El expresidente de la Diputaci¨®n de Valencia, acusado de colocar a cargos del PSOE y Comprom¨ªs
La Fiscal¨ªa considera autor de los delitos de prevaricaci¨®n y malversaci¨®n continuada a Jorge Rodr¨ªguez, que anoche anunci¨® su marcha del partido socialista "para no hacerle da?o"
La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n acusa al expresidente de la Diputaci¨®n de Valencia y candidato socialista a la alcald¨ªa de Ontinyent, Jorge Rodr¨ªguez, de enchufar a nueve miembros del PSPV-PSOE y Comprom¨ªs como altos cargos en la empresa p¨²blica Divalterra. El fiscal lo considera autor de los delitos de prevaricaci¨®n y malversaci¨®n continuada por contratar a los directivos al margen del sistema reglado y con la "¨²nica motivaci¨®n" de su adscripci¨®n pol¨ªtica.
Rodr¨ªguez fue detenido en junio junto a otras cinco personas en una operaci¨®n de la Unidad de Delincuencia Econ¨®mica y Fiscal (UDEF) coordinada por el magistrado Miguel ?ngel Casa?, titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 9 de Valencia. Tras pasar una noche en el calabozo, Rodr¨ªguez fue presionado por su partido para que renunciara a la presidencia de la Diputaci¨®n, cosa que hizo. Pero se mantuvo como alcalde de Ontinyent (35.000 habitantes) y su pretensi¨®n era volver a ser candidato del PSPV-PSOE en las elecciones municipales del 26 de mayo.
El instructor hab¨ªa mantenido la causa bajo secreto hasta este martes, cuando decidi¨® levantarlo. La publicaci¨®n del sumario en plena campa?a electoral empuj¨® a Rodr¨ªguez a anunciar, ya entrada la noche, que abandonaba el partido y renunciaba a la candidatura para "quitar presi¨®n" al PSOE. Una decisi¨®n que adopt¨® tras reunirse con el secretario de Organizaci¨®n del PSPV-PSOE, Jos¨¦ Mu?oz. No est¨¢ claro si el exdirigente socialista presentar¨¢ ahora su propia lista en Ontinyent mediante la figura de la agrupaci¨®n de electores.
Rodr¨ªguez y el resto de imputados, entre ellos la exgerente de Divalterra Agustina Brines, de Comprom¨ªs, se han declarado inocentes y se han defendido se?alando que hicieron las contrataciones, que ten¨ªan un coste de 70.000 euros al a?o cada una para la empresa p¨²blica, con el apoyo de informes jur¨ªdicos que las declaraban legales.?"Todos los altos cargos ten¨ªan unas funciones determinadas, desempe?aron sus tareas y cumplieron con sus obligaciones, como queda de manifiesto en los archivos de la Diputaci¨®n y Divalterra", se?al¨® Rodr¨ªguez en un comunicado.
El fiscal cree, sin embargo, que ¨¦l y el resto de imputados, todos los cuales eran cargos de la Diputaci¨®n o de Divalterra, infringieron la Ley del Estatuto B¨¢sico del Empleado P¨²blico y el art¨ªculo 103 de la Constituci¨®n que establece que el acceso a los puestos p¨²blicos debe realizarse de acuerdo con los principios de igualdad, m¨¦rito y capacidad. Seg¨²n Anticorrupci¨®n, Rodr¨ªguez desoy¨® las advertencias del secretario del consejo de administraci¨®n de Divalterra, del auditor interno, y los de varios dict¨¢menes jur¨ªdicos.
Las contrataciones, prosigue el fiscal, se hicieron "sin "expediente de contrataci¨®n" ni "informe de necesidad". Y su ¨²nica motivaci¨®n fue "la adscripci¨®n o vinculaci¨®n de los contratados a los dos partidos pol¨ªticos que gobiernan la Diputaci¨®n, Comprom¨ªs y el PSOE". Los correos unidos a la causa revelan, seg¨²n el fiscal, "los artificios buscados para tratar de amparar unas contrataciones que responden a un puro voluntarismo pol¨ªtico". Y el supuesto intento de crear, con los altos cargos enchufados, una estructura de direcci¨®n "paralela" en Divalterra sin los consejeros de partidos de la oposici¨®n que s¨ª hab¨ªa en el consejo de administraci¨®n.
Un municipio clave
El martes por la ma?ana, antes de que Rodr¨ªguez optara por apartarse voluntariamente, el PSPV-PSOE hab¨ªa pedido a la comisi¨®n federal de listas del partido tiempo antes de tomar una decisi¨®n sobre el expresidente de la Diputaci¨®n de Valencia. Los partidos tienen hasta el lunes 22 de abril para modificar la relaci¨®n de candidatos a las elecciones locales de mayo. El PSOE intent¨® en verano que la direcci¨®n valenciana excluyera a Rodr¨ªguez, de 39 a?os, de la candidatura de Ontinyent, pero el PSPV-PSOE finalmente no lo hizo.
Al margen de que muchos socialistas, empezando por los investigados, consideran que la forma en que se contrat¨® a los altos cargos de Divalterra puede ser una infracci¨®n administrativa, pero no penal, en la cuesti¨®n influye la importancia de Ontinyent, capital de la comarca de La Vall d'Albaida, a la hora de decidir qu¨¦ partido gobernar¨¢ a partir de junio la Diputaci¨®n de Valencia.
Rodr¨ªguez logr¨® en 2015 el 62% de los votos en Ontinyent, y cuando el PSOE plante¨® frenar su candidatura ¨¦l sugiri¨® que promover¨ªa la suya propia y que otras agrupaciones locales lo seguir¨ªan. Ahora tiene que decidir si da el paso.
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