Una juez de Barcelona procesa a una treintena de empresarios y altos cargos del Govern por el 1-O

Mientras el Tribunal Supremo juzga a los l¨ªderes independentistas, la otra gran investigaci¨®n sobre el proc¨¦s llega a su fin. La titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 13 de Barcelona, Alejandra Gil, ha concluido la investigaci¨®n y ha procesado a 30 de los implicados por delitos de malversaci¨®n, desobediencia, falsedad, revelaci¨®n de secretos y prevaricaci¨®n, seg¨²n los casos. La mayor¨ªa de ellos son cargos y altos cargos del Govern de Puigdemont: la segunda l¨ªnea del Ejecutivo, que tuvo un papel ¡°decisivo¡± en la organizaci¨®n del refer¨¦ndum. La magistrada ha impuesto a 17 de ellos una fianza global de 5,8 millones de euros al ser la cantidad ¡°supuestamente gastada o comprometida¡± para celebrar el 1-O.

Las 30 personas sobre las que hay indicios de delito son subordinados de los consellers ¡ªlos n¨²meros dos y tres de distintos departamentos¡ª, cargos de organismos p¨²blicos de la Generalitat, funcionarios y empresarios. El juez que llev¨® el peso de la investigaci¨®n sobre los preparativos del refer¨¦ndum, Juan Antonio Ram¨ªrez Sunyer ¡ªfallecido el pasado noviembre sin poder completar la instrucci¨®n¡ª lleg¨® a citar a algunos de los cargos por sedici¨®n. Ese delito, sin embargo, ha quedado finalmente excluido del auto de procesamiento. Las defensas de los l¨ªderes independentistas han denunciado las presuntas ¡°irregularidades¡± en la instrucci¨®n de Pablo Llarena en el Tribunal Supremo, que se nutri¨® b¨¢sicamente de indicios recopilados por Ram¨ªrez Sunyer.

La magistrada ha decidido exculpar a otras 15 personas que tambi¨¦n estaban siendo investigadas al no apreciar indicios suficientes de delito. Entre ellas est¨¢n Carles Viver Pi i Sunyer ¡ªconsiderado el ¡°arquitecto jur¨ªdico¡± del proc¨¦s¡ª y el exjuez y exsenador de Esquerra Santiago Vidal. Se da la circunstancia de que la investigaci¨®n judicial naci¨®, precisamente, a ra¨ªz de unas declaraciones p¨²blicas en las que Vidal aseguraba que el Gobierno de Carles Puigdemont estaba cometiendo presuntas ilegalidades para organizar el refer¨¦ndum.

Lo que comenz¨® como una presunta revelaci¨®n de secretos se acab¨® convirtiendo en el gran ariete contra el proc¨¦s, que monitore¨® los preparativos de la consulta ilegal. Por orden judicial, el 20 de septiembre de 2017 la Guardia Civil registr¨® 40 dependencias p¨²blicas ¡ªincluido el Departamento de Econom¨ªa¡ª lo que provoc¨® una protesta multitudinaria que, a su vez, se convirti¨® en la base del delito de rebeli¨®n por el que la Fiscal¨ªa acusa a los l¨ªderes independentistas.

Entre los procesados por la juez de Barcelona hay seis altos cargos que no son aforados y que constitu¨ªan la segunda l¨ªnea pol¨ªtica por debajo de los consejeros del Govern de Puigdemont: cuatro secretarios generales (Joaquim Nin, Presid¨¨ncia; Aleix Villatoro, Exteriores; Josep Ginesta, Trabajo; Meritxell Mass¨®, Gobernaci¨®n) y dos directores generales (Francesc Sutrias, Patrimonio; Jaume Clotet, Comunicaci¨®n). La mayor¨ªa son procesados por delito de malversaci¨®n.

