El supuesto enchufe de una familiar de Carmela Silva ir¨¢ a juicio en enero

El funcionario del Ayuntamiento de Vigo Francisco Javier Guti¨¦rrez Orue, y el que fue gerente de la concesionaria municipal Imesapi, Ram¨®n Comesa?a, ser¨¢n juzgados por el tribunal de la secci¨®n quinta de la Audiencia de Pontevedra con sede en Vigo por contratar de forma irregular, entre 2008 a 2013, a Vanesa Falque, cu?ada de la presidenta de la Diputaci¨®n de Pontevedra, la socialista Carmela Silva. La vista se celebrar¨¢ el 22 y 23 de enero y el fiscal solicita para el funcionario ocho a?os de prisi¨®n y siete para el exgerente de la concesionaria que supuestamente ama?¨® del contrato bajo sospecha por la comisi¨®n de supuestos delitos de prevaricaci¨®n, malversaci¨®n y falsificaci¨®n de documentos p¨²blicos.

El caso llega a juicio tras una denuncia de la plataforma ciudadana Xuntos por Galicia (que se escindi¨® de Podemos para convertirse en Xuntos Act¨²a) y despu¨¦s de que en junio de 2016 la juez instructora retirara la imputaci¨®n contra Falque, el edil socialista Santos H¨¦ctor y otros responsables de la concesionaria municipal al haber prescrito el delito de tr¨¢fico de influencias que investigaba. El fiscal considera que el acusado Francisco Guti¨¦rrez, funcionario jefe del departamento de Participaci¨®n Ciudadana, "ide¨® un plan" para dar trabajo a Vanesa Faque, "mujer muy af¨ªn a un miembro del gobierno local", en referencia a Carmela Silva, teniente de alcalde de Vigo antes de acceder a la presidencia de la Diputaci¨®n.

Sostiene en su escrito de acusaci¨®n que este funcionario requiri¨® a Imesapi para que la emplease a pesar de que esta empresa (concesionaria de los servicios de atenci¨®n y conserjer¨ªa en los centros c¨ªvicos municipales) no necesitaba a m¨¢s personal. Expone tambi¨¦n el fiscal que para que Imesapi pagase el salario a Falque, "ambos acusados idearon un plan" por el que la empresa facturaba al Ayuntamiento diversas cantidades a trav¨¦s del "uso fraudulento" del procedimiento de contratos menores, para la realizaci¨®n de unas encuestas de calidad. Seg¨²n la Fiscal¨ªa, esas encuestas fueron realizadas, aunque no por la empresa, pese a lo cual Imesapi elabor¨® las facturas de forma "mendaz" y las cobr¨®.

La acusaci¨®n p¨²blica considera, por estos hechos, que Francisco Javier Guti¨¦rrez incurri¨® en los delitos de prevaricaci¨®n, malversaci¨®n y falsedad en documento mercantil. Por el primero de ellos, pide que sea condenado a 10 a?os de inhabilitaci¨®n; por el segundo, reclama una pena de cinco a?os de c¨¢rcel y 20 a?os de inhabilitaci¨®n absoluta; y por la falsedad documental, pide la condena de tres a?os de prisi¨®n y multa de 10.800 euros.

Adem¨¢s, entiende que Ram¨®n Comesa?a fue cooperador necesario en los delitos de malversaci¨®n y falsedad y pide que sea condenado a cuatro a?os de prisi¨®n e inhabilitaci¨®n absoluta durante 20 por el delito de malversaci¨®n; y tres a?os de prisi¨®n y 10.800 euros de multa por el delito de falsedad documental. Tambi¨¦n reclama que ambos acusados indemnicen al Ayuntamiento en 108.147,22 euros por el coste de las encuestas facturadas.

La acusaci¨®n popular de la organizaci¨®n Xuntos por Galicia acusa al funcionario y al gerente de la concesionaria de los mismos delitos que la Fiscal¨ªa, aunque pide penas m¨¢s severas. As¨ª, reclama para Francisco Guti¨¦rrez 15 a?os de inhabilitaci¨®n por un delito continuado de prevaricaci¨®n, ocho a?os de c¨¢rcel y 20 de inhabilitaci¨®n por un delito continuado de malversaci¨®n, y cinco a?os de c¨¢rcel y otros cinco de inhabilitaci¨®n y multa de 18.000 euros por un delito de falsedad. Para Comesa?a, solicita la pena de ocho a?os de prisi¨®n y 20 de inhabilitaci¨®n por un delito continuado de malversaci¨®n; y cinco a?os de c¨¢rcel, otros cinco de inhabilitaci¨®n y multa de 30.000 euros por un delito de falsedad documental.