Tregua invernal contra los cortes de luz

Encarna recibi¨® 138 llamadas telef¨®nicas en tres meses. La advert¨ªan de que le embargar¨ªan las cuentas bancarias y de que figurar¨ªa en el registro de morosos. Encarna deb¨ªa 600 euros a Endesa y la compa?¨ªa contrat¨® a un competente bufete de abogados que religiosamente la telefoneaba por lo menos una vez al d¨ªa. Otras modalidades de presi¨®n empleadas por los persistentes abogados consist¨ªan en enviar cartas en confusa terminolog¨ªa jur¨ªdica, lo que incrementaba la angustia de la familia, o simular una demanda con el nombre de la titular, como si de una denuncia judicial se tratara, seg¨²n aseguran desde la Alianza contra la Pobreza Energ¨¦tica. El S¨ªndic de Greuges inst¨® hace unos d¨ªas a las grandes compa?¨ªas a no poner en manos de terceros estas reclamaciones que, con deje siciliano, martillean a familias en situaci¨®n de vulnerabilidad.

La en¨¦sima llamada a la conciencia de las el¨¦ctricas es necesaria, pero no deja de ser tan ingenua como la pretensi¨®n de las Brigadas Rojas de querer herir el coraz¨®n del Estado. Los terroristas italianos no se hab¨ªan apercibido ¡ªcomo subrayaba Umberto Eco¡ª de que el Estado ya no era el decimon¨®nico, adem¨¢s de no tener coraz¨®n.

El caso es que en la era de la globalizaci¨®n el Estado es cada vez m¨¢s insignificante frente a los poderes econ¨®micos. Y mientras las doctrinas de desamparo de lo social crecen y se multiplican, no tiene nada de extra?o que el desencuentro entre las grandes compa?¨ªas el¨¦ctricas y la Generalitat sea tal que en tres a?os no se haya firmado ni un solo convenio con la Administraci¨®n catalana respecto a prevenci¨®n de la pobreza energ¨¦tica y a la protecci¨®n del eslab¨®n m¨¢s castigado por la crisis. La ministra de Transici¨®n Ecol¨®gica, Teresa Ribera, ha dado t¨ªmidos pasos desde el Gobierno central para afrontar el asunto. El fin del impuesto al sol y la extensi¨®n del bono social del Ejecutivo de Mariano Rajoy son necesarios, pero no suficientes. El propio Ministerio de Industria en la memoria justificativa de ese decreto en 2017 aseguraba que era improbable que la totalidad de quienes ten¨ªan derecho al bono social se acogiesen a ¨¦l y situaba esa tasa de aceptaci¨®n en un 45%, por debajo de la mitad de quienes superasen la carrera de obst¨¢culos burocr¨¢ticos. Como muestra un bot¨®n asambleario: no bastaba con que la rebaja fuera solicitada por el titular del servicio: era preciso que lo hicieran los mayores de 16 a?os que habitaban la vivienda.

Espa?a deber¨ªa seguir la estela de la ley catalana 24/2015 y, al igual que Francia, impulsar la treguas invernales que proh¨ªben los cortes de energ¨ªa y los desahucios durante los meses m¨¢s fr¨ªos de a?o. Pero la evidencia indica que estamos lejos de interpretar las directivas de la Uni¨®n Europea de 2003 y 2009 al modo franc¨¦s. Y, como casi siempre que hay situaciones de emergencia social, son los gobiernos municipales los que afrontan la situaci¨®n y se erigen en valedores de esa ley. El Gobierno de Torra, melanc¨®lico y ausente, ve pasar el invierno detr¨¢s de los cristales. No es una novedad, pues ya en 2017 el Ejecutivo de Carles Puigdemont dej¨® de invertir el 40% de lo presupuestado para pobreza energ¨¦tica.

Hace unos d¨ªas, el Ayuntamiento de Barcelona anunci¨® que hab¨ªa impuesto 13 sanciones ¡ªocho de ellas este a?o y en su mayor¨ªa a Endesa¡ª por 430.000 euros. Solo en la capital catalana 50.000 personas han pasado por los puntos de asesoramiento energ¨¦tico dispuestos en el municipio. El gobierno de la ciudad ha evitado, seg¨²n la teniente de alcalde de Derechos Sociales, Laia Ortiz, 10.000 cortes de luz gracias a la ley que hace preceptivo un informe de los servicios sociales antes de la actuaci¨®n dr¨¢stica de la compa?¨ªa el¨¦ctrica. Hay que actuar ante la constataci¨®n de que solo en Barcelona 170.000 personas no pueden mantener sus hogares a la temperatura adecuada. Las grandes empresas el¨¦ctricas han aumentado sus tarifas un 36% desde 2014 (un 10,8% en 2017). El invierno est¨¢ aqu¨ª y hay pocas maneras mejores de expresar el patriotismo que arrimar el hombro, cumplir la ley y destinar una peque?a parte de esos 5.600 millones de euros de beneficios que en 2017 obtuvieron las grandes compa?¨ªas. Por cierto, gracias a pap¨¢ Estado, las el¨¦ctricas pescan a placer en un mercado a medida, sin oleaje, sobresaltos, naufragios ni mareas.