Luis Cordero: ¡°El ¡®caso Hermosilla¡¯ es un desaf¨ªo para que el Poder Judicial retome su agenda de transparencia¡±

Dentro de las ¨¢reas de estudio de Luis Cordero como profesor de derecho administrativo de la Universidad de Chile est¨¢ el Poder Judicial, pero en especial la Corte Suprema, a la que ha hecho seguimiento por m¨¢s de dos d¨¦cadas. A un a?o y dos meses de asumir como ministro de Justicia del Gobierno del presidente Gabriel Boric, analiza las aristas que abri¨® el caso del penalista Luis Hermosilla, cuyo tel¨¦fono es pesquisado por la Fiscal¨ªa. Lo hace a una semana desde que el medio de comunicaci¨®n Ciper Chile revelara que el penalista pudo haber intercedido, en 2021 y mientras era asesor del Ministerio del Interior del expresidente Sebasti¨¢n Pi?era (2010-2014; 2018-2022), en los nombramientos de dos jueces.

El actual ministro de la Corte Suprema, Jean Pierre Matus, ha reconocido que en 2021 llam¨® a Hermosilla, antes de que Pi?era escogiera su nombre de una quina de concursantes y lo enviara al Senado para su ratificaci¨®n, para ponerlo al tanto de una serie de ¡°cr¨ªticas infundadas¡± contra su postulaci¨®n. Matus ha dicho que lo hizo dada su cercan¨ªa con Pi?era, y por si se ped¨ªan referencias suyas como acad¨¦mico y experto en derecho penal, pero que no le pidi¨® gestiones a su favor y que desconoc¨ªa que las hubiese hecho. Un segundo juez, Antonio Ulloa, admiti¨® directamente haber pedido ayuda al abogado para ser nombrado ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago. Y agreg¨® que, tal como est¨¢ dise?ado el sistema de nombramientos, ¡°siempre va a haber ayuda externa¡±, raz¨®n por la que, dijo, la Asociaci¨®n de Magistrados ¡°ha luchado¡± para cambiar la f¨®rmula.

Las revelaciones del ¡®caso Hermosilla¡¯, que adem¨¢s derivaron en la renuncia y la prisi¨®n del exdirector de la Polic¨ªa de Investigaciones Sergio Mu?oz por filtrar informaci¨®n reservada, han reactivado en Chile las cr¨ªticas a la forma en c¨®mo se nombran los altos cargos en el Poder Judicial. Y la Corte Suprema, en una declaraci¨®n del martes 26, ha reconocido que el sistema, que rige desde 1997, ¡°podr¨ªa permitir algunos espacios de opacidad¡±.

Cordero recibe a EL PA?S en su oficina del ministerio de Justicia, ubicada a pocos metros del Palacio de La Moneda. Lo hace a pocos d¨ªas de que anunciara que, en medio de la crisis de seguridad que vive Chile, la implementaci¨®n una tecnolog¨ªa in¨¦dita en Am¨¦rica Latina de inhibidores de n¨²meros de tel¨¦fonos m¨®viles en el per¨ªmetro donde hay tres c¨¢rceles en Santiago, entre ellas en el Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (REPAS), donde se encuentran en prisi¨®n los principales l¨ªderes e integrantes de bandas transnacionales de crimen organizado.

Pregunta. ?Le pareci¨® una novedad que hubiese conversaciones de un abogado en medio de nombramientos judiciales?

Respuesta. La idea de que abogados que ejercen activamente la profesi¨®n puedan tratar de opinar o influir respecto de nombramientos, no es un asunto nuevo. Por lo mismo, desde que se reform¨® la Corte Suprema a finales de los a?os 90, el propio tribunal ha ido implementando distintos tipos de medidas con ese fin. Porque no solo tiene que ver con en ese tipo de comunicaciones, sino tambi¨¦n con las que pudiera tener la pol¨ªtica o, eventualmente, otros magistrados para preferir determinadas carreras por sobre otras.

P. Entonces ?qu¨¦ revela el caso de Hermosilla?

R. El caso Hermosilla lo que revela es la posici¨®n en la que puede estar un abogado que, adem¨¢s, es litigante activo. Pero que tambi¨¦n asesoraba al Gobierno [de Pi?era]. Hasta ahora no sabemos cu¨¢ntas son las conversaciones, su dimensi¨®n y cu¨¢les de ellas podr¨ªan ser delitos o no. En esto hay que distinguir aquellas que puedan ser comunicaciones impropias de aquellas que puedan ser delitos, es decir, donde se pueda entregar una informaci¨®n que est¨¢ sujeta a secreto, haber obtenido una decisi¨®n a cambio de algo o que se hubiera condicionado un nombramiento. Los antecedentes que hay hasta ahora no permiten llegar a esa conclusi¨®n, pero es una investigaci¨®n que est¨¢ en curso y que lleva a cabo el Ministerio P¨²blico. Sin embargo, bastan las conversaciones impropias para revelar que hay un problema. Por eso es tan importante la declaraci¨®n que hizo la Corte Suprema.

