Artur Mas podr¨¢ optar a cargos p¨²blicos a partir de febrero de 2020
El Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a ordena que se ejecute la sentencia por el 9-N
El reloj se ha puesto en marcha, al fin, para el expresidente de la Generalitat Artur Mas. El Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC) ha dictado un auto en el que ordena que se ejecute ya, al ser firme, la sentencia que le conden¨® a un a?o y un mes de inhabilitaci¨®n por organizar la consulta del 9-N. El tribunal ordena que la pena de inhabilitaci¨®n empiece a contar desde el pasado 23 de enero, fecha en la que el Tribunal Supremo dio a conocer la sentencia del caso. Mas, por lo tanto, podr¨¢ optar a ejercer cargos p¨²blicos si lo desea a partir de febrero de 2020.
El Supremo rebaj¨® ligeramente las penas impuestas en su momento por el TSJC a Mas, a la exvicepresidenta Joana Ortega y a la exconsejera de Ense?anza Irene Rigau. El alto tribunal equipar¨® as¨ª las penas a la dictada contra Francesc Homs, que fue consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno de Mas. Como autores de un delito de desobediencia, todos ellos fueron condenados a penas de inhabilitaci¨®n y al pago de una multa. El TJSC ordena la "liquidaci¨®n de las penas", lo que incluye tambi¨¦n que se requiera a los penados para el pago de las penas de multa impuestas: 36.500 euros (Mas), 36.000 (Ortega) y 24.000 (Rigau).
Mas ha sido finalmente condenado a 13 meses de inhabilitaci¨®n como m¨¢ximo responsable de organizar la consulta sobre la independencia del 9 de noviembre de 2014 pese a que, cinco d¨ªas antes, hab¨ªa sido prohibida por el Tribunal Constitucional. El TSJC hab¨ªa condenado inicialmente al expresident a dos a?os de inhabilitaci¨®n. En el caso de Ortega, la pena final ha sido de nueve meses y en el de Rigau, de seis.
Pese a que el reloj se pone en marcha ahora, lo cierto es que Mas, Ortega y Rigau sufren una inhabilitaci¨®n de facto desde marzo de 2017. El TSJC dict¨® entonces la primera sentencia condenatoria contra ellos. Pese a que la resoluci¨®n no era firme y, por tanto, no se ejecut¨®, lo cierto es que la ley electoral impide a los condenados por delitos contra la Administraci¨®n p¨²blica (como la desobediencia) presentarse a unas elecciones incluso si la sentencia no es firme.
A la espera de que el Supremo admitiera y debatiera el recurso, la exvicepresidenta Joana Ortega lleg¨® a pedir ¡ªsin ¨¦xito¡ª que se ejecutara de inmediato su sentencia para poder presentarse como candidata a la alcald¨ªa de Barcelona en las elecciones de este a?o. El abogado de Mas, Javier Melero, prev¨¦ igualmente recurrir la ejecuci¨®n y plantear al tribunal que, en la pr¨¢ctica, el expresidente catal¨¢n ha cumplido sobradamente la pena de inhabilitaci¨®n.
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