El Tribunal de Cuentas condena a Artur Mas a devolver 4,9 millones gastados en el 9-N

El Tribunal de Cuentas ha condenado al expresidente catal¨¢n Artur Mas, a la exvicepresidenta Joana Ortega y a los exconsejeros Francesc Homs e Irene Rigau a reintegrar al Estado 4,9 millones de euros indebidamente utilizados en la financiaci¨®n de la consulta del 9-N, celebrada en 2014 pese a haber sido suspendida por el Tribunal Constitucional.

El pasado mes de diciembre, este tribunal orden¨® el embargo de la vivienda de Mas y de otros bienes de los dem¨¢s implicados para hacer frente a la fianza de 5,27 millones de euros. Mas, Ortega y Rigau fueron condenados por desobediencia por el Tribunal Superior de Catalu?a a penas de multa e inhabilitaci¨®n para cargo p¨²blico.

El tribunal estima las demandas interpuestas por Sociedad Civil Catalana y por la entidad Abogados catalanes por la Constituci¨®n. Adem¨¢s de los cuatro dirigentes pol¨ªticos, la sentencia condena a otras seis personas. A Mas se le considera responsable de la totalidad del da?o "causado" a la Generalitat: los 4,9 millones. Ortega debe responder por 0,8 millones correspondientes, en su mayor¨ªa, al soporte inform¨¢tico que fue necesario para organizar la consulta no vinculante del 9 de noviembre de 2014.

La cantidad es m¨¢s elevada en el caso de Rigau, exconsejera de Ense?anza, (2,8 millones) porque su departamento compr¨® los 7.000 ordenadores que se utilizaron en las mesas de votaci¨®n de aquella jornada. El Govern ha defendido siempre que esos ordenadores se utilizaron despu¨¦s en las aulas de las escuelas e institutos catalanes, por lo que no deber¨ªa computarse en el 9-N. En el caso de Homs, exdiputado en el Congreso, se le atribuye responsabilidad por un total de 1,9 millones que incluyen la campa?a de publicidad institucional de la consulta y el env¨ªo de correo postal a la ciudadan¨ªa.

Todos los condenados deber¨¢n reintegrar un total de 4,9 millones de euros a la Generalitat "en la medida de sus respectivas responsabilidades". Mas y los exconsejeros tambi¨¦n deber¨¢n abonar los intereses y pagar las costas de las demandas.

La sentencia considera probado que el Gobierno de Mas realiz¨® todos esos gastos pese a que la consulta hab¨ªa sido prohibida por el Tribunal Constitucional. En el proceso penal que todos ellos tuvieron que afrontar, la fiscal¨ªa baraj¨® inicialmente la posibilidad de acusarles tambi¨¦n por un delito de malversaci¨®n de fondos p¨²blicos. No lo hizo, sin embargo, y los exconsejeros lograron as¨ª evitar una pena que habr¨ªa supuesto su ingreso en prisi¨®n.