Convivir no es someterse

La cuesti¨®n central no es saber si Catalu?a est¨¢ o no dividida. Y si lo estuviera, si es en dos partes, en tres o en doscientas. Tampoco hay necesidad perentoria alguna de saber con precisi¨®n si la palabra exacta para describir lo que pasa es la de fractura o de divisi¨®n, o incluso si se puede hablar propiamente de que estamos a punto de un enfrentamiento civil. Ni siquiera tiene un inter¨¦s especial dilucidar si el origen hay que buscarlo en las actitudes y acciones de unos o en las de los otros o en los agravios imperdonables infringidos por unos sobre los otros o en los de los otros sobre los unos. No es que se trate de cuestiones menores que haya que menospreciar u olvidar, pero en todo caso su valor pr¨¢ctico es relativo o incluso nulo si de lo que se trata es de resolver los problemas y superar las dificultades. Estas cuestiones s¨®lo son de verdad relevantes si lo que se trata es de evitar que se resuelvan.

El hecho de que haya un grupo importante de dirigentes pol¨ªticos en prisi¨®n preventiva, por poner un caso, no puede ser nunca un detalle menor; y menos cuando dura lo que ya dura y cuando ya no hay motivo real de ning¨²n tipo que la justifique. Tampoco ser¨¢n una cuesti¨®n marginal los juicios y a¨²n menos las sentencias, manzana de la discordia de opiniones muy contrapuestas. Una parte de la poblaci¨®n considera que los actos pol¨ªticos con valor jur¨ªdico efectuados por el Parlamento de Catalu?a y por el Consejo Ejecutivo, dirigidos a ejercer el derecho a la autodeterminaci¨®n autootorgado y a proclamar y hacer efectiva una rep¨²blica catalana separada, forman parte del ejercicio de las libertades pol¨ªticas de los ciudadanos con posiciones independentistas y de sus representantes democr¨¢ticos. Es una opini¨®n que contrasta con la de otra parte, que considera estos actos como altamente sospechosos y legalmente punibles, puesto que constituyeron un intento expresamente proclamado de dejar sin vigencia la Constituci¨®n espa?ola en una parte del territorio y, en consecuencia, de despojar a sus habitantes de sus derechos como ciudadanos, sin ning¨²n tipo de garant¨ªa ni posibilidad legal de recurso, que no fuera a los propios ¨®rganos constitucionales (como as¨ª fue el caso).

Esta diferencia entre los que se sienten ofendidos porque reclaman la impunidad y quienes se sienten ofendidos porque temen que los presumibles delitos queden impunes se traduce en la polarizaci¨®n en torno a los presos, convertidos en un instrumento pol¨ªtico para contraponer los unos con los otros y, por tanto, dividir, fracturar o enfrentar, que cada uno elija la palabra o busque una distinta m¨¢s o menos ofensiva, a su gusto. Hay un punto en com¨²n entre las dos partes m¨¢s ofendidas. Todos creen que han sido vulnerados determinados derechos y libertades pol¨ªticas. Los independentistas consideran que es el Estado espa?ol el vulnerador, al impedir el ejercicio de un derecho colectivo, el de autodeterminaci¨®n, hasta el punto de limitar las libertades individuales de los dirigentes que intentaron ejercerlo. Los antiindependentistas, en cambio, creen precisamente que fue el Gobierno de Puigdemont el que vulner¨®, al menos en grado de tentativa, los derechos pol¨ªticos individuales de los ciudadanos, incluido el derecho a la representaci¨®n, al utilizar las instituciones de autogobierno catalanas contra las reglas mismas que regulan el funcionamiento de las instituciones.

La aut¨¦ntica divisi¨®n es la que separa a quienes creen que la convivencia es sumisi¨®n y quienes trabajan para mantener la convivencia

Para unos, quienes no se solidaricen con los presos, adem¨¢s de no tener alma, no tienen conciencia democr¨¢tica y pertenecen, aunque no lo quieran saber, a la extrema derecha franquista (sin contar ya con el sobreentendido de que se les considera malos catalanes o, m¨¢s crudamente, no catalanes). Para los dem¨¢s, quien se solidarice es c¨®mplice de unos golpistas, al menos en grado de presunci¨®n, que quieren forzar al Gobierno espa?ol a destruir la divisi¨®n de poderes y la independencia del poder judicial y convertir la Constituci¨®n en una ruina inservible.

Ya se ve bien claro adonde lleva este camino. La discusi¨®n sobre si hay o no divisi¨®n divide ella misma y crea m¨¢s divisi¨®n y m¨¢s polarizaci¨®n. Hay que coger este hilo intratable por la otra punta. No se trata de saber c¨®mo nos encontramos sino de saber c¨®mo nos queremos encontrar. No de describir d¨®nde estamos sino donde queremos ir como sociedad. No saber si estamos divididos sino de saber si queremos estarlo. Y si no se trata de eso, entonces habr¨¢ que reconocer que la divisi¨®n es querida e interesada, incluso camufl¨¢ndola o maquill¨¢ndola.

Nuestros dirigentes pol¨ªticos, ante esta confusa situaci¨®n deben responder a una pregunta, y ¨¦sta no es saber si la convivencia se ha roto ya en Catalu?a, sino qu¨¦ est¨¢n dispuestos a hacer a partir de ahora para garantizarse o para evitar que se rompa en caso de que consideren que no se ha roto. Ya es bien claro lo que quieren aquellos que consideran que la convivencia no es un problema y que en todo caso es secundaria respecto a las cuestiones que dividen a los catalanes, como la idea de que se hacen unos y otros de la democracia y de la justicia. Por mucho que lo acompa?en de palabras melifluas y de entonaciones montserratinas, no quieren la convivencia sino la divisi¨®n, la fractura y al final la confrontaci¨®n civil. Y eso no es cosa de una sola parte: ahora mismo tenemos dos extremos enfrentados que creen que convivir es rendirse y someterse. Tal como ha dicho muy acertadamente Carles Campuzano, hay que recuperar la centralidad pol¨ªtica.