De ni?a inmigrante protegida a mujer adulta en la calle en solo un d¨ªa
Un juez obliga a la Comunidad de Madrid a readmitir en un centro de acogida a una joven marroqu¨ª
El lunes, Samira era una menor de edad abrazada a un oso de peluche y el martes, una mujer adulta en la calle. Un fiscal ha decretado que esta ni?a marroqu¨ª de nombre ficticio y que lleg¨® en patera a C¨¢diz en julio es mayor de edad, aunque su documentaci¨®n diga lo contrario. La decisi¨®n de la fiscal¨ªa lleg¨® al centro de menores de Madrid donde estaba acogida desde agosto y all¨ª le comunicaron la novedad: al d¨ªa siguiente estar¨ªa fuera. Un juez ha obligado ahora al centro de menores a reingresar a la joven hasta que se aclare definitivamente su edad.
"Un educador me dio un abono de metro con tres viajes y la direcci¨®n de un albergue¡±, cuenta en ¨¢rabe Samira mostrando la referencia del papel que le entregaron, un centro para personas sin hogar. Tambi¨¦n estaba el n¨²mero del Samur social al que no llam¨®, dice, por miedo a dormir con gente mayor.
Desde que lleg¨® en patera a La L¨ªnea de la Concepci¨®n huyendo de la pobreza nadie hab¨ªa puesto en duda su edad. Fue inscrita en el registro como una m¨¢s de los 11.000 menores extranjeros no acompa?ados que el Ministerio del Interior mantiene que hay en Espa?a. Pas¨® brevemente por dos centros de menores en Andaluc¨ªa y lleg¨® a Madrid, donde siempre quiso estar, en agosto. Fue aqu¨ª donde su madre envi¨® la documentaci¨®n original que atestigua su edad, 16 a?os cumplidos en junio. Remiti¨®, asegura, su partida de nacimiento, un certificado de empadronamiento con foto y una copia compulsada del libro de familia.
Ninguno de esos documentos se tuvo en cuenta en la determinaci¨®n de la edad de la peque?a, una serie de pruebas m¨¦dicas a las que se le someti¨® como paso previo a una declaraci¨®n de desamparo que permitir¨ªa a la Comunidad de Madrid asumir su tutela despu¨¦s de casi cuatro meses en Espa?a (en teor¨ªa las tutelas deber¨ªan ser inmediatas). El informe que elaboran los m¨¦dicos no es vinculante y es el fiscal quien tiene la ¨²ltima palabra.
Al considerarla mayor de edad, la Administraci¨®n ya no tiene obligaci¨®n de proteger y acoger a Samira y sigui¨® el protocolo: si la fiscal¨ªa determina que es adulta no puede permanecer en un centro de menores. ¡°La Comunidad no puede actuar de otra manera a lo dispuesto por la fiscal¨ªa. Son los servicios sociales de los ayuntamientos los que tienen que dar una respuesta a las necesidades b¨¢sicas de estas personas¡±, afirma un portavoz. Un conocido marroqu¨ª la salv¨® de dormir en la calle este martes, pero despu¨¦s, le advirti¨®, tendr¨ªa que buscarse la vida.
Fallos en el sistema
Las pruebas de determinaci¨®n de edad para los menores extranjeros no acompa?ados son una cuesti¨®n conflictiva desde hace a?os. Solo ahora y ante la llegada de cientos de ni?os inmigrantes, el Ministerio de Sanidad est¨¢ abordando el tema con las comunidades aut¨®nomas. El atlas de Greulich y Pyle es una de las recopilaciones de radiograf¨ªas de mu?ecas m¨¢s utilizadas por la comunidad m¨¦dica internacional para determinar la "edad ¨®sea" de un individuo. Este estudio, recuerdan sus cr¨ªticos, es de los a?os cincuenta y tiene como muestra menores cauc¨¢sicos estadounidenses, de clase media y nacidos a principio del siglo pasado.
