Exceso o mesura: juicio a los polic¨ªas del 1-O

El juicio del proc¨¦s parece una mu?eca rusa donde caben otros juicios: a altos cargos del Govern (por preparar el refer¨¦ndum), a los Mossos (por no evitarlo) y a las fuerzas del Estado (por las cargas para impedir la votaci¨®n). Las denuncias contra agentes de Polic¨ªa y Guardia Civil por su papel el 1-O se ventilan en decenas de juzgados catalanes. Aunque las respuestas son dispares, parten de una premisa: la orden judicial avala a los antidisturbios si act¨²an con proporcionalidad, pero no da carta blanca a los excesos.

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Preguntas y respuestas sobre el caso

Dos realidades paralelas emergen en el Tribunal Supremo a prop¨®sito de la violencia. La Fiscal¨ªa sostiene que los agentes debieron usar la ¡°m¨ªnima fuerza¡± ante la resistencia ¡°activa¡± de los ciudadanos. Los acusados replican que la ¡°represi¨®n¡± fue brutal ante una resistencia que, como mucho, fue ¡°pasiva¡±. ¡°Ni olvido ni perd¨®n¡±, claman los independentistas.

Ante la avalancha de denuncias, la justicia est¨¢ actuando de forma dispar. Algo razonable porque el juez tiene libertad de criterio y porque cada actuaci¨®n es distinta: no es lo mismo el lanzamiento de una pelota de goma que dej¨® sin ojo a Roger Espa?ol (escuela Ramon Llull) que el empuj¨®n, para abrir paso, a una mujer que acab¨® golpe¨¢ndose con el marco de la puerta de forma fortuita (instituto V¨ªctor Catal¨¤).

Esos dos episodios ocurrieron en Barcelona y los ha ventilado el mismo juez: Francisco Miralles, titular del juzgado n¨²mero 7, que mantiene investigados a 24 agentes y mandos de la Polic¨ªa por delitos de lesiones y contra la integridad moral. Lo recuerdan las defensas en el Supremo, donde lograron exhibir v¨ªdeos del 1-O hasta que Manuel Marchena lo impidi¨® y dej¨® las ocho horas de grabaci¨®n para la fase documental. As¨ª como investiga cuando hay excesos, el mismo juez se frena cuando no los ve: as¨ª ha archivado ya medio centenar de denuncias.

La orden del Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (27 de septiembre de 2017) de impedir el refer¨¦ndum avala, a priori, la actuaci¨®n policial. El uso de la fuerza es ¡°leg¨ªtimo¡±, recuerda Miralles en sus autos, si hay ¡°justificaci¨®n¡± y es ¡°proporcional¡±. Bajo ese supuesto, una juez de Manresa (Barcelona) archiv¨® ayer la denuncia de 19 ciudadanos lesionados en un colegio de Castellgal¨ª. No hubo ¡°exceso policial¡± sino el uso de la ¡°m¨ªnima fuerza imprescindible¡±, dice el auto, que critica la resistencia ¡°activa¡± de los 200 ciudadanos reunidos all¨ª.

¡°Patente de corso¡±

La Audiencia de Barcelona ha fijado criterios. Hay que analizar ¡°en cada caso¡± si el uso de la fuerza estaba ¡°amparado¡± por el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC) o fue ¡°desproporcionado e innecesario¡±. ¡°No podemos otorgar patente de corso para cualquier acci¨®n de violencia¡±, dicen los magistrados, que dan por hecha la ¡°desmesurada violencia¡± en algunos colegios electorales. Otro auto de la Audiencia de Barcelona (distinta secci¨®n) va m¨¢s all¨¢ y critica que la Guardia Civil empleara la fuerza ¡ªhabla de un instituto de Sant Joan de Vilatorrada, con 14 heridos leves¡ª ante un refer¨¦ndum que no ten¨ªa ¡°ninguna consecuencia jur¨ªdica¡±. Adem¨¢s, hubo ¡°excesos¡± en el uso de las porras contra los ciudadanos, concluye.

A¨²n es pronto, pero el balance provisional sonr¨ªe a los cuerpos de seguridad. En su declaraci¨®n ante el Tribunal Supremo, el exdelegado del Gobierno en Catalu?a Enric Millo afirm¨® que se han archivado ¡°m¨¢s de 100 casos¡± y que no hay ¡°ninguna condena¡±. ¡°La actuaci¨®n fue ejemplar¡±, zanj¨® Millo. Los procesos est¨¢n vivos, pero es cierto que por ahora no hay sentencias condenatorias y s¨ª dos absoluciones: la primera, en Lleida, donde la juez no dio credibilidad al denunciante.

Los jueces dan carpetazo a los asuntos, a veces sin una m¨ªnima investigaci¨®n y, otras, al entender que actuaban bajo el paraguas de una orden judicial. Y, aun cuando sospechan que hubo lesiones leves, hay magistrados que archivan los casos por falta de autor conocido, o bien porque no hay im¨¢genes. Pero a veces se ven obligados a rectificar. La Audiencia de Tarragona orden¨® a un juez que, al menos, se dignase a tomar declaraci¨®n al vecino del Sarral (1.500 habitantes) que denunci¨® haber sido lesionado el 1-O.