El fiscal del Tribunal de Cuentas ve despilfarro e irregularidades contables en la Ciudad de la Justicia

La fiscal¨ªa del Tribunal de Cuentas ha redactado un informe en el que ve indicios de ¡°responsabilidad contable¡± en la gesti¨®n del fracasado megaproyecto de la Ciudad de la Justicia de Madrid, un complejo de 12 edificios judiciales que se iba a ubicar en unos terrenos de Valdebebas pero que nunca lleg¨® a cristalizar y que ha supuesto un despilfarro de 105 millones de dinero p¨²blico. El desarrollo de este fracasado proyecto fue ideado en 2005 por la expresidenta de Madrid Esperanza Aguirre y su exconsejero de Justicia Alfredo Prada. Para llevarlo a cabo, Aguirre cre¨® la sociedad Campus de la Justicia. El fiscal ha analizado un informe de la C¨¢mara de Cuentas de Madrid sobre esta sociedad y concluye, al igual que la C¨¢mara, que falta documentaci¨®n del proyecto, que pudo haber pagos excesivos e injustificados a proveedores, descontrol de cuentas e irregularidades en la contrataci¨®n de una veintena de empleados del Campus como altos ejecutivos y con sueldos que rondan los 5.000 euros.?

El fiscal ha enviado su informe al departamento que dirige la exministra del PP Margarita Mariscal de Gante, el n¨²mero 2, que se ha hecho cargo de la investigaci¨®n, cuya finalidad es ver si se ha destinado dinero p¨²blico a fines distintos de los legalmente previstos y, en su caso, reclamar su? devoluci¨®n a los responsables.

El desarrollo de este fracasado proyecto fue ideado en 2005 por la expresidenta de Madrid Esperanza Aguirre y su exconsejero de Justicia Alfredo Prada

Los 105 millones gastados in¨²tilmente en este fara¨®nico proyecto (la diferencia entre lo salido de las arcas p¨²blicas madrile?as, 130 millones, y el patrimonio neto actual del Campus, 25 millones) se invirtieron en actos de propaganda de lo que iba a ser y nunca fue la Ciudad de la Justicia, as¨ª como en infraestructuras est¨¦riles. En Valdebebas, bajo el secarral donde se iba a levantar esta ciudad judicial, se crearon casi 1,7 kil¨®metros de t¨²neles asfaltados que pretend¨ªan unir bajo el suelo los 12 edificios judiciales que conformar¨ªan la citada ciudad judicial. Los tuneles siguen ahi, pero inservibles.

Aguirre so?¨® en 2006 con una gigantesca ciudad judicial que aglutinase en una solo espacio geogr¨¢fico, sobre unos terrenos que dispon¨ªa la Comunidad en Valdebebas, al norte de Madrid, las 23 sedes judiciales que Madrid tiene hoy dispersas por la capital. La idea tambi¨¦n era ubicar all¨ª la Audiencia Nacional. Pero lleg¨® la crisis de 2008 y Aguirre decidi¨® paralizar el proyecto. Pero para entonces se hab¨ªan gastado 130 millones de euros en actos para anunciar por medio mundo el proyecto, en obras in¨²tiles y en sueldos de empleados casi sin cometido.

De los 12 edificios judiciales proyectados en el descampado de Valdebebas para levantar la Ciudad de la Justicia, que pretend¨ªa ser, seg¨²n indic¨® Aguirre, una de las m¨¢s grandes y lujosas del mundo, finalmente solo se levant¨® uno de ellos, acristalado y en forma de d¨®nut, que ahora se halla estado semirruinoso, el anat¨®mico forense. Este edificio, que sigue vac¨ªo, cost¨® 26 millones, ahora no vale m¨¢s de 16 y todav¨ªa supone una sangr¨ªa econ¨®mica para los ciudadanos: vigilar la instalaci¨®n sigue costando, todos los meses, casi 12.000 euros. Este edificio est¨¦ril iba a ser el nuevo anat¨®mico forense de Madrid, con 205 nichos. Dispone de una c¨¢mara de frio que ahora est¨¢ inservible y cuya reparaci¨®n costar¨ªa al menos seis millones de euros.

Bajo el secarral de Valdebebas donde se iba a levantar la ciudad judicial, se crearon casi 1,7 kil¨®metros de t¨²neles asfaltados que pretend¨ªan unir bajo el suelo los 12 edificios judiciales. La obra no sirvi¨® para nada

El fiscal jefe Miguel ?ngel Torres, bas¨¢ndose en el informe que le ha hecho llegar la C¨¢mara de Cuentas en Madrid sobre la frustrada Ciudad de la Justicia, revela que la sociedad Campus de la Justicia, pudo cometer supuestamente m¨²ltiples irregularidades. Por ejemplo, se nutri¨® de empleados con una retribuci¨®n media salarial de 5.000 euros y en la que casi todos ten¨ªan contratos de cargos directivos: de los 20 que lleg¨® a tener en 2007, casi todos eran jefes; apenas hab¨ªa dos administrativos.

