La actuaci¨®n del Ayuntamiento en los desahucios enfrenta a Colau con los jueces

La actuaci¨®n de los servicios sociales y de mediaci¨®n del Ayuntamiento de Barcelona en casos de desahucio en la ciudad ha provocado un enfrentamiento abierto entre los jueces y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que ha estallado este mi¨¦rcoles con reproches cruzados. El pasado mes de diciembre, a sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC) inst¨® al consistorio a "dar instrucciones precisas a los servicios sociales municipales y en especial al SIPHO (Servicio de Intervenci¨®n en la P¨¦rdida de la Vivienda y Ocupaci¨®n), de abstenerse de actuaciones que impidan la ejecuci¨®n" de los desahucios.

Este mi¨¦rcoles, la alcaldesa ha hecho p¨²blica una carta dirigida a la juez decana en la que defiende a los profesionales que intervienen en los alzamientos y afirma que seguir¨¢n actuando para evitar que familias vulnerables pierdan su vivienda. La juez decana, Mercedes Caso, que tambi¨¦n es ponente de la sala de Gobierno del TSJC, ha respondido considerando "que es indispensable la actuaci¨®n de los servicios sociales", pero ha se?alado que "ha habido actuaciones de esos servicios que no se han adecuado al protocolo". "No han ayudado a cumplir la orden judicial, sino m¨¢s bien lo contrario", ha afirmado.

La concejal de Vivienda, Luc¨ªa Mart¨ªn, ha sido muy dura y ha criticado la comunicaci¨®n del TSJC. "Es un absoluto desprop¨®sito y un sinsentido que desde alg¨²n sector de la c¨²pula judicial se cuestione que el Ayuntamiento ponga un servicio de este tipo y no cuestione pr¨¢cticas absolutamente ileg¨ªtimas como son los desahucios abiertos (sin fecha de ejecuci¨®n) o los dispositivos policiales desproporcionados que se env¨ªan a desahuciar a familias vulnerables". Tambi¨¦n en su carta la alcaldesa cuestiona los desahucios abiertos y los dispositivos policiales que entiende que tienen un "excesivo despliegue" de agentes antidisturbios. Desde su creaci¨®n en 2015, la SIPHO, donde trabajan 18 profesionales, ha atendido a 10.000 familias. En 2019 las personas atendidas fueron 6.400.

Pese a que el aviso del TSJC del pasado mes de diciembre cita tres casos de desahucio concretos en los que entiende que los servicios municipales habr¨ªan dificultado el trabajo de la comisi¨®n judicial, la regidora ha asegurado que "no" le consta "que pasara nada fuera de lo habitual respecto a los miles de procesos de mediaci¨®n ante un desahucio en los que act¨²an las SIPHO".

La intervenci¨®n de los servicios sociales del Ayuntamiento en los desahucios ha generado controversia desde hace a?os. Su actuaci¨®n se remonta al protocolo que cita la decana y que tanto el TSJC como el consistorio piden revisar. Se firm¨® en 2013, con Xavier Trias de alcalde, por el consistorio, el TSJC, la Generalitat y los colegios de abogados y procuradores. En el texto las partes se emplazaban a comunicarse la informaci¨®n sobre cada caso, para tener tiempo de activar a los servicios sociales, cuya intervenci¨®n, en el texto, est¨¢ prevista para "auxiliar" a las comitivas judiciales, aunque en la mayor¨ªa de los casos atienden a las familias. Adem¨¢s, los profesionales municipales llevan a?os pidiendo no tener que acudir a los desahucios, porque afirman que no es su papel.

En su carta, Colau responde a la jueza decana que el consistorio" seguir¨¢ usando todas las herramientas para hacer frente a la emergencia habitacional" y que el SIPHO es un servicio que desde 2015 trabaja para "prevenir desahucios de familias vulnerables a trav¨¦s de la negociaci¨®n con la propiedad que las acompa?a en los tr¨¢mites durante todo el proceso". Si el trabajo para evitar los desahucios no fructifica, tambi¨¦n est¨¢n presentes en los alzamientos.

Tras la carta de Colau, Caso ha afirmado que entiende "que la alcaldesa salga en defensa de sus servicios sociales. Las instituciones valoremos las actividades de los servicios p¨²blicos", pero ha alertado de que "los jueces est¨¢n siendo muy flexibles en la aplicaci¨®n de sus propias resoluciones". Por ¨²ltimo, ha pedido que se cumpla en protocolo firmado entre el decanato y el consistorio "y que se revise si es necesario".