Otros cargos de la Generalitat procesados son Antoni Molons, antiguo secretario de Difusi¨®n y responsable de las campa?as de promoci¨®n del refer¨¦ndum, o Rosa Vidal, interventora general de la Generalitat. Esta ¨²ltima tuvo ¡°cabal conocimiento de todos los contratos y pagos¡± y acredit¨®, falsamente seg¨²n la juez, que no ten¨ªan vinculaci¨®n con el refer¨¦ndum. Vidal ¡ªprocesada por malversaci¨®n pero tambi¨¦n por falsedad documental¡ª fue una de las invitadas al acto celebrado el 21 de abril de 2017 de ¡°unidad y compromiso con el refer¨¦ndum¡±. Tambi¨¦n ser¨¢n juzgados, por desobediencia, la responsable de la Corporaci¨®n Catalana de Medios Audiovisuales (N¨²ria Llorach) y los directores de TV-3 (Vicent Sanch¨ªs) y de Catalunya R¨¤dio (Sa¨¹l Gordillo), al permitir que se exhibieran anuncios sobre el 1-O pese a haber sido advertidos por el Tribunal Constitucional.

Contribuci¨®n decisiva en el 1-O

La juez comienza su relato en 2012, con el ¡°acuerdo para la transici¨®n nacional¡± entre Artur Mas y Oriol Junqueras, y lo concluye con el ¡°corolario¡± de la declaraci¨®n unilateral de independencia (27 de octubre de 2017). Los procesados, pese a que eran conscientes de la ¡°ilegalidad de las actuaciones¡± para organizar el 1-O, siguieron ¡°las directrices marcadas¡± por los distintos departamentos de la Generalitat, que ten¨ªan el ¡°firme prop¨®sito¡± de celebrar la consulta. En ese ¡°plan com¨²n¡±, cada uno de los 30 investigados, ¡°dentro de sus competencias, contribuy¨® de manera decisiva¡± en la ejecuci¨®n del 1-O. En el auto se citan firmas de acuerdos, conversaciones telef¨®nicas y correos que detallan esa participaci¨®n.

El auto se centra en el delito de malversaci¨®n, que vertebra toda la causa. Los cargos del Govern ¡°realizaron actuaciones y dictaron resoluciones¡± con las que ¡°dispusieron de fondos p¨²blicos para financiar el refer¨¦ndum¡±. La magistrada cita los informes de la Guardia Civil que obran en la causa del 13 y que se?alan m¨¢s partidas que las que cita la Fiscal¨ªa en el juicio del proc¨¦s en el Tribunal Supremo. Por ejemplo, se consideran gastos del refer¨¦ndum los trabajos de reforma de una nave del Centro de Telecomunicaciones y Tecnolog¨ªas de la Informaci¨®n (CTTI) de la Generalitat para instalar un call center durante el 1-O por 1,2 millones de euros.

Fianza solidaria por 5,8 millones

La cifra global que se considera malversada es de 5,8 millones. La juez impone a los 17 procesados por malversaci¨®n una fianza ¡°solidaria¡± por responsabilidad civil por ese importe. Si no la abonan, se embargar¨¢n sus bienes. Adem¨¢s de los cargos, la magistrada ve indicios de malversaci¨®n en empresarios como Pablo Ravent¨®s, due?o de Unipost, la empresa a la que la Generalitat encarg¨® el reparto de sobres y papeletas para el 1-O. Destaca su ¡°estrecha colaboraci¨®n¡± con los promotores del refer¨¦ndum y le se?ala tambi¨¦n por desobediencia porque, pese a que no le fueron notificadas las resoluciones del Tribunal Constitucional, ¨¦l y otros empresarios ¡°siguieron colaborando en su celebraci¨®n sin dar cuenta a las autoridades y sin hacer nada para impedirlo¡±.

Adem¨¢s de esos delitos, la juez atribuye revelaci¨®n de secretos a tres personas, incluido el director de Idescat, Francesc Udina. Este cedi¨® los ficheros con los datos del registro de poblaci¨®n de Catalu?a a Daniel Gimeno, jefe del gabinete t¨¦cnico de Vicepresidencia y Econom¨ªa. Con esos datos, dice el auto, se elabor¨® un censo de votantes para el 1-O. La cesi¨®n solo estaba amparada para consultas populares no referenendarias. Y ninguna de esas consultas estaba prevista en junio de 2017, sino que precisamente fue en esa fecha, recuerda, cuando Carles Puigdemont convoc¨® el refer¨¦ndum sobre la independencia.