Seg¨²n el art¨ªculo 35 de la ley de extranjer¨ªa, las pruebas de edad se realizar¨¢n a todo aquel ¡°extranjero indocumentado cuya minor¨ªa de edad no pueda ser establecida con seguridad¡±. Sin embargo, se realizan habitualmente las pruebas a menores con pasaporte con el argumento de la escasa fiabilidad de los documentos de algunos pa¨ªses. En 2014, el pleno de la Sala Civil del Tribunal Supremo dictamin¨® que estos ex¨¢menes m¨¦dicos no pod¨ªan generalizarse y que el pasaporte y dem¨¢s documentos oficiales de identidad deb¨ªan ser considerados pruebas v¨¢lidas salvo que exista ¡°justificaci¨®n razonable¡± para sostener lo contrario.
El Defensor del Pueblo recibe constantemente quejas relativas a estas pruebas, criticadas por especialistas por su amplio margen de error ¡ªde hasta dos a?os¡ª, entre otras deficiencias. ¡°A la vista del tiempo transcurrido y el n¨²mero de quejas que no deja de crecer, esta instituci¨®n considera que ha llegado el momento de hacer una revisi¨®n en profundidad del sistema existente¡±, demand¨® el Defensor del Pueblo en su ¨²ltimo informe. Para ilustrar los fallos del sistema, la instituci¨®n expuso en un informe monogr¨¢fico de 2011 el caso de un joven que hab¨ªa entrado y salido de la red de protecci¨®n tres veces en tres meses en base a pruebas m¨¦dicas contradictorias. Preguntada, la Fiscal¨ªa General no tiene informaci¨®n sobre la situaci¨®n de esta ni?a.
El caso de Samira es de "especial indefensi¨®n", denuncia Lourdes Reyz¨¢bal, directora de la Fundaci¨®n Ra¨ªces que presta asistencia jur¨ªdica a ni?os, ni?as y j¨®venes en situaci¨®n de vulnerabilidad hace m¨¢s de 20 a?os. A Samira la expulsaron del centro de menores sin mostrarle los informes que han determinado su nueva edad y, sobre todo, sin un cese de tutela, el documento que podr¨ªa usar en un juzgado para recurrir.
¡°La Comunidad de Madrid ha tenido bajo el techo de su centro a esta ni?a durante casi tres meses y ni ha decretado su situaci¨®n de desamparo, ni la ha tutelado. Por eso lo ¨²nico que le ha dado al echarla ha sido un papel que dice que se le da de baja por un decreto de mayor¨ªa del fiscal. Esta actuaci¨®n es nula de pleno derecho y deja a Samira sin poder demandar su derecho a protecci¨®n y le niega cualquier posibilidad de defender su minor¨ªa de edad ante cualquier juzgado ordinario¡±, mantiene Reyz¨¢bal.
Samira, sin tener donde dormir, rezaba esta pasada noche de muertos mirando al techo del juzgado de guardia de Plaza de Castilla. La Fundaci¨®n Ra¨ªces jug¨® la ¨²nica carta que ten¨ªa: pedir a un juez que obligase al centro a readmitir a la ni?a hasta que, por la v¨ªa que corresponda, se aclare su identificaci¨®n. As¨ª lo determin¨® pasada la una de la madrugada y Samira lloraba de alegr¨ªa y de cansancio. Le temblaban las manos. Al menos esta noche, y tras sortear a un pu?ado de ni?os que dorm¨ªan en el pasillo, le dejaron un sitio en el suelo donde echarse a dormir.
Hacinamiento y problemas de seguridad
El centro de primera acogida de Hortaleza donde est¨¢ Samira cautelarmente lleva colapsado desde hace m¨¢s de un a?o. Los trabajadores del centro han denunciado p¨²blicamente la situaci¨®n. En un espacio para 35 menores hay hacinados m¨¢s de 120. Las im¨¢genes de los muchachos durmiendo en los pasillos y en las zonas destinadas a la cocina o el aula se hicieron virales. La Consejer¨ªa de Pol¨ªticas Sociales de la Comunidad de Madrid reconoce el problema, aunque lo achaca a una supuesta ¡°oleada de inmigraci¨®n¡± de la que responsabiliza al Gobierno central. La Comunidad ha comenzado los tr¨¢mites para crear un nuevo centro de menores. ¡°Estamos realizando un esfuerzo presupuestario importante (13,9 millones anuales) y, a pesar de que no dejamos de crear plazas, no damos abasto¡±, dice una portavoz.
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