Venezuela rechaza la extradici¨®n del supuesto triple asesino de Usera

Dahud Hanid Ortiz, de 48 a?os y supuesto autor del triple asesinato?ocurrido el 22 de junio de 2016 en el distrito madrile?o de Usera, no ser¨¢ juzgado en Espa?a. Al menos de momento. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ha denegado la orden de extradici¨®n cursada por el titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado Garc¨ªa. Seg¨²n la sentencia a la que ha tenido acceso EL PA?S, el Alto Tribunal alega que Hanid posee la nacionalidad venezolana y estadounidense, por lo que no puede ser entregado a las autoridades espa?olas para ser procesado.

El juez de instrucci¨®n curs¨® una orden de solicitud de extradici¨®n perfectamente motivada con los delitos de los que se le acusa a Hanid: tres asesinatos y un delito de incendios. Y le expuso los hechos que supuestamente cometi¨®. Seg¨²n este relato, el 22 de junio de 2016, sobre las 14.30 entr¨® en el despacho del abogado V¨ªctor Joel Salas Cobe?a, situado en el n¨²mero 40 de la calle de Marcelo Usera. El hombre pregunt¨® por el letrado, que no estaba en ese momento. Pidi¨® entonces que se le localizara porque ten¨ªa un negocio que le pod¨ªa reportar un beneficio de un mill¨®n de d¨®lares.?

El var¨®n se meti¨® en el cuarto de ba?o y acto seguido se dirigi¨® contra la compa?era de despacho de Salas, la abogada Elisa Consuegra G¨¢lvez y la seccion¨® el cuello con un machete. Tambi¨¦n le clav¨® un objeto punzante en el pecho. Despu¨¦s, cogi¨® una barra de hierro y propin¨® "diversos y fuertes golpes en la cabeza a la otra empleada" del despacho, Maritza Osorio River¨®n, a la que tambi¨¦n mat¨®. El supuesto autor esper¨® a las cinco de la tarde para ver si llegaba Salas. El que s¨ª subi¨® al despacho fue un cliente suyo, el ecuatoriano Pepe Castillo Vega. Acud¨ªa al despacho para recoger la documentaci¨®n de un juicio que hab¨ªa ganado para que le concedieran la tarjeta de residencia a su esposa. Seg¨²n el relato del juez, el hombre se dirigi¨® hacia ¨¦l. "Con el mismo objeto con el que hab¨ªa matado a Maritza, le propin¨® fuertes golpes en la cabeza, produci¨¦ndole la muerte", a?ade el escrito.?

El autor provoc¨® un incendio en el despacho "con la clara intenci¨®n de destruir las pruebas que pudieran quedar en el lugar de los hechos". El fuego se extendi¨® por toda la oficina "con claro riesgo para todos los ocupantes del edificio donde se encontraba el despacho". Instantes despu¨¦s, el autor sali¨® del despacho sin que fuera identificado por nadie. Eso s¨ª, las investigaciones del Grupo V de Homicidios y de la instrucci¨®n practicada "permiten atribuir la autor¨ªa de los referidos hechos a Dahud Hanid Ortiz", concluye el juez.

El hallazgo de una botella de agua de la marca Volvic, de origen franc¨¦s y con la etiqueta verde puso a los agentes de Homicidios tras la pista de Hanid. Dentro llevaba combustible (supuestamente gasolina). El letrado la identific¨® como la que acostumbraba a beber la expareja de Hanid, con la que el abogado hab¨ªa iniciado una relaci¨®n sentimental. Esta fue la que motiv¨® los celos del militar estadounidense y su viaje a Madrid para, presuntamente, matarlo. La localizaci¨®n de un m¨®vil de prepago en los alrededores del despacho de Salas y el testimonio de su supuesto compinche permitieron su identificaci¨®n.

El supuesto autor huy¨® a Alemania, donde resid¨ªa tras haber sido destinado por el Ej¨¦rcito de Estados Unidos (EEUU) antes de ser expulsado. Cuando las autoridades espa?olas intentaron detenerlo en el pa¨ªs germano, Hanid se fug¨® a Colombia y, desde all¨ª gracias al pasaporte venezolano que le entreg¨® su hermana, ingres¨® en su pa¨ªs natal.

La polic¨ªa venezolana detuvo a Hanid a las 16.30 del 13 de octubre de 2018 en el municipio de Chacao, en el estado de Miranda. El juez orden¨® su ingreso en prisi¨®n provisional mientras se recib¨ªa toda la documentaci¨®n por parte de las autoridades consulares espa?olas y se remit¨ªa el caso a la sala de casaci¨®n penal del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Esta sala celebr¨® una vista oral el pasado 25 de febrero.

El fiscal pidi¨® que se declara improcedente la extradici¨®n del supuesto asesino al tener la nacionalidad venezolana y no constarle a las autoridades encargadas del registro civil que hubiera renunciado a la misma. Eso s¨ª, solicitaba que fuera juzgado en ese pa¨ªs por los cuatro delitos (tres asesinatos y el de incendio) por los que era acusado. Su defensa se adhiri¨® a ambas peticiones.

La magistrada ponente del fallo, Elsa Janeth G¨®mez Moreno, hace un repaso a las leyes procesales venezolanas y al tratado de extradici¨®n firmado con Espa?a el 4 de enero de 1989. Estos recogen que para entregar a un pa¨ªs extranjero es necesario que los delitos hayan sido cometidos en ese pa¨ªs (en este caso Espa?a), que est¨¦n tipificados en su c¨®digo penal y en el venezolano, que no haya prescrito la acci¨®n, que no se trate de cr¨ªmenes pol¨ªticos o de delitos a los que se aplique la pena de muerte. Todos estos hechos se dan en el caso de Hanid, ya que ni ha sido juzgado en Espa?a ni han prescrito los delitos por los que se le persigue.

Sin embargo, la juez se detiene en el principio de no entrega a otros pa¨ªses de los ciudadanos venezolanos, como ocurre con el supuesto asesino: "De los datos filiatorios consignados, queda demostrado que el ciudadano Dahud Hanid Ortiz es de nacionalidad venezolana, nacido en el distrito Capital y titular de la c¨¦dula de identidad n¨²mero 6.338.807".

"El principio de no entrega de nacionales se basa principalmente en la idea de que conceder la entrega de un venezolano ser¨ªa sacrificar el deber de protecci¨®n del Estado para sus s¨²bditos (que es a su vez un derecho de ¨¦stos) y sustraerlos de sus jueces naturales", destaca la sentencia, citando un fallo de la propia sala de 21 de octubre de 2009.?

La sala de casaci¨®n penal concluye que es "improcedente" la extradici¨®n de Hanid y ordena que se le enjuicie en Venezuela. Para ello, se cursar¨¢ una petici¨®n al titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 41 de Madrid para que remita todo lo actuado e investigado, de forma que se pueda abrir un procedimiento penal en su pa¨ªs. En el fallo no consta que se pueda recurrir ante el propio tribunal o ante una estancia superior (Tribunal Constitucional), como ocurre en los fallos y en los autos espa?oles.?