El Constitucional anula el reglamento que aplicaba el plan de la LOMCE para estudiar en castellano en Catalu?a

El Tribunal Constitucional ha derogado el reglamento que desarrolla el sistema de la LOMCE (Ley Org¨¢nica de Mejora de la Calidad Educativa) para garantizar la ense?anza en castellano en Catalu?a. El alto tribunal se ha reafirmado en la sentencia del pasado febrero en la que anulaba varios art¨ªculos de la LOMCE que obligaban a la Generalitat de Catalu?a a pagar ayudas econ¨®micas para que los ni?os se matriculasen en centros privados donde se estudiase en castellano, y ha declarado tambi¨¦n inconstitucional y nulo el Real Decreto 591/2014 que desplegaba el procedimiento dise?ado por la LOMCE.

Con esta sentencia, el Constitucional estima el conflicto de competencias presentado por la Generalitat al entender que el Gobierno central estaba invadiendo las atribuciones del Ejecutivo catal¨¢n en materia de ense?anza. En Catalu?a, la lengua vehicular en la ense?anza p¨²blica es el catal¨¢n y se imparte en castellano la asignatura de Lengua Castellana (dos horas semanales en primaria, tres en secundaria y dos en bachillerato). Seg¨²n lo dispuesto en la LOMCE, el Gobierno central obligaba a la Generalitat a abonar ayudas de unos 6.000 euros (un importe m¨¢ximo equivalente al coste de una plaza en un centro p¨²blico) a las familias que lo solicitasen para matricular a sus hijos en centros privados donde se asegurase el uso del castellano como lengua vehicular. Seg¨²n los datos facilitados por el Departamento de Ense?anza de la Generalitat, el Ministerio de Educaci¨®n abri¨® 154 expedientes de solicitud de estas ayudas durante los tres cursos que estuvo en vigencia ¡ª2014-2017¡ª y se estimaron 50 de ellas.

El alto tribunal ha recurrido al argumentario de la sentencia del pasado febrero para sustentar su decisi¨®n y, en la l¨ªnea de lo dictado hace poco m¨¢s de un mes, da carpetazo al procedimiento dise?ado en la LOMCE para garantizar el castellano como lengua vehicular en la escuela. La sentencia del pasado febrero, a la que se remite ahora de nuevo el Tribunal Constitucional, apunta a que el Gobierno central, a trav¨¦s de la Alta Inspecci¨®n de Educaci¨®n, excede los l¨ªmites constitucionales de intervenci¨®n en las competencias auton¨®micas. ¡°La intervenci¨®n directa de la alta inspecci¨®n [del Estado] en la escolarizaci¨®n de los alumnos en el territorio de la Comunidad Aut¨®noma de Catalu?a desborda de modo manifiesto la funci¨®n de comprobaci¨®n, fiscalizaci¨®n o verificaci¨®n que hemos considerado adecuada al marco constitucional¡±, sostienen los magistrados, que consideran que ha habido una ¡°indebida asunci¨®n directa y exclusiva por el Estado de una competencia de ejecuci¨®n propia de la Comunidad Aut¨®noma¡±.

El Real Decreto impugnado por la Generalitat y declarado ahora inconstitucional por el pleno del alto tribunal despliega el c¨®mo, a qui¨¦n y cu¨¢ndo reconocer el controvertido derecho a la compensaci¨®n de los gastos de escolarizaci¨®n en castellano, el procedimiento de liquidaci¨®n y pago por parte del Ministerio de Educaci¨®n y el procedimiento de repercusi¨®n a la administraci¨®n auton¨®mica de las cantidades pagadas.