RTVE como bot¨ªn

Hay general coincidencia en que uno de los principales aciertos del gobierno de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero fue establecer una radio y televisi¨®n p¨²blicas que respondieran al modelo constitucional. El instrumento jur¨ªdico que dio soporte a esta etapa fue la Ley 17/2006 que reflejaba los principios que se enunciaban en su pre¨¢mbulo: profesionalidad, independencia, neutralidad, transparencia, calidad. La clave radicaba en la elecci¨®n parlamentaria, por una mayor¨ªa de dos tercios, de sus ¨®rganos de administraci¨®n y gobierno.

En el pre¨¢mbulo de esta ley de 2006 se dec¨ªa que lo dispuesto en la misma ¡°se correspond¨ªa con una l¨®gica constitucional ¨ªntimamente ligada a la din¨¢mica de nuestro sistema de gobierno¡±, en definitiva, que los medios de comunicaci¨®n p¨²blicos no deb¨ªan ser instrumentos del Gobierno de turno sino, dentro del marco de la ley, estar dotados de la autonom¨ªa suficiente para que fueran instrumento de la sociedad. Para ello, se dec¨ªa en dicho pre¨¢mbulo, era necesario que en sus ¨®rganos directivos ¡°participase siempre la oposici¨®n¡±, una regla que constitu¨ªa ¡°un principio estructural del funcionamiento de RTVE y uno de los fundamentos de la instauraci¨®n de un modelo de radio y televisi¨®n p¨²blica, independiente, plural, viable y de calidad¡±.

Esto dur¨® s¨®lo seis a?os. El gobierno Rajoy cambi¨® el sistema mediante el Decreto-ley 15/2012 que, alegando m¨¢s o menos lo mismo que el reci¨¦n aprobado Decreto-ley del gobierno S¨¢nchez, supuso una vuelta a una radio y televisi¨®n de control gubernamental. Quiz¨¢s ello no se not¨® excesivamente ¡ªsi lo comparamos en sectarismo con Catalunya Radio y TV3 la distancia es sideral¡ª debido a la profesionalidad de muchos de sus periodistas, pero el mango de la sart¨¦n volv¨ªa a estar en manos del ejecutivo.

Sin embargo, al perder Rajoy la mayor¨ªa absoluta, se abri¨® la posibilidad de efectuar una vuelta a los principios que inspiraron la ley Zapatero, estableciendo incluso mayores garant¨ªas de calidad, independencia y profesionalidad. En efecto, la Ley 5/2017, de 29 de septiembre pasado, cumpl¨ªa con todas las exigencias de un buen modelo de medios de comunicaci¨®n p¨²blicos. Pero ¡°del dicho al hecho hay un buen trecho¡±. A pesar de que se establec¨ªan plazos para que las nuevas previsiones legales se cumplieran, los partidos parlamentarios dominantes retrasaron su aplicaci¨®n. No se nombr¨® a tiempo la comisi¨®n de expertos que deb¨ªa iniciar el proceso y as¨ª se lleg¨® hasta el inesperado cambio de gobierno. Parec¨ªa que hab¨ªa llegado el momento de aplicar la buena ley aprobada en septiembre pero, seg¨²n c¨¢lculos partidistas, cab¨ªa el riesgo de no controlar al director de RTVE.

As¨ª, en lugar de acelerar la aplicaci¨®n de la ley vigente, est¨¢ fue derogada ¡°de forma provisional¡± ¡ªy ya sabemos lo que duran las normas provisionales¡ª por un Real Decreto-ley del pasado 22 de junio, totalmente injustificado desde el punto de vista de la ¡°extraordinaria y urgente necesidad¡± que, seg¨²n la Constituci¨®n, requieren este tipo de normas. Este decreto-ley establece un proceso de nombramientos de la alta direcci¨®n del medio p¨²blico que se ajusta exactamente a la composici¨®n del Congreso y del Senado para que salgan elegidos los afectos al Gobierno y las formaciones que votaron a S¨¢nchez en la moci¨®n de censura. Cada uno saca tajada de ah¨ª: a Podemos se le da el control del medio p¨²blico y a los nacionalistas catalanes, a cambio, se les allana la negociaci¨®n. A cada uno lo suyo.

Las prisas de estos d¨ªas, los cambios de propuesta del director, las declaraciones de unos y otros e, incluso, la calidad t¨¦cnica de los candidatos, han sido un espect¨¢culo bochornoso del que los medios han informado con detalle.

La partitocracia se ha impuesto una vez m¨¢s y la esperanza en que la nueva mayor¨ªa parlamentaria impulse una regeneraci¨®n democr¨¢tica se ha esfumado. De nuevo, llegar el Gobierno, contrariamente a lo establecido por las normas legales, es obtener con un ileg¨ªtimo bot¨ªn, ocupar cargos que no corresponden al gobierno porque, precisamente, est¨¢n para controlarlo. Tambi¨¦n, una vez m¨¢s, se comprueba que las normas jur¨ªdicas se vulneran cuando se est¨¢ en el poder, a pesar de criticar este comportamiento cuando se est¨¢ en la oposici¨®n. El voto de los ciudadanos es el ¨²nico recurso para que hechos tan vergonzosos como ¨¦ste no suceden y los gobiernos respeten las reglas de la democracia. Si no, todo es muy desmoralizante, parece que se comporten igual los ¡°hunos¡± y los ¡°hotros¡±, como dec¨ªa Unamuno.