Como para echarse a temblar

En Catalu?a las cosas van de mal en peor. El problema no es tanto que los partidarios de la independencia intenten conseguirla, algo ciertamente natural, sino que los no partidarios se hayan convertido en sus compa?eros de viaje y apoyen sus pol¨ªticas. Ello est¨¢ sucediendo en las universidades catalanas y en el mundo cultural y acad¨¦mico.

Las resoluciones de los ¨®rganos de gobierno de las universidades catalanas son exactamente la renuncia a su funci¨®n de instituciones cuyo fin es la ense?anza. En realidad, por sectarismo o por miedo, dimiten de la labor que tienen encomendada y por la cual cobran un sueldo a final de mes. Facilitar que los estudiantes puedan dedicarse a participar en las manifestaciones a favor de la independencia en lugar de asistir a clase, tal como han aprobado, en estos o parecidos t¨¦rminos, sus juntas de gobierno presididas por el rector correspondiente, es el mayor desprecio que se puede hacer a la labor acad¨¦mica de las instituciones que tan indignamente presiden.

En realidad, vienen a insinuar que las clases y los profesores son superfluos, que para aprobar las asignaturas no es necesario asistir a clase porque la independencia de Catalu?a es m¨¢s importante que el aprendizaje. Una verg¨¹enza que vulnera el deber de ense?ar de los profesores y la neutralidad pol¨ªtica e ideol¨®gica de los centros como instituciones p¨²blicas. Si alguna autoridad acad¨¦mica no est¨¢ de acuerdo con estas resoluciones, el ¨²nico camino digno que le queda es dimitir del cargo. Quien no lo haga tendr¨¢ que asumir las consecuencias de sus actos.

"Vienen a insinuar que para aprobar no es necesario ir a clase porque la independencia de Catalu?a es m¨¢s importante que el aprendizaje

Por otro lado, m¨¢s de 200 intelectuales del mundo entero firmaron el pasado 23 de octubre un sorprendente manifiesto. Los firmantes, de ideas pol¨ªticas no necesariamente separatistas, sostienen que tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo, la situaci¨®n en Catalu?a se ha agravado de una manera preocupante al producirse altercados y enfrentamientos con la polic¨ªa en las calles. Sin embargo, dicen, estos han ido a menos, pronto habr¨¢ un gobierno progresista en Madrid y entonces ser¨¢ la hora de iniciar las negociaciones para abordar el ¡°conflicto¡±, tal como de forma reiterada ha pedido la Generalitat.

De entrada, los inculpados parecen ser la polic¨ªa ¡ªevitan, claro, decir los Mossos d¡¯Esquadra¡ª y las autoridades espa?olas. Ninguna responsabilidad tiene, por lo visto, el Gobierno de la Generalitat, que precisamente ampara y estimula a los violentos sin condenarlos de forma expresa. Por lo visto, es la polic¨ªa quien incendia contenedores, arrasa el mobiliario urbano, corta calles y carreteras, y destroza autom¨®viles y todo lo que encuentra a su paso. Los pac¨ªficos manifestantes son las pobres v¨ªctimas de esta violencia policial.

A la vista de todo ello los abajo firmantes piden: 1) un esfuerzo por parte de todos los implicados en el conflicto para acabar con tanta tensi¨®n; 2) abandonar la estrategia de judicializaci¨®n de un conflicto de naturaleza pol¨ªtica; 3) que los gobiernos catal¨¢n y espa?ol acuerden una ronda de negociaciones a fin de encontrar una soluci¨®n razonable que pueda satisfacer los intereses de cada una de las partes.

No s¨¦ si algunos de los amigos m¨ªos firmantes se han dado cuenta de estas peticiones porque, bien le¨ªdas, son exactamente contrarias a los principios de Estado democr¨¢tico y de Estado de derecho.

Del primero, porque piden negociaciones al margen de las instituciones democr¨¢ticas, casi a escondidas y en secreto. Que se sepa, es en los parlamentos donde diariamente se llevan a cabo el di¨¢logo y las negociaciones. Los canales est¨¢n, pues, establecidos. Ocultan que lo que pretenden es situar en pie de igualdad el todo con la parte para que esta pueda presionar mejor. As¨ª podr¨¢n escapar a las leyes y tratar como si fuera un arbitraje lo que denominan conflicto de intereses.

Y tambi¨¦n el texto es contrario al Estado de derecho al rechazar que los jueces puedan juzgar a los cargos p¨²blicos si estos son acusados de vulnerar las leyes dado que la naturaleza del conflicto es pol¨ªtica. La naturaleza de un delito ¡ªsea financiera, familiar, violenta o pol¨ªtica, como en este caso¡ª no impide que su autor sea juzgado, en otro caso ser¨ªa contrario a la igualdad de los ciudadanos. ?Los preclaros firmantes piden que los cargos p¨²blicos escapen al control judicial? Si as¨ª fuera, nuestro Estado no ser¨ªa democr¨¢tico ni de derecho.

Y una acotaci¨®n final. Lo que piden coincide con la posici¨®n de ERC, probable sost¨¦n del futuro Gobierno S¨¢nchez. ?Como para echarse a temblar!