La juez del ¡®caso esp¨ªas¡¯ afirma que las pruebas carec¨ªan de la ¡°contundencia, claridad y fiabilidad necesaria¡±
La magistrada confirma en su sentencia la absoluci¨®n de los seis acusados en el proceso
"La prueba practicada no ofrece la contundencia, claridad y fiabilidad necesaria". Con estas palabras, la juez del caso esp¨ªas, Paz Redondo, ha confirmado esta semana?la absoluci¨®n de las seis personas acusadas de seguir en 2008 a cargos del PP de Madrid enfrentados con la entonces presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre. En una sentencia fechada el pasado 4 de marzo, a la que ha tenido acceso EL PA?S, la magistrada incide en que las pruebas presentadas durante la vista oral "hicieron surgir" en el jurado "una duda m¨¢s que razonable". Por lo que, en virtud del principio de presunci¨®n de inocencia y de in dubio pro reo ¡ªen caso de duda, se favorece al imputado¡ª procede declararlos no culpables.
Esta resoluci¨®n se conoce dos semanas despu¨¦s de que los nueve miembros del tribunal popular leyesen sus conclusiones. El pasado 21 de febrero, el jurado consider¨® "no culpables" a los seis procesados por un supuesto delito de malversaci¨®n de caudales p¨²blicos. La sentencia escrita por Redondo lo argumenta as¨ª: "Los acusados dieron a los efectos p¨²blicos de los que dispon¨ªan ¡ªtel¨¦fonos y veh¨ªculos¡ª un fin p¨²blico, como era el de auxiliarse de los mismos para el ejercicio de las funciones de seguridad que les eran propias, sin que resulte acreditado que?dichos efectos fueron destinados bien a seguimientos o bien a otros fines".
Pero este fallo no result¨® un¨¢nime en todos los casos. El jurado declar¨® inocentes por la m¨ªnima (cinco votos a cuatro) al exdirector de Seguridad de la Comunidad, Sergio Gam¨®n, y a su entonces n¨²mero dos, Miguel Casta?o. A sus cuatro subordinados ¡ªel funcionario Jos¨¦ Manuel Pinto y los guardias civiles Jos¨¦ Luis Caro, Jos¨¦ Oreja y Antonio Coronado¡ªfue, en cambio, por unanimidad. Eso s¨ª, seg¨²n consta en el acta del veredicto, tambi¨¦n se consider¨® por la m¨ªnima (cinco votos a cuatro) que Jos¨¦ Luis Caro Vinagre, Jos¨¦ Oreja S¨¢nchez y Antonio Coronado Mart¨ªnez "no realizaron seguimiento alguno a Alfredo Prada Presa, Manuel Cabo Vega ni Carmen Rodr¨ªguez Flores, ni se apropi¨® o aprovecho en su favor los medios que la Comunidad Aut¨®noma de Madrid puso a su disposici¨®n para el ejercicio leg¨ªtimo de sus funciones".
EL PA?S public¨® el caso esp¨ªas en enero de 2009, cuando inform¨® de que un grupo de exagentes de la Polic¨ªa Nacional y de la Guardia Civil a sueldo de la Consejer¨ªa de Interior hab¨ªa hecho seguimientos diarios ¡ªreflejados en unos partes¡ª a varios adversarios de Aguirre: como el consejero Alfredo Prada; y Manuel Cobo, vicealcalde y mano derecha de Alberto Ruiz-Gallard¨®n, posterior ministro de Justicia con Mariano Rajoy. Este espionaje se habr¨ªa producido en abril de 2008, en plena batalla por el poder en el PP despu¨¦s de que Mariano Rajoy perdiera las elecciones en marzo de 2008 frente a Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero.
Los acusados negaron que siguieran a estos ex altos cargos. Aunque, dos de ellos, Coronado y Oreja, afirmaron que Gam¨®n les dio "¨®rdenes ilegales" para espiar a otros pol¨ªticos del PP por "especial inter¨¦s de Ignacio Gonz¨¢lez", entonces vicepresidente del Gobierno regional. Eso s¨ª, aseguraron que se negaron.
Dos comisarios de la Polic¨ªa Nacional tambi¨¦n concluyeron durante el juicio que los seguimientos se hicieron. Basaron su conclusi¨®n en un informe sobre el posicionamiento de los tel¨¦fonos m¨®viles de tres de los acusados, que los situaban junto a las v¨ªctimas los d¨ªas de los espionajes. Aunque la sentencia considera probado que, en esos puntos, "existen numerosas Consejer¨ªas, donde todos ellos desarrollaban las funciones que legalmente ten¨ªan encomendadas".
Sin rastro de medidas contra los polic¨ªas
Uno de los comisarios, Jaime Barrado, afirm¨® en el juicio que sus superiores le impidieron investigar si alguien del PP estaba detr¨¢s de las presuntas ¨®rdenes de espionaje, pero que no lo denunci¨® a la justicia. Fue en ese momento cuando se interrumpi¨® su interrogatorio, ante la posibilidad de que se pudieran tomar acciones legales ante las supuestas revelaciones. Pero en la sentencia no consta que la juez haya dado traslado a un juzgado de instrucci¨®n.
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