Un juzgado imputa a la candidata socialista en Alicante de 2007, Etelvina Andreu
La causa deriva de la investigaci¨®n, archivada, sobre la financiaci¨®n del PSPV-PSOE y del Bloc
Un juzgado de Madrid ha citado a declarar como imputada a Etelvina Andreu, que fue candidata socialista a la alcald¨ªa de Alicante en el a?o 2007 y despu¨¦s directora general de Consumo del Ministerio de Sanidad en el Gobierno de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero, por los posibles delitos de prevaricaci¨®n y malversaci¨®n en la adjudicaci¨®n de un contrato por importe de 184.138 euros. El concurso de publicidad bajo sospecha fue a parar en 2008 a Crespo Gomar, una agencia de comunicaci¨®n con sede en Gandia (Valencia) que hab¨ªa participado en la campa?a electoral de Andreu del a?o anterior. Adem¨¢s de Andreu han sido llamadas en calidad de imputadas otras nueve personas.
El procedimiento que ha abierto el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 43 de Madrid se deriva de la causa por posible financiaci¨®n irregular del PSPV-PSOE y el Bloc ¡ªpartido integrado en Comprom¨ªs¡ª que la magistrada de Valencia Nieves Molina archiv¨® en enero al considerar que los posibles hechos estaban, en todo caso, prescritos.
La juez inici¨® aquella investigaci¨®n a instancias de la polic¨ªa, que en 2016 recibi¨® una denuncia del PP acompa?ada de documentos procedentes aparentemente de la contabilidad de Crespo Gomar. Esos papeles reflejaban que, supuestamente, diversos actos de las campa?as de 2007 del PSPV y el Bloc no fueron abonados a la agencia por las formaciones pol¨ªticas, sino por terceras empresas, significativamente constructoras.
Molina, la juez que desentra?¨® la trama dirigida por el exconsejero valenciano Rafael Blasco para malversar los fondos de la cooperaci¨®n y ha sobrese¨ªdo en tres ocasiones la investigaci¨®n sobre el accidente del metro de Valencia de 2006 ¡ªque la Audiencia Provincial le ha obligado despu¨¦s a reabrir¡ª, archiv¨® en enero pasado el procedimiento por financiaci¨®n irregular, pero dej¨® escrito en un auto que lo hac¨ªa por el paso del tiempo, ya que hab¨ªa observado indicios de delito.
La magistrada tambi¨¦n concluy¨® que tres adjudicaciones y una subvenci¨®n de Administraciones gobernadas por los socialistas de las que se benefici¨® la agencia de comunicaci¨®n Crespo Gomar en los a?os siguientes a las elecciones de 2007 presentaban irregularidades lo bastante graves como para constituir posibles delitos de prevaricaci¨®n y malversaci¨®n. Unos delitos que no habr¨ªan prescrito, porque sus plazos son mucho mayores que el de financiaci¨®n ilegal ¡ªt¨¦cnicamente delito electoral¡ª, y pidi¨® a los respectivos partidos judiciales que prosiguieran las investigaciones de las mismas.
Desde la ¨®ptica de la denuncia presentada en 2016 por Jos¨¦ Ciscar, presidente del PP de Alicante, y de la instrucci¨®n inicial realizado por la juez Molina, la adjudicaci¨®n en 2008 por parte del Ministerio de Sanidad del contrato de 184.138 euros a Crespo Gomar para hacer una campa?a de publicidad tuvo presuntamente como objeto pagar o, al menos, agradecer los servicios de la agencia de comunicaci¨®n. Pero ese extremo ha quedado fuera del ¨¢mbito de la investigaci¨®n.
Mesa de contrataci¨®n
Lo que se indaga ahora son las graves irregularidades que, seg¨²n Molina y la Fiscal¨ªa, rodearon aquella adjudicaci¨®n. Junto a Molina ha sido citada a declarar la entonces subsecretaria de Sanidad y Consumo, Consuelo S¨¢nchez Naranjo, y ocho componentes de la mesa de contrataci¨®n que adjudic¨® el contrato.
La causa de financiaci¨®n archivada en Valencia tiene cuatro ramificaciones que se mantienen abiertas. Adem¨¢s del de Sanidad, otro procedimiento afecta a la adjudicaci¨®n de un contrato de publicidad del Ministerio de Vivienda para el bienio 2009-2010 por importe de?126.208 euros, del que se ha hecho cargo el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 24 de Madrid.
Las otras dos investigaciones est¨¢n abiertas en un juzgado de Benidorm ¡ªpor una adjudicaci¨®n¡ª y en otro de Gandia ¡ªpor la subvenci¨®n a la compra de un inmueble¡ª.
El PSPV y el Bloc han presentado en las ¨²ltimas semanas los resultados de investigaciones internas, que han concluido que no existen indicios ni de financiaci¨®n irregular ni de delitos. La ¨²nica consecuencia personal ha sido la suspensi¨®n, de momento durante un mes, de Lluis Miquel Campos, entonces responsable de las finanzas del Bloc. Campos ha sido durante la presente legislatura jefe de gabinete de Enric Morera, dirigente del Bloc y de Comprom¨ªs y presidente de las Cortes Valencianas, que el viernes ha sido a declarar en el Senado en la comisi¨®n de investigaci¨®n sobre la financiaci¨®n de los partidos promovida por el PP.
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