El juez imputa a dos candidatos a alcalde del PSOE por el caso de los enchufes de la Diputaci¨®n de Valencia

El juez Miguel ?ngel Casa? ha citado como investigados a dos alcaldes del PSPV-PSOE, Salvador Femen¨ªa, de L'Alqueria de la Comtessa, y V¨ªctor Jim¨¦nez, de Rocafort, que se presentan a la reelecci¨®n el 26 de mayo. El magistrado, que los los ha imputado junto a otras siete personas vinculadas al mismo partido y a Comprom¨ªs, cree que fueron enchufadas como altos cargos en una empresa de la Diputaci¨®n de Valencia. Un caso que llev¨® hace un a?o a la detenci¨®n del entonces presidente de la Corporaci¨®n provincial, el socialista Jorge Rodr¨ªguez, que est¨¢ acusado de los delitos de malversaci¨®n y prevaricaci¨®n.

Rodr¨ªguez fue forzado a abandonar la Diputaci¨®n y hace unas semanas, a renunciar a ser candidato del PSOE por Ontinyent, el pueblo del que es alcalde. El PP ha pedido este mi¨¦rcoles a los socialistas y a Comprom¨ªs que aparten de sus listas municipales a los implicados en el caso. Fuentes de la direcci¨®n del PSPV-PSOE han descartado que el partido vaya a hacerlo, al considerar que no se trata de un asunto de corrupci¨®n, sino en todo caso de un error administrativo achacable a quienes eligieron la f¨®rmula de contrataci¨®n, no a quienes fueron contratados con ella.

El alcalde de L'Alqueria de la Comtessa estuvo contratado dos a?os en la empresa p¨²blica de la Diputaci¨®n Divalterra como responsable de las brigadas forestales antes de convertirse en 2017 en diputado provincial. El alcalde de Rocafort solo ocup¨® el cargo, en cambio, 26 d¨ªas, entre febrero y marzo de 2018 y asegura que dej¨® el puesto cuando supo que la forma mediante la que hab¨ªa sido nombrado ¡ªcomo personal de confianza en un puesto de alta direcci¨®n en vez de mediante concurso p¨²blico¡ª estaba siendo discutido. Jim¨¦nez a?ade que renunci¨® al finiquito y cobr¨® solo por los d¨ªas trabajados.

Fuentes de la investigaci¨®n que dirige el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 9 de Valencia se?alan que los nueve ex altos cargos han sido citados como investigados para concederles una garant¨ªa procesal de la que carecer¨ªan si fueran llamados como testigos, y que el objetivo de la citaci¨®n es interrogarlos sobre las circunstancias que rodearon las contrataciones. Entre los nuevos investigados existe malestar por el hecho de que el magistrado haya notificado las citaciones, en plena campa?a electoral.

Cuotas al partido

Las defensas del expresidente de la Diputaci¨®n de Valencia y de los otros cuatro cargos de la instituci¨®n detenidos en 2018 mantienen que las nueve contrataciones fueron legales y que as¨ª lo avalaban informes jur¨ªdicos internos. La Fiscal¨ªa considera, en cambio, que las contrataciones fueron innecesarias, que su ¨²nica motivaci¨®n fue la adscripci¨®n de los elegidos al PSOE y Comprom¨ªs, y que los responsables de la Diputaci¨®n soslayaron las normas de contrataci¨®n de la Administraci¨®n a pesar de que fueron advertidos en contra por el secretario del consejo de administraci¨®n de Divalterra y el auditor interno, cometiendo as¨ª los delitos de malversaci¨®n y prevaricaci¨®n.

Un nuevo informe aportado a la causa por la Unidad de Delincuencia Econ¨®mica y Fiscal (UDEF) de la polic¨ªa destaca que para varios de los supuestos enchufados su contrataci¨®n implic¨® un gran aumento salarial respecto a sus ocupaciones anteriores. Una de ellas pas¨® de ingresar 7.000 euros al a?o a ganar 52.000. Otro, de 11.000 a 54.000. El informe tambi¨¦n indica que los cuatro investigados de Comprom¨ªs, entre ellos Jos¨¦ Luis Melero, que va de n¨²mero dos en la lista de Silla, pasaron de abonar a su formaci¨®n pol¨ªtica cuotas de 86 euros anuales a pagar 720 euros. Esto es, 60 euros al mes, unas cantidades que fuentes de la investigaci¨®n consideran demasiado peque?as como para abrir una investigaci¨®n por financiaci¨®n irregular.