Identitarismo constitucional y derecha radical

Ya lo dec¨ªa Horacio en Hamlet, de Shakespeare: ¡°Algo huele mal en Dinamarca¡±. Efectivamente, un hedor est¨¢ emergiendo del alambicado proceso de cambio constitucional chileno, en el que se combinan el descontento seg¨²n las encuestas, la polarizaci¨®n de las ¨¦lites y el hast¨ªo popular. Aclaremos el contexto.

Tras el rechazo plebiscitario (62%-38%) de la propuesta de nueva Constituci¨®n el 4 de septiembre de 2022 y la debacle que esto signific¨® para el Gobierno del presidente Gabriel Boric, un nuevo proceso de cambio constitucional fue negociado y acordado hacia fines del mismo a?o. Este segundo proceso es la ant¨ªtesis de la Convenci¨®n Constitucional que fue elegida en mayo de 2021 y que fuera severamente castigada por el pueblo que ella dec¨ªa representar. Si este primer proceso fue hegemonizado por constituyentes provenientes del mundo de los movimientos sociales y de la ultra-izquierda agrupada en torno a la Lista del Pueblo (en ambos casos, por independientes electos en lista, una verdadera anomal¨ªa mundial), el segundo proceso en curso est¨¢ enteramente organizado por salvaguardias: desde 12 bases constitucionales que configuran un cuadro m¨ªnimo de convivencia democr¨¢tica hasta la selecci¨®n de un comit¨¦ de 24 expertos que gozan de la confianza de los partidos y que son los encargados de redactar un primer boceto de Constituci¨®n.

Ambos elementos del proceso han resultado satisfactorios: especialmente elogiable ha sido el papel desempe?ado por los expertos, quienes lograron consensuar un texto razonable y minimalista, ajeno a todo esp¨ªritu identitario, el que servir¨¢ de base para que el grupo redactor de 50 consejeros constitucionales electos al sufragio universal proponga al pueblo una nueva Carta Fundamental, la que deber¨¢ ser plebiscitada en diciembre de 2023.

Pues bien, es en el Consejo Constitucional en donde reside el problema. Contrariando todo pron¨®stico, la elecci¨®n de consejeros constitucionales en territorios coincidentes con las circunscripciones senatoriales (otra salvaguardia) del 7 de mayo de 2023 arroj¨® una victoria aplastante del flamante Partido Republicano, un primo hermano de Vox en Espa?a. Con el 35% de los votos, este partido de derecha radical alcanz¨® por s¨ª solo el tercio (acordado) de bloqueo, lo que significa que ninguna propuesta de nueva Constituci¨®n puede prescindir de su apoyo (lo deja de ser cierto para todas las izquierdas, cuya derrota electoral en 2023 se tradujo en carecer del poder de bloquear). Este dominio se ha traducido, hasta ahora, en un sometimiento de la derecha tradicional (UDI, Renovaci¨®n Nacional y Ev¨®poli), la que est¨¢ siendo fuertemente puesta a prueba (especialmente su sector m¨¢s liberal) por centenares de enmiendas republicanas al texto propuesto por el Comit¨¦ de Expertos.

Es importante detenerse en las enmiendas republicanas para entender a Horacio y su ¡°algo huele mal en Dinamarca¡±. Si la Convenci¨®n Constitucional que fue elegida en mayo de 2021 naufrag¨® estrepitosamente, buena parte de la explicaci¨®n se encontr¨® en lo que fue percibido por los chilenos como radicalismo identitario y una hostilidad (alentada por las noticias falsas) hacia la plurinacionalidad. Pues bien, es ese mismo sesgo identitario (el que fuese criticado por el presidente Ricardo Lagos con ocasi¨®n de su intervenci¨®n en el Consejo Constitucional), en este caso de ultraderecha, el que se est¨¢ observando en las enmiendas del Partido Republicano.

Este identitarismo republicano se ve muy bien en la enmienda que busca constitucionalizar la protecci¨®n del ¡°ni?o que est¨¢ por nacer¡± (que, de aprobarse, eliminar¨ªa el aborto en tres causales actualmente vigente y, de paso, har¨ªa de Chile uno de los pocos pa¨ªses del mundo en no admitir ning¨²n tipo de aborto), as¨ª como en la propuesta de consagrar la supremac¨ªa constitucional sobre las disposiciones de los tratados firmados por Chile en materia internacional sobre derechos humanos. Lo mismo se puede decir de aquellas enmiendas econ¨®micas tan populares como regresivas: tal es el caso de la propuesta de eximir del pago de contribuciones por la vivienda principal, de prohibir el endeudamiento p¨²blico ¡°excesivo¡± (sic) y de constitucionalizar la prohibici¨®n de un impuesto al patrimonio (¡°La ley no podr¨¢, en caso alguno, establecer tributos que graven el patrimonio de las personas¡±, una propuesta insensata que fuese diplom¨¢ticamente criticada por el economista Luigi Zingales (¡°Un pa¨ªs como Suiza utiliza muy eficazmente los impuestos al patrimonio y no es un pa¨ªs socialista. As¨ª que ya que Chile quiere ser la Suiza de Am¨¦rica Latina, deber¨ªan pensar m¨¢s seriamente en el impuesto al patrimonio¡±).

Si todas estas enmiendas constitucionales se encuentran sobre la mesa, entonces no debe ser motivo de sorpresa que una de ellas constitucionalice t¨¢citamente el Estado subsidiario (precisamente esa doctrina que se encuentra presente en la Constituci¨®n de 1980 y de la que se quieren zafar las izquierdas), dejando en un plano secundario al Estado social y democr¨¢tico de derecho (el que hab¨ªa sido concordado con la derecha en octubre de 2022, en una redacci¨®n ecum¨¦nica: ¡°Chile es un Estado social y democr¨¢tico de derecho, cuya finalidad es promover el bien com¨²n¡±, un tipo de Estado que al mismo tiempo ¡°reconoce derechos y libertades fundamentales, y promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales, con sujeci¨®n al principio de responsabilidad fiscal y a trav¨¦s de instituciones estatales y privadas¡±.

Por consiguiente, tampoco puede sorprender que los consejeros constitucionales de izquierdas hayan concurrido a la Corte Suprema para reclamar por enmiendas que no estaban incorporadas en el anteproyecto de nueva Constituci¨®n del Comit¨¦ de Expertos (un reclamo que fue declarado como admisible por la Corte Suprema). Todo esto refleja una verdadera escalada ante la mirada hostil de los chilenos, quienes desde hace meses vienen mostrando un mayoritario descontento (seg¨²n todas las encuestas) por el curso del proceso de cambio constitucional) y una predisposici¨®n a rechazar en diciembre de 2023. De materializarse el rechazo, Chile ser¨¢ recordado como un caso ¨²nico y fallido: super¨¢ndose una vez m¨¢s a s¨ª mismo, podr¨ªamos estar en presencia de una gran y peligrosa anomal¨ªa, de un pueblo a trav¨¦s de sus representantes que fue incapaz de resolver su largo disenso constitucional.