El Tribunal de Cuentas cita a Puigdemont y Junqueras por los gastos del 1-O

El Tribunal de Cuentas ha citado al expresident de la Generalitat Carles Puigdemont y al exvicepresident Oriol Junqueras para el 28 de enero por los gastos del refer¨¦ndum ilegal de independencia del 1 de octubre de 2017, seg¨²n ha informado Societat Civil Catalana (SCC) y confirmado el tribunal. Esta entidad contraria al independentismo present¨® una denuncia ¡ªtambi¨¦n lo hicieron la Fiscal¨ªa y la Abogac¨ªa del Estado¡ª ante el m¨¢ximo ¨®rgano fiscalizador de las cuentas p¨²blicas con la finalidad de que los l¨ªderes del proc¨¦s devuelvan el gasto que conllev¨® el 1-O.

El Tribunal de Cuentas ha citado tambi¨¦n en su investigaci¨®n a los exconsejeros Dolors Bassa, Meritxell Borr¨¤s, Toni Com¨ªn, Joaquim Forn, Carles Mund¨®, Clara Ponsat¨ª, Jordi Turull, Ra¨¹l Romeva, Josep Rull, Lluis Puig, Meritxell Serret, Santi Vila y Neus Munt¨¦. Y a los ex altos cargos del Govern Antoni Molons, Joaquim Nin y Amadeu Altafaj para fijar la liquidaci¨®n provisional de los gastos del 1-O. ¡°Tras nuestra denuncia reclamando a los responsables del 1-O que devuelvan todo el dinero p¨²blico que destinaron a esta jornada ilegal, el Tribunal de Cuentas ha citado a Puigdemont y Junqueras entre otros. Democracia es exigir un uso responsable del dinero de todos los catalanes¡±, ha escrito SCC en Twitter.

Una vez recibida la resoluci¨®n, los citados tienen 10 d¨ªas h¨¢biles para presentar alegaciones y aportar documentos o elementos que consideren que deben tenerse en cuenta. Tambi¨¦n pueden interponer un recurso en un plazo de cinco d¨ªas, que no suspende las actuaciones del ¨®rgano contable.

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El Tribunal de Cuentas embarga la vivienda de Artur Mas por el 9-N

Los procesos en el Tribunal de Cuentas se realizan de manera paralela al procedimiento penal. Los principales l¨ªderes del proc¨¦s ¡ªa excepci¨®n de los que est¨¢n huidos de la justicia espa?ola en el extranjero, como Puigdemont, que reside en B¨¦lgica¡ª fueron condenados por el Tribunal Supremo por sedici¨®n y malversaci¨®n el pasado octubre a entre 9 y 13 a?os de c¨¢rcel. Las demandas planteadas por SCC y la Fiscal¨ªa ante este ¨®rgano fiscalizador buscan lograr la restituci¨®n de los fondos que la Generalitat de Catalu?a emple¨® para financiar el proceso que desemboc¨® en la declaraci¨®n de independencia del 27 de octubre de 2017.

El expresidente catal¨¢n Artur Mas, junto a la exvicepresidenta Joana Ortega y a los exconsejeros Francesc Homs e Irene Rigau, fue condenado por el Tribunal de Cuentas en noviembre de 2018 a reintegrar al Estado 4,9 millones de euros indebidamente utilizados en la financiaci¨®n de la consulta del 9-N, celebrada en 2014 a pesar de haber sido suspendida por el Tribunal Constitucional. Sociedad Civil fue tambi¨¦n una de las entidades que present¨® una demanda en este caso. El tribunal orden¨® el embargo de la vivienda del expresidente de la Generalitat en la calle Tuset de Barcelona para hacer frente a la fianza durante el proceso. Los condenados abonaron el importe de la multa, pero recurrieron y el caso est¨¢ ahora en el Tribunal Supremo.

La sentencia del Tribunal Supremo contra los l¨ªderes independentistas concluy¨® que el Govern pag¨® parte de los gastos que supuso la organizaci¨®n y celebraci¨®n del refer¨¦ndum del 1-O. El delito de malversaci¨®n, que agrav¨® las penas de los condenados, se produjo en "concurso medial", con la sedici¨®n, lo que significa que el uso indebido de fondos p¨²blicos fue necesario para llevar a cabo el plan secesionista.

Los gastos irregulares que da por probados la sentencia incluyen la publicidad institucional, la confecci¨®n del registro de catalanes en el exterior, el material electoral, el pago de observadores internacionales o las aplicaciones inform¨¢ticas para materializar la consulta sobre la independencia. La sentencia subraya que todos esos gastos, se hubieran finalmente pagado o no ¡ªel tribunal considera que hay malversaci¨®n solo con el compromiso de gasto¡ª superan "ampliamente" los 250.000 euros, el l¨ªmite para que la malversaci¨®n se considere en su tipo m¨¢s grave.

Aunque la Fiscal¨ªa s¨ª dio una cifra concreta del gasto (2,87 millones de euros) no ejerci¨® la acci¨®n civil en el juicio. Tampoco lo hizo la Abogac¨ªa del Estado. Ambas pidieron al Supremo, sin embargo ¡ªy as¨ª lo acordaron los magistrados¡ª remitir la resoluci¨®n al Tribunal de Cuentas para la "reclamaci¨®n definitiva de las cantidades totales desviadas". La sentencia recuerda que la legislaci¨®n contempla que sea este organismo de la jurisdicci¨®n contable el que se haga cargo de fijar la responsabilidad civil "en el ¨¢mbito de su competencia". El tribunal deber¨¢ ahora calcular el importe del dinero p¨²blico malversado y determinar qui¨¦n fue responsable de ese gasto.

El hecho de que el Tribunal de Cuentas haya asumido el procedimiento, pues, deriva de la propia sentencia del proc¨¦s. La jurisprudencia ha declarado la "perfecta compatibilidad" entre la jurisdicci¨®n contable y la penal sin que ello suponga "un bis in idem, o sea un doble castigo", explica el abogado penalista Rafael Entrena, uno de los pocos especialistas en un ¨®rgano cuyo funcionamiento es poco conocido. Entrena particip¨®, por ejemplo, en el procedimiento abierto por el Tribunal de Cuentas a ra¨ªz de la consulta del 9-N.

La ¨²nica limitaci¨®n para este ¨®rgano, se?ala Entrena, es que "respete los hechos declarados probados en v¨ªa penal". El abogado recuerda que en los casos de malversaci¨®n de fondos p¨²blicos, la ley se?ala expresamente que la competencia para resarcir el da?o causado al erario p¨²blico corresponde al Tribunal de Cuentas. "Muchos juristas ignoran esta circunstancia, pero lo cierto es que en esos casos el juez penal deber¨ªa abstenerse".

Entrena lamenta, sin embargo, las "escasas garant¨ªas" que ofrece el Tribunal de Cuentas para las defensas. Puigdemont, Junqueras y el resto de dirigentes han sido citados para la liquidaci¨®n provisional. Pero en todo este proceso, no han sido llamados en ning¨²n momento a comparecer. El problema, se?ala el abogado, es que despu¨¦s de esa liquidaci¨®n hay un emplazamiento a "afianzar la responsabilidad civil". Si ¨¦sta no se desembolsa, llega el embargo. "Y luego ya llega el juicio contable", a?ade.