Gobierno y Generalitat pactan reactivar parcialmente la ley catalana antidesahucios

Las normativas catalanas antidesahucios que el PP hab¨ªa recurrido parcialmente ante el Tribunal Constitucional ser¨¢n reactivadas parcialmente tras un acuerdo entre el Gobierno central y la Generalitat. As¨ª lo anunci¨® ayer el consejero de Territorio y Sostenibilidad del Govern, Dami¨¤ Calvet. El Ejecutivo de Pedro S¨¢nchez, sin embargo, mantendr¨¢ el recurso respecto a dos puntos de la ley 24/2015 y por lo tanto el Constitucional tendr¨¢ que pronunciarse sobre su legalidad. El pacto entre ambas Administraciones reactiva medidas como el realojamiento por parte los bancos de las familias desahuciadas.

La retirada de recursos sobre estas leyes de car¨¢cter social era una de las peticiones hechas por el Gobierno de Quim Torra en el marco de la negociaci¨®n con S¨¢nchez. Esta ley hab¨ªa surgido de una Iniciativa de Legislaci¨®n Popular promovida por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y la Alianza contra la Pobreza Energ¨¦tica (APE) y la semana pasada varios colectivos y entidades reclamaron al PSOE que retirara completamente el recurso, tal y como se hab¨ªa comprometido.

Los equipos jur¨ªdicos del ministerio de Pol¨ªtica Territorial y del departamento de Territorio y Sostenibilidad negociaban desde hace semanas un acuerdo interpretativo para poder desbloquear la ley. El anterior Gobierno del PP recurri¨® la parte referente a los desahucios de la norma por considerar que invad¨ªa competencias del Estado en tanto inclu¨ªa cambios en los mecanismos judiciales vinculados a los desahucios y en la regulaci¨®n del derecho de propiedad.

Calvet lament¨® que no se pudiera pactar una retirada total del recurso pero puso en valor que se recuperara un aspecto que considera fundamental en la asistencia a las familias desahuciadas: la obligaci¨®n de que los bancos tengan que ofrecer un alquiler social a los afectados por la ejecuci¨®n hipotecaria. La Generalitat tambi¨¦n podr¨¢ desarrollar mecanismos para mediar en el caso de desalojo y podr¨¢ expropiar temporalmente viviendas de grandes tenedores que lleven dos a?os vac¨ªas.

Esto implica, a la pr¨¢ctica, que la entidad bancaria permita que la familia se quede siempre y cuando pague un alquiler social. El acuerdo interpretativo con el Gobierno pasa entonces porque la Generalitat desarrolle una normativa que establezca una escala de precios.

Respecto a la expropiaci¨®n, el Tribunal Constitucional ya ha ido levantando progresivamente vetos a leyes similares en Extremadura o Valencia, aceptando la expropiaci¨®n temporal por causas de inter¨¦s social y ubicadas en poblaciones con necesidades residenciales acreditadas. Con todo, el Gobierno de S¨¢nchez s¨ª mantendr¨¢ el recurso sobre las subrogaciones de hipotecas y las daciones en pago. Es el Consejo de Ministros el que debe dar luz verde a la retirada parcial del recurso, algo que las partes esperan suceda en noviembre, previa formalizaci¨®n en la subcomisi¨®n bilateral Estado-Generalitat.