Las anomal¨ªas que observa el fiscal son b¨¢sicamente de los primeros a?os de funcionamiento de la sociedad, cuando se gast¨® sin control casi todo el dinero. Solo por el dise?o de uno de los edificios, la sociedad Campus de la Justicia pag¨® diez millones al arquitecto Norman Foster, que ped¨ªa 13 millones, por adjudicaci¨®n directa. ¡°El importe contabilizado como pago al arquitecto fue de 13.718.136 euros, un importe muy similar al firmado en el acuerdo para el total del proyecto. Pero es de notar que la ¨²ltima fase del mismo, la construcci¨®n, ni siquiera lleg¨® a iniciarse¡±, describe el fiscal en su informe. Foster pidi¨® sus 13 millones por el dise?o, si bien finalmente cobr¨® algo m¨¢s de 10 millones.

La segunda etapa de este fracasado megaproyecto se inici¨® tras la dimisi¨®n de Aguirre en septiembre de 2012 y ya con Ignacio Gonz¨¢lez al frente de la Comunidad de Madrid. A trav¨¦s de su entonces consejero de Justicia Salvador Victoria, y tras el paso de la exconsejera Regina Pla?iol, la labor de Gonz¨¢lez se centr¨® b¨¢sicamente en liquidar la sociedad Campus de la Justicia. Durante su mandato, Gonz¨¢lez intent¨® aprovechar la infraestructura que ya exist¨ªa (todo qued¨® paralizado por la crisis de 2008) e ide¨® levantar en el mismo lugar una ciudad de la justicia menos ambiciosa. Pero lleg¨® Cristina Cifuentes a la presidencia de la Comunidad y tambi¨¦n bloque¨® esta segunda idea.

Al igual que la C¨¢mara de Cuentas, el fiscal jefe del Tribunal de Cuentas advierte que falta documentaci¨®n que respalde gran parte de los gastos acometidos. Sobre las operaciones y gastos relativos a 2009 y 2010, indica, por ejemplo, que ¡°no aparecen facturas de gastos sobre servicios exteriores de la sociedad (por ejemplo, luz, mantenimientos, etc¨¦tera) por importe de 901.000 euros, pese a que tales documentos deb¨ªan conservarse durante seis a?os¡±.

Pone el acento el fiscal en la pol¨ªtica de personal. Con pagos de indemnizaciones por despidos a trabajadores muy superiores a los que establece la ley. Pone como ejemplo, la indemnizaci¨®n por despido que recibi¨® el director financiero del Campus por el trabajo que realiz¨® entre el 17 de enero de 2005 y junio de 2009. Este director cobr¨® un salario durante ese tiempo de 5.100 euros. ¡°La cantidad contabilizada como indemnizaci¨®n ascendi¨® a 48.357 euros. Un c¨¢lculo somero", describe el fiscal, "llevar¨ªa a calcular una indemnizaci¨®n de al menos 64 d¨ªas de salario por a?o, sobrepasando, pues, de forma significativa la establecida en el Estatuto de los Trabajadores para un despido improcedente¡±. Muchos de los empleados eran amigos y conocidos tanto de Aguirre como del exconsejero Prada. El director de seguridad del Campus, por su parte, cobraba al mes 6.000 euros. Trabaj¨® solo dos a?os, pero se le indemniz¨® como si hubiese trabajado cuatro, destaca el fiscal en su informe.

Anuncios sin soporte documental

En la propaganda y anuncios sobre el proyecto tambi¨¦n ve el fiscal irregularidades. Constan decenas de miles de euros pagados en anuncios que carecen de soporte documental contractual y que ni siquiera hay certeza de si se realizaron ni qu¨¦ fue exactamente lo que se publicit¨®. Hay facturas, revela el fiscal, por importe de casi 25.500 euros, en gastos de representaci¨®n, ¡°sobre 400 servicios, 200 cenas y 200 de un c¨®ctel¡± en las que no se especifica el motivo del gasto. El fiscal cree que este gasto, aunque no est¨¢ claro, pudo deberse a la presentaci¨®n de las maquetas de los edificios judiciales que iban a crearse. La creaci¨®n de esas maquetas supuso un coste al Campus cercano a los dos millones de euros.

Para financiar la Ciudad de la Justicia Aguirre ide¨® vender dos edificios judiciales de Madrid. Uno de ellos, el que albergaba los juzgados de lo social de la calle de Hernani. Por ambos edificios la Comunidad percibi¨® casi 70 millones, pero el dinero ha acabado despilfarrado y la comunidad est¨¢ pagado ahora el alquiler del edificio al que hubo que llevar esos juzgados.