P. La Corte admiti¨® que hay espacios de opacidad en el sistema.

R. Reconoci¨® que hay un problema y que es necesaria una reforma. Pero, sobre todo, dijo que hay espacios de opacidad. S¨¦ que estamos en un momento de esc¨¢ndalo, pero uno no puede negar que la Corte Suprema ha avanzado en medidas de transparencia en los procedimientos de concursos de jueces que, hasta hace unos a?os, no ten¨ªa. Por ejemplo, tiene reguladas las audiencias que recibe un juez. Y hoy, cuando se vota una terna, usted puede saber qu¨¦ juez vot¨® por qui¨¦n. Tambi¨¦n realiza audiencias p¨²blicas [en las postulaciones] que son transmitidas por el canal del Poder Judicial. Lo ha hecho sin necesidad de reformas legales para mejorar los procesos de transparencia. Pero hay que eliminar y reducir los espacios de opacidad.

P. ?Cu¨¢les son esos espacios de opacidad?

R. Hay tres. El primero se produce en los intercambios de informaci¨®n en las promociones de una persona sobre otra en la conformaci¨®n de las ternas [para ministros de cortes de Apelaciones] o las quinas [Corte Suprema]. El segundo tiene que ver con el Ejecutivo [que elige un nombre de una terna o una quina] y, el tercero, es cuando los senadores votan la propuesta del Ejecutivo. En todos ellos lo relevante es poder registrar p¨²blicamente qui¨¦nes puedan recomendar o no a un candidato. Y eso no es porque la recomendaci¨®n per se sea mala, sino porque es conveniente transparentarla.

P. ?De qu¨¦ manera se puede transparentar?

R. Con la obligaci¨®n de registrar cualquier comunicaci¨®n y recomendaci¨®n que se hubiese formulado en una reuni¨®n formal o en un contacto telem¨¢tico o telef¨®nico con alguna de las autoridades que participan del proceso de nombramiento. Es una forma de saber qui¨¦n pudo haber manifestado preferencia por alguien y tambi¨¦n de disuadir esas comunicaciones.

P. El exministro de la Suprema Pedro Pierry (2006 y 2016) dijo a El Mostrador que nadie en la Corte es nombrado ¡°sin que se muevan todo tipo de influencias¡± ?eso no supone que todos los jueces podr¨ªan haber tenido comunicaciones previas? ?ser¨ªa grave?

R. Las acciones que ha ejecutado la Corte en materia de transparencia apuntan a ir mejorando esto. Por eso, que la propia Corte Suprema reconociera espacios de opacidad es relevante, pues la ¨²nica manera de avanzar es admitir que uno tiene el problema. Por eso es importante distinguir ese aspecto de lo que podr¨ªa ser constitutivo de delito, que es lo que est¨¢ en investigaci¨®n del Ministerio P¨²blico. Pero lo que no podemos hacer, en beneficio de avanzar, es normalizar las pr¨¢cticas del pasado donde se pudiesen haber producido comunicaciones impropias entre candidatos y, sobre todo, entre abogados que ejercen activamente la profesi¨®n. No porque se hubiese hecho siempre,+ es correcto para hoy y el futuro.

P. ?Y qu¨¦ pasa desde el punto de vista de los abogados?

R. Una de las obligaciones de los abogados y abogadas, que est¨¢ en el C¨®digo de ¨¦tica profesional, es permitir el ejercicio adecuado de la independencia judicial. Esto es muy relevante en especial para quienes son litigantes, pues no pueden buscar tener incidencia en los mecanismos de nombramientos, pues es evidente que eso puede comprometer la parcialidad del sistema. Y por eso tambi¨¦n el Colegio de Abogados ha sido muy claro, a prop¨®sito de la situaci¨®n de Hermosilla, de que el secreto profesional tiene un l¨ªmite y no puede cubrir la comisi¨®n de delitos. El caso Hermosilla es un desaf¨ªo para el Poder Judicial para retomar su agenda de transparencia, probidad y de confianza hacia la ciudadan¨ªa, sobre todo porque es clave en la robustez de la independencia judicial.

