De Lara remite de nuevo a Madrid todas las pesquisas sobre Vendex

A medida que se agota el plazo para recurrir la sanci¨®n de siete meses y un d¨ªa sin empleo y sueldo (y p¨¦rdida de destino) que ha decidido imponerle por presunta "desatenci¨®n" el Consejo General del Poder Judicial, la juez Pilar de Lara apuntala el futuro de sus pesquisas. Seg¨²n fuentes de los juzgados de Lugo, revisa "personalmente" centenares de esos casos que desbordan su despacho e intenta que su posible marcha no desemboque, con la llegada de un nuevo juez, en un archivo masivo y la desimputaci¨®n generalizada de cientos de pol¨ªticos, empresarios y funcionarios investigados. As¨ª, a finales de abril, remiti¨® en un segundo intento sus indagaciones sobre el grupo empresarial madrile?o Vendex al Supremo, despu¨¦s de que el Juzgado Central de Instrucci¨®n n¨²mero 5 rechazase en 2018 su primera inhibici¨®n, acordada por ella en 2015. Se trata de algunos de los cap¨ªtulos m¨¢s importantes del caso Pok¨¦mon (que afectan a numerosas localidades gallegas y municipios catalanes y baleares) y de su hijo Pikachu, sobre presunta corrupci¨®n en la ciudad de A Coru?a.

La titular del juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 1 de Lugo se apoya para esta decisi¨®n en el informe de la fiscal¨ªa, con fecha 5 de febrero, cuando De Lara ya estaba siendo investigada por el gobierno de los jueces pero casi dos meses antes de que?el CGPJ anunciase su decisi¨®n de castigarla despoj¨¢ndola de sus sonados casos anticorrupci¨®n. El Ministerio fiscal entiende que es el Juzgado Central de Instrucci¨®n n¨²mero 5 de Madrid quien es "competente" para seguir adelante con unas investigaciones que implican a pol¨ªticos, funcionarios y empresarios de tres comunidades, pero como este rechaz¨® asumirlas el a?o pasado, la juez remite su exposici¨®n motivada al "superior jer¨¢rquico com¨²n", la Secci¨®n Segunda del Supremo.

La investigaci¨®n llevada a cabo desde 2011 por Pilar de Lara y los agentes de Servicio de Vigilancia Aduanera en torno al grupo empresarial dirigido desde Madrid por Gervasio Rolando Rodr¨ªguez Acosta provocaron un se¨ªsmo en el mapa pol¨ªtico gallego y la dimisi¨®n de varios alcaldes y concejales investigados. Pinchazos telef¨®nicos, declaraciones, registros y una cantidad ingente de documentaci¨®n incautada derivaron en casi un centenar de imputados y entre las localidades salpicadas figuran Lugo, Ourense, A Coru?a, Santiago, Ferrol, O Carballi?o, Ver¨ªn, Ordes, Boqueix¨®n o Mar¨ªn. En Catalu?a, las pesquisas se centraron en Barber¨¤ del Vall¨¨s y Sabadell (Barcelona); y en Baleares, en el Ayuntamiento de Sant Lloren? des Cardassar (Mallorca).

Los informes de Aduanas que recoge el descomunal sumario dibujan un entramado empresarial entregado supuestamente a la caza de contratas p¨²blicas por Espa?a adelante. Los presuntos "beneficios il¨ªcitos" obtenidos, seg¨²n los investigadores dependientes de la Agencia Tributaria, "se elevar¨ªan al menos por el momento a la suma de 295.067.927,17 euros". Con este fin, explica en su exposici¨®n motivada la magistrada de Lugo, el grupo Vendex (y en concreto sus empresas "Sermasa, PAU, Econar, Serveis Medi Ambient, SA, y Doal") habr¨ªan empleado una "misma mec¨¢nica" para ganarse los favores de pol¨ªticos y funcionarios municipales: "Supuestos pagos de dinero, entregas de regalos, colocaci¨®n de enchufados y abono de viajes".

De Lara recuerda al Supremo que "algunos" de sus investigados "han reconocido expresamente los hechos, o al menos parte de los mismos", y cita entre ellos al due?o del grupo Vendex, alguno de sus delegados territoriales y dos (entonces destacados) pol¨ªticos del PSOE y el PP. Seg¨²n estos testimonios, sigue la magistrada, el entramado "habr¨ªa implantado una pol¨ªtica empresarial conforme a la cual, para lograr adjudicaciones de las Administraciones en toda Espa?a, efectuar¨ªa presuntamente sobornos que tendr¨ªan como destino aquellas autoridades municipales y funcionarios que bien directa o indirectamente han realizado actos o influenciado a los trabajadores p¨²blicos que forman parte de los ¨®rganos de contrataci¨®n".

Para "gratificar la actuaci¨®n de tales pol¨ªticos y funcionarios", Vendex "contratar¨ªa a personas recomendadas por las distintas autoridades". "Tales personas recomendadas", contin¨²a desgranando De Lara ante el Supremo en su exposici¨®n motivada del 25 de abril, "obtendr¨ªan importantes beneficios de ¨ªndole econ¨®mica" por lograr "un puesto de trabajo vulnerando los principios de igualdad al derecho al empleo" y porque "al tratarse de empresas concesionarias de servicios p¨²blicos se convierten pr¨¢cticamente en funcionarios, desde el momento en el que en siguientes concesiones pasan a ser personal subrogado".

Adem¨¢s, recuerda la juez, las empresas "realizaban regalos de diferentes importes en funci¨®n de la relevancia del cargo", tal y como han reconocido en los interrogatorios algunos imputados y como reflejan los listados de agasajos incautados. Tambi¨¦n, en el caso de las empresas que obtuvieron la concesi¨®n del servicio de la gr¨²a y la ORA, se "beneficiar¨ªa a autoridades, funcionarios y familiares y amigos de estos con la retirada de multas y tasas o con la concesi¨®n de tarjetas de estacionamiento sin tener derecho a ello". Por ¨²ltimo, el grupo investigado "efectuaba presuntamente pagos de dinero a algunos pol¨ªticos y funcionarios". En ocasiones, "como ven¨ªa sucediendo en Lugo", detalla la instructora, "tales pagos eran de car¨¢cter peri¨®dico", con lo que se "garantizaba la fidelidad de sus receptores en el otorgamiento de favores¡±.

"Gracias a estas prebendas", concluye ante el Supremo la juez anticorrupci¨®n, "las empresas de Vendex podr¨ªan haber obtenido informaci¨®n privilegiada que les habr¨ªa permitido optar en mejores condiciones a las adjudicaciones de servicios municipales a las que se presentaban, llegando en ocasiones a realizar los borradores de los pliegos de condiciones y a adaptarlos a sus ofertas en connivencia con diversos funcionarios y autoridades p¨²blicas".