Plebiscito constitucional 2023: al final todo sigui¨® igual

A mediados de diciembre de 2019, a dos meses de iniciado el estallido social y a un mes de la firma del acuerdo del 15 de noviembre, convers¨¢bamos con una colega sobre lo ocurrido en el pa¨ªs. En la conversaci¨®n compart¨ªamos nuestros respectivos puntos de vistas e intent¨¢bamos proyectar algunos escenarios de corto y mediano plazo. En medio de ese ejercicio, el colega me dijo, casi sentenciando: ¡°mi gran temor es que despu¨¦s de lo ocurrido no se logre nada y que todo siga igual¡±. En ese momento, lo que m¨¢s sent¨ªamos era el costo humano -en vidas, en personas con mutilaciones oculares y personas que hab¨ªan quedado sin sus fuentes laborales-, tanto por la represi¨®n desatada como por los hechos de violencia que acompa?aron el estallido. Cuatro a?os despu¨¦s de esa conversaci¨®n, y considerando lo ocurrido el 4 de septiembre de 2022 (plebiscito de salida), el 7 mayo de 2023 (elecci¨®n del Consejo Constitucional) y el 17 de diciembre de 2023 (segundo plebiscito de salida), las palabras del colega resuenan y hacen mucho sentido.

La opci¨®n en contra se impuso por un 55,76% frente al voto a favor del nuevo texto que obtuvo el 44,24%. La victoria del en contra fue contundente, replicando incluso el esquema del plebiscito de 1988, que puso final a la dictadura militar. El ¡°voto en contra¡± se impuso en todo el territorio, salvo en tres regiones: el Maule, ?uble y la Araucan¨ªa. Esta vez se impuso en las regiones del norte, que se hab¨ªan transformado en un basti¨®n del Partido de la Gente.

El comportamiento de los votantes, en este plebiscito, se explica en gran medida por el hast¨ªo con el tema constitucional. Hecho que qued¨® evidenciado durante la campa?a. El voto en contra pas¨® a ser, antes y durante el per¨ªodo de la campa?a, la expresi¨®n del voto de castigo hacia la clase pol¨ªtica, al gobierno y hacia un texto que al com¨²n de las personas resultaba dif¨ªcil de interpretar, o que se interpretaba solo por la cr¨ªtica. Por ende, se impone en regiones en las cuales se hab¨ªa arraigado un voto favorable al Partido Republicano, o bien al Partido de la Gente.

Que haya existido confusi¨®n entre los votantes no resulta casual si consideramos que, tras los resultados del plebiscito del 4 de septiembre de 2022, y en especial luego de la elecci¨®n del 7 de mayo del presente a?o, entre la izquierda (incluyendo a lo que va quedando de centro-izquierda) y la derecha se invirtieron los papeles. La derecha, que por a?os hab¨ªa defendido de manera intransigente la actual Constituci¨®n, se puso como desaf¨ªo el reemplazarla, mientras que la izquierda que se hab¨ªa empe?ado por a?os en su reemplazo, se dispuso a defenderla. A tal punto lleg¨® la izquierda que se olvid¨® del problema de la legitimidad de origen: ¡°Entre votar por una Constituci¨®n m¨¢s conservadora preferimos la actual¡±, repet¨ªan hasta al cansancio quienes durante los ¨²ltimos 4 a?os insistieron en cambiar ¡°la Constituci¨®n de los cuatro generales¡± --impuesta en dictadura-- a la que de a poco denominaron ¡°la Constituci¨®n de Ricardo Lagos¡±, dejando de lado con ello la consigna de ¡°los treinta a?os¡±.

La derrota de la opci¨®n a favor tiene varios art¨ªfices que no necesariamente se encuentran en el Gobierno. Hubo m¨¦ritos en el oficialismo de centro-izquierda, que puso cierta cuota de moderaci¨®n, que en la otra coalici¨®n en donde sus principales figuras optaron por sustraerse del proceso y evitar toda exposici¨®n medi¨¢tica. Tambi¨¦n hubo un sector de la derecha que se opuso desde el inicio a darle continuidad al proceso de cambio constitucional. Sin duda, la derrota --aunque moment¨¢nea-- la sufre la derecha representada por Renovaci¨®n Nacional (RN) y la Uni¨®n Dem¨®crata Independiente (UDI), que fueron los vagones de cola de las pretensiones de Jos¨¦ Antonio Kast y del Partido Republicano. Mal que mal, RN y la UDI firmaron el acuerdo del 15 de noviembre y no titubearon en darle continuidad a un nuevo proceso luego de su victoria del plebiscito de salida del 4 de septiembre de 2022. Pese a todo, la derecha conserva un importante capital pol¨ªtico. El 44% obtenido es m¨¦rito propio, sin tener que compartirlo esta vez con otros sectores de centro y centro-izquierda.

