser¨ªa "leg¨ªtimo" con una alta participaci¨®n. Tras el refer¨¦ndum, ha criticado las "violaciones de derechos humanos" en un manifiesto de 650 juristas que ha llevado a la ONU y al Consejo de Europa. El colectivo tambi¨¦n ha pedido la "liberaci¨®n inmediata" de los "presos pol¨ªticos". Su coordinadora es Merc¨¨ Barcel¨®, catedr¨¢tica de Constitucional en la Universidad Aut¨®noma de Barcelona: "Tenemos gente de derechos y de izquierdas, independentistas y no independentistas, pero creemos en los derechos de la ciudadan¨ªa. La unidad de Espa?a no puede servir para vulnerar esos derechos", opina Barcel¨®, quien agrega que el poder judicial "es el ¨²nico que no se ha descentralizado" y que "el Estado queda muy lejos en Catalu?a".

Los abogados son la cara m¨¢s visible de este magma jur¨ªdico cercano al soberanismo. "Ellos son m¨¢s te¨®ricos, pero nosotros somos m¨¢s de campo de batalla", tercia Bl¨¢zquez. Drets no es el ¨²nico actor. De hecho, existe una estrecha colaboraci¨®n entre algunas de esas entidades. Como Advocat's, una coordinadora que ha promovido diversas acciones en la calle: tres d¨ªas antes del 1-O, exigieron "respeto a la autodeterminaci¨®n" de Catalu?a frente a la sede del Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a; en noviembre, volvieron a salir con las togas para pedir la liberaci¨®n de los pol¨ªticos encarcelados. Los colegios profesionales con m¨¢s presencia son los de Girona, Vic, Matar¨®, Reus, Manresa o Figueres. Entre otras cosas, han defendido que Carles Puigdemont pod¨ªa ser investido president a distancia. Muchos de esos letrados formaron parte, durante la jornada del refer¨¦ndum, de un "equipo jur¨ªdico" coordinado por Drets para asesorar a ciudadanos y empresas y recordarles que votar "no es ning¨²n delito". "Preve¨ªamos que el 1-O habr¨ªa una actuaci¨®n de la Polic¨ªa y la Guardia Civil y que habr¨ªa detenciones", rememora Bl¨¢zquez.

La necesidad de mimar el ¨¢mbito judicial llev¨® a la Asamblea Nacional Catalana (ANC), organizadora de las Diadas multitudinarias de los ¨²ltimos a?os, a contar con una sectorial propia de ese ¨¢mbito: Juristes per la Independ¨¨ncia (JurCAT), que integra a "abogados, licendiados que trabajan en la Administraci¨®n, profesores de universidad, procuradores y alg¨²n notario", explica Josep Faiges, hasta hace poco coordinador de la sectorial, que constata la necesidad, para el independentismo, de "ser fuertes desdes el punto de vista del derecho".

La obsesi¨®n independentista por disponer de un corpus te¨®rico y, sobre todo, de un armaz¨®n judicial propio tuvo su traslado al ¨¢mbito institucional ya en plena puesta en marcha de las leyes de desconexi¨®n el a?o pasado. El exmagistrado del Tribunal Constitucional Carles Viver Pi i Sunyer coordin¨® un borrador que contemplaba un sistema de elecci¨®n de la c¨²pula judicial que, en la pr¨¢ctica, permit¨ªa al Govern controlar el poder judicial. El president, seg¨²n ese esquema, no solo nombrar¨ªa al fiscal general de Catalu?a sino tambi¨¦n al presidente del Supremo catal¨¢n. Adem¨¢s, inclu¨ªa la previsi¨®n de que los jueces que ya trabajan aqu¨ª tuvieran que volver a concursas por sus plazas, lo que indign¨® a sus asociaciones.