El sector inmobiliario carga contra el decreto que blinda el alquiler social

El sector inmobiliario ha salido este viernes en tromba para criticar los cambios urban¨ªsticos que buscan fomentar la vivienda de protecci¨®n social. En un comunicado conjunto, los agentes inmobiliarios (API), la Asociaci¨®n de Promotores de Catalu?a, la C¨¢mara de Propiedad Urbana de Barcelona y el Colegio de Administradores de Fincas piden recuperar la ¡°seguridad jur¨ªdica¡± tras el decreto de medidas urgentes en vivienda aprobado por el Govern. La semana pasada, el Ejecutivo catal¨¢n lo llev¨® al Parlament para su convalidaci¨®n pese al informe del Consell de Garanties Estatut¨¤ries, que vio inconstitucionales algunos aspectos.

El decreto 17/2019, aprobado por el Govern a finales del a?o pasado, pas¨® hace unos d¨ªas por la convalidaci¨®n del Parlament. Ayer, las entidades principales del sector inmobiliario expresaron su rechazo a la nueva normativa. El decreto busca dar respuesta a la problem¨¢tica del acceso a la vivienda con una serie de medidas urgentes que pretenden blindar el alquiler social. Entre estas medidas est¨¢ la obligaci¨®n de los grandes tenedores de vivienda (entre ellos, bancos y fondos de inversi¨®n) a ofrecer un alquiler social a las personas que ocuparon un piso en un periodo de seis meses antes a la aprobaci¨®n del decreto. Tambi¨¦n se ampl¨ªan las reservas de suelo para la construcci¨®n de vivienda social mediante el planeamiento urban¨ªstico, y se simplifican las tarifas, entre otras iniciativas.

El sector inmobiliario considera que el decreto ¡°hace inviable¡± econ¨®micamente la rehabilitaci¨®n del parque y ¡°dificulta a la clase media el acceso a la vivienda¡± al eliminar la tipolog¨ªa de vivienda a precio concertado, una figura a caballo entre la protecci¨®n oficial y el mercado libre.

El comunicado tambi¨¦n destaca que el aumento de las reservas de Vivienda de Protecci¨®n Oficial que prev¨¦ el decreto en el Area Metropolitana de Barcelona, y las anunciadas a trav¨¦s del Plan Territorial Sectorial de la Vivienda para las ¡°¨¢reas de demanda fuerte y acreditada¡± que contempla el decreto ¡°comprometen la viabilidad de los planeamientos¡±.

¡°Lejos de solucionar el problema, provocar¨¢n un efecto contrario, puesto que por un lado se paralizar¨¢ la actividad del sector y, por el otro, a?adir¨¢ todav¨ªa m¨¢s presi¨®n sobre los precios a causa del desequilibrio que generar¨¢ entre la oferta y la demanda¡±, lamentan los representantes del sector.

El decreto, impulsado por el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Dami¨¤ Calvet, fue celebrado como una victoria por las entidades en defensa del acceso a la vivienda, pero desde que el Govern lo aprob¨® ha pasado por algunas dificultades. Por un lado, el informe del Consell de Garanties Estatut¨¤ries, que, al no ser vinculante, el Govern no tuvo en cuenta para pedir la convalidaci¨®n del Parlament. El informe ve inconstitucional la definici¨®n que establece el decreto para el concepto ¡°vivienda vac¨ªa¡±, ya que esta definici¨®n vulnerar¨ªa dos art¨ªculos de la Constituci¨®n que protege a los propietarios para recuperar una vivienda ocupada, y cuestiona las sanciones para los propietarios que no den una oferta de alquiler social.

Pese a pasar el tr¨¢mite en el Parlament, partidos pol¨ªticos y los impulsores de la norma pidieron medidas para que el decreto se aplique en los juzgados, despu¨¦s de que una juez parase un desahucio de todo un bloque ocupado, ampar¨¢ndose en el decreto, y unos d¨ªas despu¨¦s rectificase alegando que la norma no tiene validez procesal. Ayer, los jueces de la Audiencia Provincial de Barcelona se reunieron para buscar una posici¨®n com¨²n a la hora de aplicar el decreto.