Recuperar para la vida un proyecto muerto y corrupto

La cuadratura del c¨ªrculo es un ejercicio imposible que practican algunos pol¨ªticos. Un ejemplo: la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel D¨ªaz Ayuso, hab¨ªa prometido en campa?a bajar impuestos o instaurar el abono de transportes gratis total para mayores de 65 a?os y ayer declar¨® su intenci¨®n de resucitar la Ciudad de la Justicia, un proyecto que necesita inversiones multimillonarias. Y el mismo d¨ªa que D¨ªaz Ayuso explicaba el ambicioso plan, su Gobierno anunciaba la pr¨®rroga de los presupuestos para 2020. Eso significa que, al menos durante el pr¨®ximo a?o, el Ejecutivo aut¨®nomo tendr¨¢ unas importantes limitaciones de gasto, no podr¨¢ bajar impuestos ni regalar el transporte p¨²blico a los mayores de 65 a?os. Aunque D¨ªaz Ayuso siempre podr¨¢ culpar de su desgracia al Gobierno central, metido en un bloqueo insoportable que asfixia las cuentas de las autonom¨ªas.

Ayuso apenas podr¨¢ iniciar en 2020 el expediente administrativo ¡ªsin ladrillos¡ª para resucitar la Ciudad de la Justicia, el s¨ªmbolo de uno de los mayores fiascos de la gesti¨®n pol¨ªtica. Los Gobiernos del PP dilapidaron entre 2005 y 2015 una fortuna ¡ªm¨¢s de 100 millones¡ª para obtener un resultado raqu¨ªtico: un edificio vac¨ªo de dise?o futurista plantado en un erial abandonado bajo el que discurre una carretera subterr¨¢nea por la que no circula ni un solo veh¨ªculo.

La idea de la Ciudad de la Justicia se inspir¨® en el cuento de la lechera. Esperanza Aguirre la puso en marcha en 2005 con el objetivo encomiable de agrupar en un solo espacio las instancias judiciales desperdigadas por Madrid. El dinero necesario para levantar la Ciudad de la Justicia saldr¨ªa de la venta por 200 millones de seis sedes judiciales. Solo vendieron dos edificios por 31 millones.

Mientras llegaba la crisis y el final del cuento, los gestores de la Ciudad de la Justicia, perpetraron el desastre:

¡ªOrganizaron una empresa en la que hab¨ªa m¨¢s directivos que empleados. La n¨®mina de 2007 recog¨ªa siete directivos y tres administrativos.

¡ªGastaron 19 millones en los edificios destinados al Tribunal Superior de Justicia y la Audiencia Provincial, sin que se colocara ni un solo ladrillo.

¡ªIncumplieron contratos de servicios con empresas privadas por las que estas reclaman m¨¢s de 10 millones en los tribunales.

¡ªAlfredo Prada, el consejero de Justicia que gestion¨® aquel proyecto, est¨¢ imputado en la Audiencia Nacional por supuesta corrupci¨®n.

El Gobierno aut¨®nomo pretende recuperar para la vida una ciudad muerta y de ingrato recuerdo. Y al frente de la Consejer¨ªa de Justicia, encargada de ejecutar ese plan, D¨ªaz Ayuso ha puesto a Enrique L¨®pez, un juez condenado hace a?os por conducir ebrio, a m¨¢s velocidad de la permitida y salt¨¢ndose sem¨¢foros en rojo por el paseo de la Castellana.

Ahora se encargar¨¢ de gestionar un proyecto multimillonario que la Audiencia Nacional, donde trabajaba Enrique L¨®pez, est¨¢ investigando por supuestas pr¨¢cticas corruptas.