El enga?o de la empleada del psiqui¨¢trico: 33 a?os cobrando la pensi¨®n de un muerto

Una ma?ana, el director de la sucursal atendi¨® en persona a una de sus clientas m¨¢s antiguas. La mujer llevaba m¨¢s de dos d¨¦cadas cobrando en mano la pensi¨®n de jubilaci¨®n del paciente de un psiqui¨¢trico. Ese d¨ªa de mediados de 2007, la se?ora estaba a punto de salir por la puerta con el dinero, como llevaba haciendo media vida, cuando el responsable del banco le pidi¨® comprobar el DNI del hombre enfermo.

¡ª Oiga, esto est¨¢ caducado¡ª, reprendi¨® el director a la mujer cuando vio el documento.

¡ª Si ya lo s¨¦. Pero el hombre est¨¢ tan malito...

¡ª Vaya a un notario y as¨ª se quita de l¨ªos.

¡ª ?C¨®mo se va a mover? Usted no lo ha visto¡ª, se excus¨® la mujer.

En efecto, Jaime Pons no estaba para ir a ning¨²n sitio. A esas alturas llevaba d¨¦cadas bajo tierra. El hombre hab¨ªa muerto solo y sin descendencia muchos a?os atr¨¢s, en 1980. Desde entonces, Juana Ige?a, la trabajadora social del hospital psiqui¨¢trico Alonso Vega, donde pas¨® Pons sus ¨²ltimos a?os de vida, se las hab¨ªa ingeniado para cobrar la incapacidad absoluta que la Seguridad Social le ingresaba al hombre todos los meses. La mujer se embols¨® durante 33 a?os un dinero que no era suyo sin que nadie se diera cuenta. Hab¨ªa encontrado una grieta en el sistema.

Sin embargo, su plan comenz¨® a torcerse desde que el director del banco le advirtiera de que el DNI estaba caducado. Ige?a hab¨ªa aprovechado su posici¨®n en el hospital y la soledad del paciente ¡ª un hombre con problemas mentales a quien nadie echaba de menos¡ª para quedarse con su documentaci¨®n. La mujer fue a una sucursal de Caja Madrid (entidad incorporada actualmente a Bankia) en la calle Mart¨ªnez Izquierdo para abrir una cuenta a nombre del fallecido, en marzo de 1981, y all¨ª domicili¨® el pago de las pensiones. Durante los primeros 23 a?os apenas recibi¨® 104 euros mensuales, pero desde 2013 la prestaci¨®n rozaba los 700.

La sospecha de que algo no cuadraba se extendi¨® en la sucursal del banco. La realidad es que nunca hab¨ªan visto a Jaime Pons. Si los documentos no ment¨ªan ya rondaba los 100 a?os de edad. El banco pidi¨® a la trabajadora social en enero de 2013 un certificado de vida del cliente. La mujer, con el DNI original, y una autorizaci¨®n a su favor que hab¨ªa falsificado, obtuvo una en el Registro Civil de Madrid. Ige?a la llev¨® al banco triunfal: nadie pod¨ªa sospechar nada.

El tr¨¢mite se convirti¨® en una costumbre. Cada 25 de mes, la trabajadora social iba al registro, obten¨ªa un certificado de vida y con ¨¦l iba dos d¨ªas despu¨¦s a cobrar al banco, el d¨ªa 27. Repiti¨® la treta hasta en 50 ocasiones, seg¨²n la polic¨ªa. La pensi¨®n de Jaime Pons y, por tanto, Jaime Pons iban camino de la eternidad cuando un funcionario de la Seguridad Social se tom¨® la molestia de cruzar datos y buscar el certificado de defunci¨®n del hombre. En efecto, Jaime Pons estaba muerto.

La causa contra Juana Ige?a entr¨® en un proceso judicial por un delito continuado de estafa y otro de falsedad en documento oficial que acab¨® este lunes con ella sentada en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Madrid. La trabajadora social tiene ahora 83 a?os, camina ayudada por un bast¨®n y no escucha bien. Lleg¨® al juzgado acompa?ada de su marido, su hijo y un abogado con toga que la trataba con tacto. La Fiscal¨ªa ped¨ªa para ella seis a?os de prisi¨®n y resarcir a la Seguridad Social con los casi 200.000 euros que hab¨ªa desfalcado. La primera vez que tom¨® la palabra fue para pedir perd¨®n:

¡ª Me arrepiento mucho de lo que he hecho. Lo lamento. Voy a devolver todo.

Su abogado lleg¨® a un acuerdo de conformidad. Ser¨¢ condenada a dos a?os de prisi¨®n, pena que le permite no ingresar en la c¨¢rcel, y pagar¨¢ casi 150.000 euros. Su hijo hizo ya un primer ingreso de 20.000 euros que la Fiscal¨ªa ha valorado como un acto de buena fe. ¡°La familia lo ha pasado muy mal por este tema. Tienen ganas de que esto acabe¡±, dijo el abogado. Durante unas horas el acuerdo estuvo en el aire, ya que la acusaci¨®n particular, que ejerc¨ªa la Seguridad Social, no ve¨ªa clara la recuperaci¨®n del dinero y exig¨ªa m¨¢s garant¨ªas. Ige?a tiene una pensi¨®n de 800 euros inembargable y un historial de deudas y juego, seg¨²n fuentes judiciales, que hac¨ªa dif¨ªcil que pudiera devolver el dinero. De todos modos, a ¨²ltima hora de la ma?ana se lleg¨® a un pacto. La se?ora se santigu¨® al enterarse.

El juez le dijo a Ige?a que ella no ten¨ªa que volver a declarar, pero que era mejor que se quedara a escuchar lo que todav¨ªa estaba sin resolverse. ?Hab¨ªa otros culpables m¨¢s all¨¢ de ella? La letrada de la Seguridad Social quer¨ªa que la entidad, Bankia, pagara parte del dinero por no haber tenido el suficiente celo a la hora de abrirle la cuenta a un muerto y dejar que una mujer que no era familiar, ni nada por el estilo, se llevara el dinero cada mes sin mayor problema. El abogado del banco se defendi¨® argumentando que fue la Seguridad Social quien expidi¨® certificados de vida de un difunto. Los dos abogados se enzarzaron en un toma y daca que se alarg¨® durante una hora. Uno le¨ªa el C¨®digo Civil, el otro contraatacaba con jurisprudencia. En medio de la discusi¨®n, entr¨® una polic¨ªa por videoconferencia que dijo que el Registro Civil y la Seguridad Social no intercambiaban informaci¨®n, uno de los agujeros en la Administraci¨®n que aprovech¨® la trabajadora social para urdir la estafa.

El juicio fue decayendo. Las palabras flotaban con m¨¢s pesadez en la sala. A Ige?a y al p¨²blico empez¨® a hac¨¦rseles demasiado largo. Los abogados segu¨ªan enfrascados en una larga discusi¨®n que parec¨ªa no tener fin. Cuando le dijeron a la condenada que por fin pod¨ªa irse, se march¨® cojeando, ayudada de un bast¨®n. Antes de coger el ascensor que la llevaba a la calle dio gracias a Dios porque esto ¡°hab¨ªa acabado¡±. Eso s¨ª, este ¨²ltimo tramo, el de la discusi¨®n burocr¨¢tica, se le hab¨ªa hecho eterno. Dijo lo que muchos pensaban: ¡°Vaya rollo¡±.