ERC extiende ahora a otras causas el gesto que pide a la Abogac¨ªa

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ve inviable iniciar el di¨¢logo sobre el conflicto territorial con el Gobierno de Pedro S¨¢nchez si sobre las mesas de los juzgados se siguen acumulando causas contra dirigentes del proc¨¦s independentista. Esa idea la defendi¨® el coordinador de ERC y vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragon¨¨s, en su intervenci¨®n en el 28? congreso de la formaci¨®n el s¨¢bado, al repetir que la pol¨ªtica tiene que ¡°desplazar¡± a la ¡°represi¨®n¡±. Y es una de las condiciones que ponen los republicanos para facilitar la investidura de S¨¢nchez.

Aragon¨¨s, entrevistado la noche del s¨¢bado en un programa de TV3, precis¨® esa exigencia, al referirse a las posibilidades que tiene el Gobierno de rebajar el nivel de ¡°judicializaci¨®n¡± especialmente en lo que tiene que ver con la actuaci¨®n de la Abogac¨ªa del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia. ¡°No son solo los presos¡±, dijo Aragon¨¨s aludiendo al caso de Oriol Junqueras. ¡°Es que hay m¨²ltiples acciones judiciales abiertas en la Audiencia Nacional, en el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a, en el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 13 de Barcelona y en el Tribunal de Cuentas que se abrieron con ¨¢nimo de persecuci¨®n pol¨ªtica y eso se debe revertir. En algunos casos ser¨¢ m¨¢s r¨¢pido y en otros, m¨¢s lento¡±, dijo.

Todas esas causas guardan relaci¨®n con el proc¨¦s: el Tribunal Superior ha imputado a Llu¨ªs Salvad¨®, exsecretario de Hacienda y diputado de ERC en el Parlament, por su presunta participaci¨®n en los preparativos del refer¨¦ndum ilegal del 1-O; el Juzgado de Instrucci¨®n 13 ha procesado a una veintena de personas ¡ªcargos de los Departamentos de Econom¨ªa, Presidencia, Trabajo, Exteriores o Gobernaci¨®n¡ª por el mismo motivo; y el Tribunal de Cuentas reclama los fondos que, seg¨²n la fiscal¨ªa, se desviaron para organizar el 1-O. Adem¨¢s, algunas mociones a favor de la autodeterminaci¨®n de Catalu?a que se han tramitado en el Parlamento auton¨®mico han situado a los miembros de la Mesa y al presidente de la C¨¢mara, Roger Torrent, en el punto de mira de la fiscal¨ªa.