Cerrojazo al centro que aprob¨® a Cifuentes y Casado

El?rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Javier Ramos, se ha propuesto sepultar la fuente original de todas sus desdichas: el Instituto de Derecho P¨²blico (IDP). El centro, que lleva 15 a?os de andadura, est¨¢ en el foco de la cr¨ªtica desde que hace cuatro meses se cuestion¨® el m¨¢ster de Cristina Cifuentes. Al ruido medi¨¢tico se sum¨® pronto el posgrado de Casado de 2009 y, aunque la presidenta de Madrid dimiti¨® en abril, la tensi¨®n en la URJC no ha dejado de crecer. M¨¢s en torno al instituto, cerrado a cal y canto desde hace semanas, con sus tres administrativas despedidas y con tres de sus m¨¢ximos responsables ¡ªel director Enrique ?lvarez Conde y las profesoras Alicia L¨®pez de los Mozos y Cecilia Rosado¡ª investigados (antigua figura de imputados) por la presunta falsificaci¨®n del acta del trabajo de fin de m¨¢ster de Cifuentes. Hay otros 11 imputados.

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Desde marzo los compa?eros de la Facultad de Ciencias Jur¨ªdicas y Sociales solo se han cruzado con Rosado, que tambi¨¦n se ausent¨® con una baja m¨¦dica y que se acaba de reincorporar. A la profesora Clara Souto, que no reconoci¨® como suya la firma en el acta y no est¨¢ imputada, tampoco se la ve. La universidad se divide en cinco campus dispersos por los municipios del sur de Madrid y sus docentes peregrinan de uno a otro para impartir clase. Seg¨²n el profesorado, eso explica, que sea tan complicado encontrar a uno de ellos en su despacho en Vic¨¢lvaro. Pero el pasillo del IDP est¨¢ especialmente solitario. Unos tr¨ªpticos informativos de ediciones pasadas de sus m¨¢steres pegados junto a la puerta recuerdan que en un tiempo all¨ª hubo vida.

A finales de mayo, Ramos present¨® una denuncia en los juzgados de Instrucci¨®n de Madrid por un presunto delito de malversaci¨®n en la gesti¨®n econ¨®mica del instituto al detectar ¡°graves irregularidades econ¨®micas¡±.

Desde hace unas tres semanas, calculan otros docentes de la planta, el instituto est¨¢ cerrado. Antes pod¨ªan entrar al centro con una llave electr¨®nica, hoy bloqueada, sus administrativas y los profesores citados. Hoy se accede solo con motivo justificado y en presencia de un bedel. ¡°Ramos ha decidido hacer una limpia en el IDP. Que no quede nada del pasado y el presente¡±, se?ala un profesor que pide anonimato. Esta supuesta limpia incluye el despido de las tres administrativas, con estudios medios y edades comprendidas entre los 28 y los 57 a?os. Ninguna trabajaba en el organismo los a?os en los que los pol¨ªticos del PP cursaron el m¨¢ster y no son funcionarias.

El pasado 6 de junio las empleadas recibieron un certificado de extinci¨®n del contrato de trabajo al que ha accedido este diario. El propio rector firm¨® la carta ¡ªhabitualmente la tramita el gerente¡ª en la que se escind¨ªa la relaci¨®n laboral el 30 de junio. ¡°El IDP no ten¨ªa potestad para realizar esos contratos. La universidad ahora no puede asumir los que no cumplan los requisitos y procedimientos propios de las empresas p¨²blicas¡±, explica el gabinete de prensa de la URJC. Sin embargo, los motivos esgrimidos en las cartas de despido son dispares. En un caso aluden a esta falta de potestad del organismo, pero en otra arguyen la ¡°no superaci¨®n del per¨ªodo de prueba¡± y en la tercera se argumenta que era un contrato por obra y servicio (¡°cotejaci¨®n de expedientes acad¨¦micos¡±) ya acabado.

Las administrativas han pasado cuatro meses ag¨®nicos. Eran las ¨²nicas que daban la cara ante la prensa en un instituto en desbandada. Una de las mujeres, incluso, sufri¨® una crisis de ansiedad. El rector apart¨® en abril de la direcci¨®n del IDP a ?lvarez Conde ¡ªno puede cesarle¡ª y ocupa el puesto en funciones el profesor Pablo Acosta. Este, como las administrativas, ha tenido que firmar una cl¨¢usula de confidencialidad. ¡°Eso es propio de las universidades privadas americanas y Ramos, que estuvo all¨ª, lo copia¡±, sostiene un docente. ¡°Pero ese papel sobra. El Estatuto B¨¢sico del Empleo P¨²blico obliga a actuar con arreglo al principio de confidencialidad y la ley tipifica como delito la revelaci¨®n de secretos¡±.