El fiscal no ve ¡°desproporci¨®n¡± y pide archivar la causa contra los polic¨ªas del 1-O

La Fiscal¨ªa ha pedido archivar la causa judicial que investiga la actuaci¨®n de la Polic¨ªa durante el refer¨¦ndum del 1-O en Barcelona. Despu¨¦s de m¨¢s de dos a?os de instrucci¨®n no hay "dato o indicio alguno que permita sospechar una intervenci¨®n policial global desproporcionada" en los centros de votaci¨®n de la capital, seg¨²n el escrito del fiscal Diego Villafa?e remitido al juez. "Ni en la gesti¨®n del operativo ni en su desarrollo" aquella jornada, a?ade. El fiscal pide el archivo al amparo de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el proc¨¦s y solo aprecia desproporci¨®n en ocho actuaciones concretas de agentes antidisturbios; una de ellas, el lanzamiento de una pelota de goma que provoc¨® que Roger Espa?ol perdiera un ojo.

Salvo por esos incidentes aislados, el escrito de la Fiscal¨ªa supone un espaldarazo a la actuaci¨®n desplegada por la Polic¨ªa durante el refer¨¦ndum del 1 de octubre de 2017. La intervenci¨®n de los antidisturbios no se dirigi¨® contra "los ciudadanos que acudieron a votar", sino frente a "todos aquellos que obstaculizaron, impidieron y entorpecieron -con agresiones f¨ªsicas, en algunos casos- la intervenci¨®n policial". El CNP actu¨®, recuerda el fiscal, por la "insuficiencia" del despliegue de los Mossos desde primera hora y por orden judicial.

Durante la instrucci¨®n se ha tomado declaraci¨®n a unos 50 polic¨ªas en calidad de investigados (incluidos mandos), se han analizado fotos y v¨ªdeos de la jornada tambi¨¦n informes y protocolos. De todo ello se desprende, siempre seg¨²n la tesis de la Fiscal¨ªa, que los agentes se rigieron por los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad". El uso de la fuerza solo se produjo como consecuencia de la "actitud subversiva de numerosos grupos de personas" que pretend¨ªan lograr la celebraci¨®n del "refer¨¦ndum ilegal".

El fiscal incide en que los polic¨ªas -unos 1.200 agentes- priorizaron "la seguridad" de s¨ª mismos y de los ciudadanos e hicieron el "uso m¨ªnimo de la fuerza". Esa fuerza "no se emple¨® de forma s¨²bita o sorpresiva". Seg¨²n el fiscal, la denunciada desproporci¨®n "choca irremediablemente con las im¨¢genes grabadas". Los polic¨ªas lanzaron avisos ante las personas sentadas, entrelazadas o agarradas entre s¨ª, que dieron "empujones, empellones y otros golpes" e incluso lanzaron objetos y agredieron a los polic¨ªas para impedirles el acceso a los centros de votaci¨®n. "Esa recalcitrante negativa y resistencia" de los ciudadanos a desalojar las entradas "legitim¨® el uso de la fuerza policial.

Los hechos de Barcelona guardan una "¨ªntima conexi¨®n" con los hechos enjuiciados por el Tribunal Supremo. El fiscal Villafa?e, de hecho, se apoya en la sentencia del proc¨¦s para solicitar el archivo y recuerda que sus argumentos "resultan de obligada apreciaci¨®n por el magistrado instructor". La investigaci¨®n de Barcelona naci¨® con una denuncia gen¨¦rica de la Generalitat contra la actuaci¨®n de la Polic¨ªa y la Guardia Civil en Catalu?a. El juez despu¨¦s dividi¨® la causa en 26 piezas, una por cada centro de votaci¨®n en los que hubo denuncias de ciudadanos.

Agentes a juicio

El fiscal cree que todo ello debe archivarse, aunque con excepciones. Las investigaciones "evidencian algunas conductas individualizadas de funcionarios policiales concretos y determinados que desbordan los l¨ªmites de los principios b¨¢sicos de actuaci¨®n legalmente previstos". El fiscal aprecia "golpes injustificados" en "alg¨²n caso aislado" y siempre en un "innegable marco de tensi¨®n ambiental". Y pide seguir adelante con la investigaci¨®n e incluso llevar a juicio -en la mayor¨ªa de casos, por un delito leve de lesiones- a nueve agentes de polic¨ªa.

El fiscal cita el caso de siete intervenciones en otros tantos colegios: la Escola Mediterr¨¤nia (un agente golpe¨® con la defensa a una mujer en la cabeza), el Ramon Llull (donde Espa?ol fue alcanzado por una bala de goma) y, sobre todo, la escuela Pau Claris, donde hay tres actuaciones no proporcionadas relacionadas con el lanzamiento de personas desde las escaleras de acceso al centro. En total, pide sentar en el banquillo a ocho polic¨ªas (dos de ellos son responsables de una misma actuaci¨®n).

Los mandos, sin embargo, no deben seguir investigados en la causa, razona el fiscal. "Los responsables del operativo no deben asumir personalmente todas las consecuencias que pueden producirse en esta clase de actuaciones, ni la forma de actuar de todos y cada uno de sus subordinados", asegura.