P. ?Es un desaf¨ªo en qu¨¦ sentido, si el Poder Judicial ha sido golpeado con el caso?

R. Es un desaf¨ªo porque cuando la Corte declara que hay espacios de opacidad, reconoce que en esto hay que avanzar aunque no existan delitos. En el fondo [ha dicho el tribunal] que ¡®no podemos normalizar esas pr¨¢cticas del pasado como leg¨ªtimas hacia el futuro¡¯. Es decir, que se hubiesen hecho antes, no significa que ¡®nosotros debemos sostenerlas en el futuro¡¯.

P. ?Cree que se debe modificar el sistema de nombramientos de la Corte Suprema? ?hay apuro?

R. Lo urgente es abordar los espacios de opacidad para los llamados, contactos o recomendaciones, porque eso permite dar sanidad al sistema. Yo creo que hay buenas pr¨¢cticas que el Poder Judicial podr¨ªa llevar a cabo, sobre todo en un contexto de una agenda de integridad p¨²blica.

Una c¨¢rcel para el crimen organizado

P. ?Qu¨¦ expectativas tiene de la implementaci¨®n de los inhibidores de tel¨¦fonos m¨®viles en las c¨¢rceles?

R. Uno de los grandes temas del sistema penitenciario en Chile, y en distintas partes del mundo, son las acciones delictivas que no solo ocurren dentro de las c¨¢rceles, sino las que pueden ocurrir fuera a partir de comunicaciones desde el interior. Por eso es que en Chile en el ¨²ltimo tiempo las c¨¢rceles son relevantes en la agenda de seguridad. Hoy dentro de ellas se realiza investigaci¨®n e inteligencia criminal. Adem¨¢s, hay una fuerte colaboraci¨®n entre el Ministerio P¨²blico y Gendarmer¨ªa.

P. ?Qu¨¦ diferencia tiene este sistema con los anteriores intentos?

R. Hace m¨¢s de una d¨¦cada que Chile ha tratado de implementar inhibiciones de celular, pero con tecnolog¨ªa que afectaba la frecuecia en torno a la c¨¢rcel. Esta vez hicimos una licitaci¨®n en la que recibimos ofertas internacionales. Estamos en etapa de implementaci¨®n en el barrio donde hay tres c¨¢rceles en Santiago. En volumen son aproximadamente 10 mil internos, que es el 20% de la poblaci¨®n penal en Chile, pues Santiago tiene la mayor concentraci¨®n penal del pa¨ªs. Es una tecnolog¨ªa muy precisa que en el resto de Am¨¦rica Latina no existe. Inhibir celulares no es solo un beneficio para la seguridad, sino que implica cambiar patrones de conducta al interior de las c¨¢rceles.

P. ?Puede implicar la disminuci¨®n de delitos?

R. Es su objetivo, evitando la comunicaci¨®n il¨ªcita hacia el exterior para la comisi¨®n o la instrucci¨®n de delitos, desde estafas a sicariato, que es un delito que pr¨¢cticamente Chile antes no ten¨ªa.

P. Chile tiene solo un penal de m¨¢xima seguridad en Santiago, remodelado en 2023 ?Es la ¨²nica c¨¢rcel en Chile que tiene visitas por locutorios?

R. Actualmente, s¨ª. Hay otras c¨¢rceles en que hay m¨®dulos de m¨¢xima seguridad, pero esta es la ¨²nica dedicada exclusivamente a alta seguridad, pues tiene tecnolog¨ªa y distintos tipos de c¨¢maras. Cuando cerramos esa c¨¢rcel para su remodelaci¨®n hab¨ªa un tipo de delitos, pero cuando la reabrimos el a?o pasado, hab¨ªa otros. Por eso hoy su foco es crimen es crimen organizado. Hoy la mayor concentraci¨®n de personas que hay all¨ª son l¨ªderes de bandas, y el 60% son extranjeros.

P. El fiscal nacional, ?ngel Valencia, varias veces ha planteado la necesidad de construir una c¨¢rcel especial para el crimen organizado como las que hay en Italia para la mafia ?qu¨¦ le parece esa idea?

R. El modelo italiano no es simplemente de c¨¢rcel, sino de r¨¦gimen penitenciario muy estricto, regulado por una ley. Entre otras cosas, all¨¢ no solo tienen comunicaci¨®n solo por locutorios, sino grabaciones de im¨¢genes y conversaciones. El Gobierno es partidiario de avanzar en este tipos de c¨¢rceles de m¨¢xima seguridad y r¨¦gimen penitenciario para crimen organizado, y la evidencia hoy lo justifica. Pero requiere no solo infraestructura, sino tambi¨¦n de una regulaci¨®n precisa.

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