Fondos buitre y ley de la selva

Carmen tiene 40 a?os y cuatro hijos. Ha sido v¨ªctima de violencia de g¨¦nero por parte de su pareja m¨¢s reciente. Hace unos d¨ªas ha sido desahuciada de su vivienda en una peque?a localidad del ¨¢rea metropolitana de Barcelona, porque, pese a contar con un contrato de trabajo de 1.000 euros al mes y llevar m¨¢s de 25 a?os cotizados a la Seguridad Social, no puede hacer frente al mantenimiento de su familia y a los 600 euros del alquiler. Los cuatro hijos han encontrado acomodo con su padre y primer marido ¡ªcon movilidad reducida y sin trabajo¡ª, mientras ella vive en una pensi¨®n. La situaci¨®n de Carmen ¡ªnombre ficticio¡ª es un ejemplo de c¨®mo la precariedad condena m¨¢s que el C¨®digo Penal cuando no se puede hacer frente a un alquiler que, por razonable que parezca, se come el 60% de los ingresos.

Al igual que Carmen, Mar¨ªa, de 35 a?os, tambi¨¦n ha sido v¨ªctima de los malos tratos. De la noche a la ma?ana se qued¨® sin nada. Hace 10 a?os dorm¨ªa con su hijo en el interior de un BMW negro. ¡°Un chico me dijo entonces que me alquilaba un piso por 350 euros; me hicieron un contrato¡±, explica. Mar¨ªa convirti¨® en acogedor para ella y para su hijo ¡ªque ahora tiene 16 a?os¡ª el piso de la calle C¨®rdoba de Badalona. Con trabajos espor¨¢dicos y la ayuda intermitente de la renta de inserci¨®n, primero, y la renta garantizada de ciudadan¨ªa, despu¨¦s, ha salido adelante.

Urge limitar los precios de los alquileres, aumentar un parque p¨²blico y acabar con la precariedad laboral

Pero ese libre mercado que ve beneficio f¨¢cil donde abunda la precariedad social ha puesto sus ojos en la vivienda de Mar¨ªa. El piso es ahora propiedad del fondo buitre Cerberus-Divarian, a quien el BBVA vendi¨® su cartera inmobiliaria. A finales de este mes vence el contrato y Mar¨ªa ha recibido la notificaci¨®n de que no se lo van a renovar. Divarian no entiende de precariedad. Es el m¨¢s duro de los fondos buitre. ?nicamente le ocupa y le preocupa el negocio inmobiliario. Donde los bancos, para no ver salpicado su nombre por el esc¨¢ndalo, se avienen a negociar, Divarian se cierra en banda, coinciden en se?alar tanto desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) como de la asociaci¨®n Sant Roc Som Badalona. En este mes que empieza, a Badalona la aguardan al menos 30 desahucios, de los que 10 corren a cargo de Cerberus-Divarian.

<TB>Los casos de Mar¨ªa y de Carmen son dos ejemplos de la desidia e inoperancia de las administraciones a la hora de defender a los ciudadanos. Las dos mujeres forman parte de un colectivo especialmente vulnerable, v¨ªctimas de esa violencia machista que el nacional-populismo y sus aliados pretenden blanquear sem¨¢nticamente, rebautiz¨¢ndola como violencia dom¨¦stica. Solo trabajadoras sociales y plataformas de defensa del derecho a la vivienda asumen como propia una causa que deber¨ªan abanderar las administraciones. El Gobierno catal¨¢n tiene herramientas para combatir estas situaciones y no las utiliza, ya que los pisos vac¨ªos de grandes tenedores podr¨ªan haber pasado de acuerdo con la ley 24/2015 al parque p¨²blico de alquiler, seg¨²n han denunciado reiteradamente desde la PAH. La defensa de las personas en riesgo de exclusi¨®n social se ha convertido en patrimonio de entidades que est¨¢n desarrollando las tareas de suplencia en la protecci¨®n de los derechos ciudadanos que no asumen las administraciones, ni siquiera cuando est¨¢n obligadas por ley.

La defensa de personas en riesgo de exclusi¨®n es patrimonio de entes que suplen a la Administaci¨®n

La par¨¢lisis pol¨ªtica de Gobierno de la Generalitat se complementa en ocasiones con el discurso criminalizador de algunos ayuntamientos (incluso autotitulados de izquierda) contra la ocupaci¨®n de viviendas, un camino tan ilegal como natural que deja el libre mercado a quienes viven en precario. Los 55 desahucios diarios que vive Catalu?a y las 1.339 familias que aguardan desde m¨¢s de dos a?os un piso de emergencia social son el testimonio lacerante de ese paisaje que est¨¢ dejando la especulaci¨®n y el negocio de los fondos buitre, deseosos de vender lotes de viviendas a inversores m¨¢s peque?os para as¨ª buscar negocio de rentabilidad inmediata. No importa el coste social de la operaci¨®n.

Urge limitar los precios de los alquileres, hay que aumentar un parque p¨²blico que apenas llega del 1,5% de las viviendas existentes en Espa?a y acabar con la precariedad laboral de una econom¨ªa que crece pero no reparte.

La par¨¢lisis presupuestaria de los Gobiernos de Madrid y Barcelona y sus respectivos c¨¢lculos electoralistas no contribuyen a la b¨²squeda de esas soluciones razonables que demanda el sector m¨¢s vulnerable de la ciudadan¨ªa. Porque donde las administraciones no facilitan la cohesi¨®n social, triunfa la ley de la selva.