Si bien el resultado le da una suerte de respiro por ahora al Gobierno, era el oficialismo de izquierda y la centro izquierda que desde antes de noviembre de 2019 ven¨ªan apostando por encausar la crisis con un cambio de Constituci¨®n. A cuatro a?os del estallido social, la idea de cambio constitucional fracasa de manera rotunda. El hast¨ªo ciudadano hace inviable un nuevo proceso y, por ahora, tampoco ser¨¢ f¨¢cil insistir a trav¨¦s del Congreso. Al gobierno, que desde un comienzo decidi¨® supeditar su programa al cambio de la Constituci¨®n, lo deja sin escusas para encausar una agenda que, con mucha dificultad, podr¨ªa concretar en los pr¨®ximos dos a?os de mandato.

Para el resto del pa¨ªs, seguir¨¢ rigiendo aquella Constituci¨®n redactada por una comisi¨®n de juristas, a petici¨®n de la junta de los cuatro generales y que fue reformada, en varios de sus art¨ªculos, en 1989, en 2005 y en diciembre de 2019. En 1989, las reformas facilitaron el proceso de transici¨®n, al ser derogados un conjunto de art¨ªculos que proscrib¨ªan y exclu¨ªan a una parte de la oposici¨®n de ese entonces, junto con eliminar la facultad de poder exiliar y relegar que ten¨ªa el Jefe de Estado. En 2005, las reformas permitieron superar los enclaves autoritarios -como la presencia de senadores designados, las atribuciones del Consejo de Seguridad Nacional y el d¨¦bil control civil sobre el poder militar- que por 15 a?os tutelaron el funcionamiento del sistema democr¨¢tico, limitaron la gesti¨®n de los Gobiernos y parlamentarios electos, e impidieron que se viera reflejada la voluntad de la mayor¨ªa. Adem¨¢s, las reformas de 2005 limitaron las funciones del presidente de la Rep¨²blica al aumentar las atribuciones de fiscalizaci¨®n del Congreso Nacional. Con las de diciembre de 2019, se dio inicio al proceso constituyente que se ha extendido hasta la actualidad.

Todas estas reformas permitieron avanzar, a costa de un comp¨¢s de espera, y de postergaci¨®n de otros cambios, que de un tiempo a esta parte los chilenos ya no est¨¢n dispuestos a asumir. A su vez, han logrado mantener una serie de aspectos sustantivos a¨²n vigentes en la actual Constituci¨®n: la supremac¨ªa del derecho de propiedad por sobre los derechos fundamentales de las personas, el principio de subsidiaridad subyacente y la privatizaci¨®n de los recursos naturales, entre otros.

Permanece un sistema pol¨ªtico d¨¦bil, con una institucionalidad desacreditada y erosionada por hechos de corrupci¨®n. El sistema de partidos presenta un nivel de fragmentaci¨®n, que no tiene precedente en otras etapas de la historia. El nivel de fragmentaci¨®n impide acuerdos y afecta la gobernabilidad. A todo ello se agrega un presidencialismo que se ha transformado en un factor que acent¨²a y profundiza la crisis del sistema pol¨ªtico. Los problemas de liderazgo presidencial se arrastran en este pa¨ªs desde los inicios de 2006. Desde esa ¨¦poca, hasta la actualidad, ninguno de los presidentes/as, ha mostrado un liderazgo acorde con el dise?o institucional y pol¨ªtico del pa¨ªs. En no pocas ocasiones, se ha confundido liderazgo con popularidad; por ende, el apoyo hacia los primeros mandatarios se pierde pocos meses de iniciado el gobierno y en especial cuando surgen coyunturas cr¨ªticas.

La crisis que desencaden¨® el estallido social no ha sido resuelta. Tampoco las expectativas y las demandas formuladas a partir de octubre de 2019. El camino constitucional ya no es la v¨ªa para revertir la crisis y responder a las demandas. En los dos intentos fracasados qued¨® demostrado que ni el procedimiento ni el contenido importaban. Lo que realmente importaba era quien conduc¨ªa el cambio de la Constituci¨®n. Pero tampoco resulta viable seguir apostando por la espera de mejores condiciones, ni mucho menos decisiones err¨®neas que son consecuencia de negligencias, o mero desconocimiento de la realidad, por parte de quienes tienen responsabilidades en el Gobierno.