¡°Pedimos que el derecho a la vivienda no sea desahuciado¡±

En la reforma de la curia arzobispal que produjo el cardenal Carlos Osoro destacaron el nombramiento de tres obispos auxiliares y un vicario de Pastoral Social e Innovaci¨®n. Este cargo recay¨® en el sacerdote Jos¨¦ Luis Segovia, doctor en Teolog¨ªa Pastoral, licenciado en Derecho, graduado en Ciencias Empresariales y diplomado en Criminolog¨ªa. Acaba de producir un documento de 2.550 palabras que es un latigazo a la conciencia de los poderes p¨²blicos. Les reclama ¡°cambios legales¡± para suspender los desahucios de personas vulnerables, adem¨¢s de medidas de promoci¨®n de viviendas sociales y la incentivaci¨®n del alquiler social. El documento llega por carta esta semana a los grupos parlamentarios, al Ministerio de Fomento, al Ayuntamiento y Comunidad de Madrid y al Defensor del Pueblo.

¡°Estamos consternados por el tr¨¢gico suceso acaecido hace pocos d¨ªas, en la calle Ramiro II, en el que una mujer, presa de la desesperaci¨®n, se arroj¨® por la ventana de su domicilio cuando iba a ser desahuciada. Este dram¨¢tico caso pone de manifiesto de forma muy cruda la realidad que est¨¢n sufriendo muchas familias desahuciadas por no poder, casi siempre, pagar el alquiler de su vivienda. En conclusi¨®n, pedimos que el derecho a la vivienda no sea un derecho desahuciado. Junto con la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos, debe promoverse una iniciativa conjunta de las tres administraciones que coexisten en la Comunidad de Madrid para lanzar un plan de construcci¨®n urgente de un n¨²mero no inferior a 20.000 viviendas sociales, que posibiliten una vida digna a los ciudadanos con empleos precarios, escasos de recursos econ¨®micas o en situaci¨®n de vulnerabilidad o exclusi¨®n¡±, reclama el vicario episcopal.

A?ade: ¡°Hemos pasado de un modelo de producci¨®n masiva de vivienda de protecci¨®n oficial a otro de liberalizaci¨®n del suelo, especulaci¨®n y corrupci¨®n, para acabar desembarcando en el olvido flagrante del derecho a la vivienda, transformado en muchos casos a simple bien de inversi¨®n. Esto hace absolutamente imposible el acceso al ejercicio de ese derecho a la poblaci¨®n m¨¢s precarizada. En un contexto como el actual, en el que la tasa de riesgo de pobreza relativa est¨¢ en su nivel m¨¢s alto desde 2018, solo el 9% de los hogares bajo el umbral de la pobreza perciben una cierta recuperaci¨®n de la crisis econ¨®mico-financiera, o un tercio de los trabajadores no tienen ninguna expectativa de lograr la estabilidad en el empleo, la falta de garant¨ªa de este derecho constitucional constituye una precipitaci¨®n grosera a vivir a la intemperie, como estamos comprobando con esc¨¢ndalo recientemente¡±.

La carta concluye con una larga relaci¨®n de textos legales y declaraciones morales en que fundar la en¨¦rgica petici¨®n, entre otros la Constituci¨®n, la Ley General de Sanidad, la Declaraci¨®n Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol¨ªticos.